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Reflexiones : Los Accionistas del Canal de Panamá

Ayer escuchaba a una periodista panameña decir que “todos los panameños somos accionistas del Canal”. Si pudiera, le haría tres preguntas a la distinguida periodista :

1. Tiene usted un certificado de acciones?
2. Ha sido citada alguna vez a una asamblea de accionistas?
3. Ha recibido algún dividendo por sus acciones?

Como sé que la respuesta a las tres preguntas es negativa, tengo que decirle que ni ella ni ningún otro panameño es accionista real del Canal. Ella me podrá decir que hablaba en lenguaje figurado. Perfecto, pero el lenguaje no cambia la realidad.

Traigo al tapete este tema porque sería bastante sencillo convertir a todos los panameños en accionistas del Canal. Todo lo que habría que hacer es emitir a cada uno un certificado de una acción sin valor nominal. Esta acción daría derecho a recibir dividendos anuales por las ganancias generadas por el Canal.

Respecto a la política de dividendos, se me ocurren dos alternativas. En la primera, todo el mundo recibiría la misma cantidad. Dado que el Canal gana entre $450 y $500 millones anuales, y la población panameña es algo más de tres millones, el dividendo por cabeza sería de unos $150. Para las familias de clase media y alta, las cantidades no serían importantes. Pero para las familias campesinas e indígenas, sería una cifra más que interesante. Por ejemplo, para una familia de seis miembros, el dividendo llegaría a $900. Con esa suma, podría tener una casa digna en unos años o atender cualquier otra necesidad importante.

En la segunda alternativa, los dividendos no se repartirían por igual, sino que serían mayores para las familias que viven en estado de pobreza. Por ejemplo, en vez de $150 por cabeza, podría ser $200. Así, la familia de la que hablé tendría $1,200 en vez de $900.

Ya estoy escuchando una objeción. Si las ganancias del Canal se reparten entre los panameños, el gobierno no dispondría de esos fondos para obras de inversión. Yo estoy seguro que la gente sabe disponer del dinero mejor que el gobierno. Pero no niego que la objeción tiene cierto peso. Pero el asunto tiene solución.

Todo lo que tiene que hacer el gobierno es reducir sus gastos de funcionamiento en $500 millones, y dedicarlos a inversión. Esto se puede hacer, como demostré hace meses en un artículo en el diario La Prensa, en un período de entre cinco y diez años. Así que mi plan de acciones podría ejecutarse a medida que el gobierno fuese reduciendo sus gastos de operación.

Por supuesto que habría que definir muchos más detalles. Pero lo que me interesa es lanzar la idea en términos generales.