June 02, 2006
La Constitución de los Clientelismos
Por Carlos Ernesto González Ramírez, de la Fundación Libertad de Panamá
La Constitución panameña, en vez de limitar el poder del Estado, lo expande de forma ilimitada. Esta realidad fomenta el clientelismo político, al permitir que los malos políticos utilicen el poder del pueblo en beneficio de grupos de interés, los cuales ellos perciben como importantes para su reelección o base política. Por esta razón, se promueven leyes de beneficio específico para productores de algún bien específico, para la cooperativa tal o cual, e incluso se aprueban impuestos privados, como lo es una famosa cuota ganadera que deben pagar todos los que sacrifican ganado bovino, para beneficio de un gremio privado.
La aprobación de leyes, decretos y acciones gubernamentales en beneficio de grupos específicos genera desigualdades y fueros. Estas leyes son la razón principal de la desigualdad económica de Panamá. Cada vez que un grupo sale en defensa de una conquista, hay un conquistado, el cual, la mayoría de las veces, es un interés difuso: los consumidores, los contribuyentes, los ciudadanos en general.
Los panameños debemos comprender que las leyes, para que sean justas, deben ser de aplicación general, sin consideraciones a actividades o a características de los distintos ciudadanos. Cada vez que defendemos un privilegio para nosotros, abrimos la puerta para que se aprueben privilegios en nuestra contra. Si lográramos eliminar de la legislación nacional todas las leyes que generan privilegios, el país sería un país más justo y con menos desigualdades económicas.
Ahora bien, no debemos quejarnos de nuestros políticos. Estos actúan dentro de un sistema que incentiva estas actuaciones. El que da más recursos que no son suyos, es el más popular. Como no hay límite a estas dádivas, entonces la demagogia campea. Debemos limitar el poder de los políticos para disponer de los bienes ajenos. Debemos liberar al país del secuestro de los grupos de interés.
Para lograr esto es necesario reformar la Constitución de forma tal que le ponga límites al poder público. En Panamá, por distintas razones de índole cultural, política e incluso ideológica, los ciudadanos tendemos a pensar que el Estado debe resolver muchos problemas. Por ende, en la Constitución se refleja esto. Hay muchas disposiciones que comienzan "El Estado podrá…". Hacemos esto pensando que "con esto logramos darle un poder especial al Estado, del cual nos beneficiaremos todos, porque, naturalmente, el Estado somos todos y busca el bien común".
Pero resulta que, en realidad de verdad, quienes ejercen el poder público son los políticos. Es decir, cada vez que decimos "el Estado podrá...", estamos diciendo "los políticos podrán…". Aunque no todos los políticos son malos, los ciudadanos debemos pensar que cuando damos un poder al Estado, muy probablemente se lo estaremos dando a un político malo. Un político al que no le va a interesar el bien común, sino el bien personal y el sus "clientes". Lamentablemente, este es un caso que se compadece muchas veces con la realidad, por lo que, con mayor razón debemos pensar así.
No obstante lo anterior, en el debate por reformar la Constitución este tema ni se toca. Perdemos el tiempo en temas que son más de forma que de fondo (¿cuántos legisladores serán?, por ejemplo, en vez de decir, ¿cómo le limito el poder a estos señores?). Incluso, en una de las propuestas que circulan por allí, lo que se propone es lo contrario, que el Estado limite lo que los ciudadanos pueden hacer. Es decir, ¡que los políticos limiten nuestras libertades!.
Por estas razones pienso que sí es necesario cambiar nuestra Constitución, pero para que no exista ningún poder otorgado al Estado que no se dé con limitación clara y precisa. También, para que nuestra Constitución refleje principios y no más mecanismos para permitir el clientelismo, el "free ride", el abuso y la desigualdad. Para que los panameños dejemos de ser pobres por ley.
Por Carlos Ernesto González Ramírez, de la Fundación Libertad de Panamá
La Constitución panameña, en vez de limitar el poder del Estado, lo expande de forma ilimitada. Esta realidad fomenta el clientelismo político, al permitir que los malos políticos utilicen el poder del pueblo en beneficio de grupos de interés, los cuales ellos perciben como importantes para su reelección o base política. Por esta razón, se promueven leyes de beneficio específico para productores de algún bien específico, para la cooperativa tal o cual, e incluso se aprueban impuestos privados, como lo es una famosa cuota ganadera que deben pagar todos los que sacrifican ganado bovino, para beneficio de un gremio privado.
La aprobación de leyes, decretos y acciones gubernamentales en beneficio de grupos específicos genera desigualdades y fueros. Estas leyes son la razón principal de la desigualdad económica de Panamá. Cada vez que un grupo sale en defensa de una conquista, hay un conquistado, el cual, la mayoría de las veces, es un interés difuso: los consumidores, los contribuyentes, los ciudadanos en general.
Los panameños debemos comprender que las leyes, para que sean justas, deben ser de aplicación general, sin consideraciones a actividades o a características de los distintos ciudadanos. Cada vez que defendemos un privilegio para nosotros, abrimos la puerta para que se aprueben privilegios en nuestra contra. Si lográramos eliminar de la legislación nacional todas las leyes que generan privilegios, el país sería un país más justo y con menos desigualdades económicas.
Ahora bien, no debemos quejarnos de nuestros políticos. Estos actúan dentro de un sistema que incentiva estas actuaciones. El que da más recursos que no son suyos, es el más popular. Como no hay límite a estas dádivas, entonces la demagogia campea. Debemos limitar el poder de los políticos para disponer de los bienes ajenos. Debemos liberar al país del secuestro de los grupos de interés.
Para lograr esto es necesario reformar la Constitución de forma tal que le ponga límites al poder público. En Panamá, por distintas razones de índole cultural, política e incluso ideológica, los ciudadanos tendemos a pensar que el Estado debe resolver muchos problemas. Por ende, en la Constitución se refleja esto. Hay muchas disposiciones que comienzan "El Estado podrá…". Hacemos esto pensando que "con esto logramos darle un poder especial al Estado, del cual nos beneficiaremos todos, porque, naturalmente, el Estado somos todos y busca el bien común".
Pero resulta que, en realidad de verdad, quienes ejercen el poder público son los políticos. Es decir, cada vez que decimos "el Estado podrá...", estamos diciendo "los políticos podrán…". Aunque no todos los políticos son malos, los ciudadanos debemos pensar que cuando damos un poder al Estado, muy probablemente se lo estaremos dando a un político malo. Un político al que no le va a interesar el bien común, sino el bien personal y el sus "clientes". Lamentablemente, este es un caso que se compadece muchas veces con la realidad, por lo que, con mayor razón debemos pensar así.
No obstante lo anterior, en el debate por reformar la Constitución este tema ni se toca. Perdemos el tiempo en temas que son más de forma que de fondo (¿cuántos legisladores serán?, por ejemplo, en vez de decir, ¿cómo le limito el poder a estos señores?). Incluso, en una de las propuestas que circulan por allí, lo que se propone es lo contrario, que el Estado limite lo que los ciudadanos pueden hacer. Es decir, ¡que los políticos limiten nuestras libertades!.
Por estas razones pienso que sí es necesario cambiar nuestra Constitución, pero para que no exista ningún poder otorgado al Estado que no se dé con limitación clara y precisa. También, para que nuestra Constitución refleje principios y no más mecanismos para permitir el clientelismo, el "free ride", el abuso y la desigualdad. Para que los panameños dejemos de ser pobres por ley.
