November 03, 2006

 
Sobre Azúcar, Camarones, Petróleo y Arepas

Por: Roberto Brenes P. , Presidente de la Fundación Libertad de Panamá

El gobierno trata de ejecutar una política de hidrocarburos que mitigue los aumentos de precio de los derivados y que a la vez potencie a Panamá como centro de refinación. Esto, entre otras cosas, incluye un proyecto estatal con Venezuela. Antes de acabar metidos en refinerías de once varas, deberíamos recordar viejas experiencias de empresas estatales y de las aún más viejas reglas del mercado.

En el año 71, en el apogeo del populismo revolucionario, Torrijos padre promueve la creación de empresas estatales de cemento y azúcar. La lógica revolucionaria de la estatización era crearle competencia a los negocios monopólicos tradicionales de la oligarquía panameña, quienes, según el dogma, explotaban al pueblo con altos precios generando escandalosas ganancias financieras. Estas ganancias a su vez sostenían el poder político de los partidos oligarcas; rabiblancos y antirrevolucionarios.

Así, el nuevo modelo revolucionario de producción iba a partirle la columna vertebral a la "oligarquía" criolla, a la vez que creaba riqueza y eficiencia para los panameños.

En el sector azucarero, se construyeron tres ingenios. No se escatimó plata para comprar lo mejor y la operación del negocio cotidiano se confió a experimentados tecnócratas. A pesar de ello, los resultados de esa gran aventura, que costó millones al país, fueron exactamente los opuestos. No solo los ingenios estatales jamás produjeron precios beneficiosos a la población sino que hubo que protegerlos subiendo los precios del mercado interno para que pudieran sufragar sus elevados costos. Irónicamente, los ingenios del Estado nunca fueron una amenaza para los azucareros, sino más bien una bendición de precios elevados, que incluso prevalecen hoy.

El objetivo populista acabó al revés; un maridaje de intereses económicos que incluso se tradujeron en políticos. En las elecciones de 1984, el candidato a vicepresidente de la nómina oficial que incluso llegó a la Presidencia, no fue otro que el delfín de una prominente familia azucarera.

Esta larga historia es necesaria porque ahora, en tiempos de Torrijos, el hijo, prevalece la misma lógica al pretender el gobierno entrar directamente en el negocio de refinación y distribución de hidrocarburos para dizque redimir a la población de los altos costos del combustible. El gobierno ha dado pasos firmes en esa dirección introduciendo un "camarón" legislativo con el artículo 6A de la ley 8 del 16 de junio de este año que faculta al Estado a producir, refinar, transportar, mercadear, importar, exportar hidrocarburos en el país.

Como nos enseña el pasado azucarero, la participación directa estatal complicó el entorno económico del sector, encareció los productos, promovió la colusión impidiendo competencia que hubiesen podido estimular la oferta y con ello menores precios. No hay evidencia de que el Estado ahora pueda hacerlo diferente y menos en las condiciones coyunturales del sector energía. Por otra parte, en la lógica del estatismo petrolero persiste la errada noción de que si refinamos acá podríamos reducir los precios. No son los costos de refinación lo que determinan los precios del producto final. Para agravar más las cosas, la refinería que pretendemos construir, de acuerdo a prominentes miembros del gobierno, no tiene la escala necesaria para ser eficiente. Menos cuando se trata de refinar crudos venezolanos notables por pesados y con altos niveles de azufre. Estos factores hacen la refinación aún más costosa.

El otro pedazo inquietante es que el negocio lo haremos con Venezuela. Una refinería con otro gobierno limita los grados de libertad de Panamá de modificar o cerrar el negocio si no le conviene; las consideraciones políticas difícilmente benefician a los consumidores. Esta circunstancia es particularmente sensitiva con Venezuela que no necesariamente busca en la relación solo un negocio petrolero exitoso.

Panamá es una minúscula partícula de consumo en el mundo y poco podemos hacer nosotros para impedir los vaivenes del mercado, excepto promover mas oferta por la vía de la competencia. El norte de una política de energía sería promover una apertura de los mercados sin coerción ni subsidios. El mercado actual es perfectible, hay varios competidores y mal que bien tenemos precios mejores que en la región. Pero hay bastante espacio para mejorarlo y no por la vía de insertar al Estado en el negocio y menos con políticas y controles rígidos. La vía son las viejas leyes del mercado y la competencia.

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