August 28, 2005

 
Salario Mínimo

Por : John Bennett , de la Fundación Libertad, Panamá

Si tantos políticos y algunos empresarios fueran médicos, aún estarían sangrando a sus pacientes con la esperanza de que en el flujo sanguíneo derramado escape el maleficio que aqueja a sus víctimas.

Y pareciera que algunos dirigentes sindicales y políticos son los únicos defensores de los pobres. Pues mire que no, quienes más defienden a los pobres son esos ciudadanos quienes más empresas y trabajos de calidad crean.

Qué fácil es recurrir al sentimiento que despierta la pobreza en el alma humana y en base a ello adelantar agendas políticas totalmente alejadas de la realidad económica.

La verdad es que la única manera que puedo ver la Ley de Salario Mínimo (SM) es como una ley compulsoria de desempleo. El que es incapaz de rendir el mínimo legal está condenado al desempleo o a trabajar en la informalidad. Más que nada los jóvenes sin experiencia y quienes tienen desventajas físicas.

La Ley de SM no crea plazas de trabajo, sólo las prohíbe o limita. Particularmente hoy que estamos sujetos a una inflación galopante a causa de los precios del petróleo y de tantas malas decisiones políticas, impositivas y económicas, las plazas de trabajo se tornan mucho más precarias.

Nos enfrascamos en estériles discusiones sobre SM como borregos trillando el mismo camino, y descuidamos toda discusión inteligente sobre otras cosas que definitivamente podrían mejorar nuestra economía.

Tal como la modernización del transporte y la mejora del abismal tránsito en nuestras calles. Reducir la burocracia estatal, su tamaño y el mar de trabas que se pasan inventando para detener el desarrollo.

Si queremos hablar económicamente, veamos que la curva de demanda para cualquier labranza o factor de producción, se establece por una productividad marginal percibida de dicha labranza; lo cual significa que son precisamente quienes están en la marginalidad los que perderán sus empleos y no los gamonales sindicalistas, enquistados políticos, ni los trabajadores mejor remunerados.

Nuestro problema económico tiene poco que ver con el SM y mucho con la corrupción en todas sus múltiples facetas.

Cynthia Sánchez de La Prensa nos mostraba una de esas facetas, cuando nos informaba que el propio Director General de la CSS admitía la ineficiencia de dicha institución. Allí está nuestra pobreza. El costo de esa ineficiencia multiplicada por cada institución gubernamental es una carga insoportable.

Tengamos claro que cada centavo que se malgasta sale del bolsillo de quienes son auténticamente productivos en este país: empresarios, trabajadores, y buenos funcionarios que realizan trabajos útiles. Por ello es que los numeritos no salen. Fui a tramitar mi jubilación a la CSS y me sentí humillado e indignado por lo que señalaba el Director Luciani. Gracias a Dios me tocó una funcionaria, que pese a todas esas ineficiencias supo y pudo brindar un buen servicio. Podría escribir un libro sobre el derroche económico que todo esto representa, pero sólo les doy una muestra.

En adelante, cuando y si logro mi pensión, para recibir lo que pagué a través de toda mi vida, cada seis meses deberé someterme al sistema degradante para que certifiquen que estoy vivo. ¡Vaya! resulta que debido a tantos tramposos la solución no está en atraparlos y castigarlos, sino en crear una burocracia más para todos los asegurados. No se imaginan lo que es el engorro degradante al que someten a sus “clientes”, particularmente a los más humildes.

Mientras tanto seguimos enfrascados en parodias estériles que aumentan el círculo vicioso inflacionario, pues no duden que cada penique de esos salarios aumentados serán agregados al costo de los bienes y servicios, sin que ello signifique un aumento en la productividad. Dicen que estas leyes son necesarias para que nadