August 01, 2007
Murray Rothbard : Tipos de concesiones monopólicas (1)
1. Carteles obligatorios
Consiste en forzar a todos los productores de una industria a formar una organización. Las firmas tienen que sujetarse a cuotas de producción máxima impuestas por el gobierno. Estos carteles van de la mano con la imposición de controles de precio mínimos.
Los carteles perjudican a los consumidores al restringir la producción. Independientemente de cómo se fijen las cuotas, las mismas son arbitrarias, y a medida que pasa el tiempo, se distorsiona más y más la estructura productiva. Las compañías nuevas eficientes no pueden servir a los consumidores, y las antiguas no tienen que esforzarse porque tienen sus cuotas aseguradas.
En los carteles obligatorios, las firmas ineficientes prosperan a costa de las eficientes y los consumidores.
2. Licencias
Constituyen una de las principales imposiciones monopolísticas en la economía norteamericana. Las licencias restringen deliberadamente la oferta de trabajo en las ocupaciones afectadas. Se establecen requisitos para trabajar en ciertas ocupaciones o entrar en ciertos negocios. Los que no llenan los requisitos o no pueden pagar el precio no pueden entrar. Los precios elevados suponen un gran obstáculo para los competidores que tienen poco capital inicial.
Algunas licencias, como las del licor y los taxis en ciertos estados, imponen un límite al número de compañías en el negocio. La rigidez, ineficiencia, y falta de adaptabilidad a las necesidades de los consumidores son evidentes en este arreglo. El profesor Machlup compara estos arreglos con los gremios “autogobernados” de la Edad Media.
3. Estándares de calidad y seguridad
Suelen justificarse en la obligación del gobierno de “proteger” a los consumidores. Pero la calidad es un concepto subjetivo y cada consumidor puede preferir una combinación especial de calidad y precio. En muchos casos, parece evidente que lo importante no es tanto la protección como la restricción de la competencia, como en el caso de los médicos.
En otros casos, el gobierno define las especificaciones de los productos, lo que muchas veces impide la mejora de los mismos. En cualquier caso, los estándares de calidad quitan la decisión a los consumidores y la entregan a los comités de burócratas gubernamentales.
En una economía libre, el consumidor podría acudir a los tribunales en caso de falsificaciones, adulteraciones y fraudes, y no sería necesario el ejército de inspectores gubernamentales.
El libre mercado no tendría códigos de seguridad establecidos por anticipado. Las faltas de seguridad se reclamarían en los tribunales. Se pudiera objetar que los tribunales sólo pueden actuar después de los hechos, y que es preferible prevenir. El problema es que, en nombre de la prevención, se puede justificar cualquier invasión y reducción de la libertad personal. No parece razonable una invasión general para prevenir algún posible abuso futuro.
En los contratos de trabajo se imponen también regulaciones de seguridad. El resultado es que se niega a empleadores y trabajadores su derecho a contratar y a establecer los acuerdos de seguridad que crean más convenientes.
( Power & Market, Sheed Andrews and McMeel, 1977, Pag. 41-47 )
1. Carteles obligatorios
Consiste en forzar a todos los productores de una industria a formar una organización. Las firmas tienen que sujetarse a cuotas de producción máxima impuestas por el gobierno. Estos carteles van de la mano con la imposición de controles de precio mínimos.
Los carteles perjudican a los consumidores al restringir la producción. Independientemente de cómo se fijen las cuotas, las mismas son arbitrarias, y a medida que pasa el tiempo, se distorsiona más y más la estructura productiva. Las compañías nuevas eficientes no pueden servir a los consumidores, y las antiguas no tienen que esforzarse porque tienen sus cuotas aseguradas.
En los carteles obligatorios, las firmas ineficientes prosperan a costa de las eficientes y los consumidores.
2. Licencias
Constituyen una de las principales imposiciones monopolísticas en la economía norteamericana. Las licencias restringen deliberadamente la oferta de trabajo en las ocupaciones afectadas. Se establecen requisitos para trabajar en ciertas ocupaciones o entrar en ciertos negocios. Los que no llenan los requisitos o no pueden pagar el precio no pueden entrar. Los precios elevados suponen un gran obstáculo para los competidores que tienen poco capital inicial.
Algunas licencias, como las del licor y los taxis en ciertos estados, imponen un límite al número de compañías en el negocio. La rigidez, ineficiencia, y falta de adaptabilidad a las necesidades de los consumidores son evidentes en este arreglo. El profesor Machlup compara estos arreglos con los gremios “autogobernados” de la Edad Media.
3. Estándares de calidad y seguridad
Suelen justificarse en la obligación del gobierno de “proteger” a los consumidores. Pero la calidad es un concepto subjetivo y cada consumidor puede preferir una combinación especial de calidad y precio. En muchos casos, parece evidente que lo importante no es tanto la protección como la restricción de la competencia, como en el caso de los médicos.
En otros casos, el gobierno define las especificaciones de los productos, lo que muchas veces impide la mejora de los mismos. En cualquier caso, los estándares de calidad quitan la decisión a los consumidores y la entregan a los comités de burócratas gubernamentales.
En una economía libre, el consumidor podría acudir a los tribunales en caso de falsificaciones, adulteraciones y fraudes, y no sería necesario el ejército de inspectores gubernamentales.
El libre mercado no tendría códigos de seguridad establecidos por anticipado. Las faltas de seguridad se reclamarían en los tribunales. Se pudiera objetar que los tribunales sólo pueden actuar después de los hechos, y que es preferible prevenir. El problema es que, en nombre de la prevención, se puede justificar cualquier invasión y reducción de la libertad personal. No parece razonable una invasión general para prevenir algún posible abuso futuro.
En los contratos de trabajo se imponen también regulaciones de seguridad. El resultado es que se niega a empleadores y trabajadores su derecho a contratar y a establecer los acuerdos de seguridad que crean más convenientes.
( Power & Market, Sheed Andrews and McMeel, 1977, Pag. 41-47 )
