June 26, 2005
Demasiados funcionarios
Creo que puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que en la sociedad panameña existe el consenso de que el Estado tiene un exceso de funcionarios.
Claro que, para determinar la cantidad exacta, habría que realizar un “estudio de capacidad” en cada una de las dependencias públicas. Sin embargo, podemos hacer un estimado global aproximado. Según mi experiencia, en empresas privadas grandes, con buen nivel de ganancias, es bastante normal encontrar excesos del 10% del personal. En el Estado podemos estimar, sin mucho riesgo de error, que el exceso puede estar alrededor del 25%, lo que nos llevaría a unos 40,000 funcionarios aproximadamente.
Los problemas del exceso de funcionarios son tres:
a. El costo directo en término de salarios, otras remuneraciones personales, y gastos de oficina conexos. Este costo puede ser de unos 250-300 millones anuales, más o menos lo que aumenta la deuda pública cada año.
b. El costo directo para todos los ciudadanos que acuden a las oficinas públicas. Dado el exceso de funcionarios, para que todos tengan algo que hacer, se elaboran unos procedimientos complicados que hacen perder tiempo y dinero a todos los clientes. Esto no se corregirá hasta que no se elimine el exceso de funcionarios. Es posible que este costo sea igual o superior al del punto anterior.
c. Los programas que no se pueden efectuar porque los fondos están inmovilizados en funcionarios innecesarios.
La reducción del número de funcionarios es la gran asignatura pendiente del Estado panameño. Pero apenas se saca el tema hay alguien que dice: “si se reducen los empleados públicos, aumentará el desempleo”. Yo discrepo respetuosamente. Aumentará el “desplanillamiento”, pero no el desempleo, ya que los funcionarios en exceso no están realmente empleados. Están “emplanillados”, que no es lo mismo.
Para mí, un funcionario público está empleado cuando tiene un trabajo útil para los ciudadanos durante un mínimo de seis horas diarias. Así que un funcionario que acude todos los días a la oficina puede estar realmente desempleado por dos razones:
a. Porque no tiene trabajo que hacer durante un mínimo de seis horas
b. Porque, aunque tenga trabajo todo el día, no es útil para los ciudadanos, sino perjudicial. Por ejemplo, poner sellos innecesarios, solicitar documentos redundantes, y así sucesivamente.
El Estado debe reducir los funcionarios innecesarios. Esta reducción debe responder a dos criterios importantes:
a. Ser un proceso ordenado, gradual y no traumático.
b. Debe llevarse en el siguiente orden: asesores, funcionarios de mando intermedio, y finalmente funcionarios de menor jerarquía.
Hay al menos dos alternativas que cumplen estos criterios, y que pueden utilizarse, bien por separado, bien conjuntamente:
a. La primera cosiste en no reemplazar las vacantes que se produzcan por jubilación, renuncia o muerte. Es una alternativa bastante sencilla. Cuando se produce la vacante, se analiza si el puesto es o no es indispensable. Si no lo es, se elimina el puesto. Si es indispensable, se llena con un funcionario que ya esté dentro del sector público en alguna posición no indispensable. Ocasionalmente habrá algún puesto que no pueda ser llenado con personal interno y habrá que contratar fuera. Pero estos casos deben ser muy pocos. Esta alternativa debe permitir la reducción de al menos unos 5,000 funcionarios por año.
b. La segunda alternativa exige identificar todos los puestos innecesarios. Además, evaluar a los funcionarios que los ocupan para determinar si son más valiosos que otros funcionarios que ocupan puestos necesarios. La idea es que los funcionarios más valiosos se queden, independientemente del puesto que ocupan en el momento. Para que la salida no sea traumática, y los funcionarios salientes puedan buscar otras alternativas de vida, recibirían porcentajes decrecientes de su salario durante un período de transición. Por ejemplo: 80% el primer año, 60% el segundo, 40% el tercero, y 20% el cuarto.
Implementar esta alternativa requiere un grupo central de expertos en recursos humanos, que harían la labor de coordinación con los Jefes de Recursos Humanos de las diferentes instituciones. Esta alternativa es más compleja que la primera, y creo que es más utilizable como complemento que como una alternativa primaria.
¿Habrá algún gobierno, actual o futuro, que ejecute estas propuestas? Digamos que en este tema tengo días malos y días buenos. En los malos soy incrédulo, en los buenos soy escéptico.
Creo que puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que en la sociedad panameña existe el consenso de que el Estado tiene un exceso de funcionarios.
Claro que, para determinar la cantidad exacta, habría que realizar un “estudio de capacidad” en cada una de las dependencias públicas. Sin embargo, podemos hacer un estimado global aproximado. Según mi experiencia, en empresas privadas grandes, con buen nivel de ganancias, es bastante normal encontrar excesos del 10% del personal. En el Estado podemos estimar, sin mucho riesgo de error, que el exceso puede estar alrededor del 25%, lo que nos llevaría a unos 40,000 funcionarios aproximadamente.
Los problemas del exceso de funcionarios son tres:
a. El costo directo en término de salarios, otras remuneraciones personales, y gastos de oficina conexos. Este costo puede ser de unos 250-300 millones anuales, más o menos lo que aumenta la deuda pública cada año.
b. El costo directo para todos los ciudadanos que acuden a las oficinas públicas. Dado el exceso de funcionarios, para que todos tengan algo que hacer, se elaboran unos procedimientos complicados que hacen perder tiempo y dinero a todos los clientes. Esto no se corregirá hasta que no se elimine el exceso de funcionarios. Es posible que este costo sea igual o superior al del punto anterior.
c. Los programas que no se pueden efectuar porque los fondos están inmovilizados en funcionarios innecesarios.
La reducción del número de funcionarios es la gran asignatura pendiente del Estado panameño. Pero apenas se saca el tema hay alguien que dice: “si se reducen los empleados públicos, aumentará el desempleo”. Yo discrepo respetuosamente. Aumentará el “desplanillamiento”, pero no el desempleo, ya que los funcionarios en exceso no están realmente empleados. Están “emplanillados”, que no es lo mismo.
Para mí, un funcionario público está empleado cuando tiene un trabajo útil para los ciudadanos durante un mínimo de seis horas diarias. Así que un funcionario que acude todos los días a la oficina puede estar realmente desempleado por dos razones:
a. Porque no tiene trabajo que hacer durante un mínimo de seis horas
b. Porque, aunque tenga trabajo todo el día, no es útil para los ciudadanos, sino perjudicial. Por ejemplo, poner sellos innecesarios, solicitar documentos redundantes, y así sucesivamente.
El Estado debe reducir los funcionarios innecesarios. Esta reducción debe responder a dos criterios importantes:
a. Ser un proceso ordenado, gradual y no traumático.
b. Debe llevarse en el siguiente orden: asesores, funcionarios de mando intermedio, y finalmente funcionarios de menor jerarquía.
Hay al menos dos alternativas que cumplen estos criterios, y que pueden utilizarse, bien por separado, bien conjuntamente:
a. La primera cosiste en no reemplazar las vacantes que se produzcan por jubilación, renuncia o muerte. Es una alternativa bastante sencilla. Cuando se produce la vacante, se analiza si el puesto es o no es indispensable. Si no lo es, se elimina el puesto. Si es indispensable, se llena con un funcionario que ya esté dentro del sector público en alguna posición no indispensable. Ocasionalmente habrá algún puesto que no pueda ser llenado con personal interno y habrá que contratar fuera. Pero estos casos deben ser muy pocos. Esta alternativa debe permitir la reducción de al menos unos 5,000 funcionarios por año.
b. La segunda alternativa exige identificar todos los puestos innecesarios. Además, evaluar a los funcionarios que los ocupan para determinar si son más valiosos que otros funcionarios que ocupan puestos necesarios. La idea es que los funcionarios más valiosos se queden, independientemente del puesto que ocupan en el momento. Para que la salida no sea traumática, y los funcionarios salientes puedan buscar otras alternativas de vida, recibirían porcentajes decrecientes de su salario durante un período de transición. Por ejemplo: 80% el primer año, 60% el segundo, 40% el tercero, y 20% el cuarto.
Implementar esta alternativa requiere un grupo central de expertos en recursos humanos, que harían la labor de coordinación con los Jefes de Recursos Humanos de las diferentes instituciones. Esta alternativa es más compleja que la primera, y creo que es más utilizable como complemento que como una alternativa primaria.
¿Habrá algún gobierno, actual o futuro, que ejecute estas propuestas? Digamos que en este tema tengo días malos y días buenos. En los malos soy incrédulo, en los buenos soy escéptico.
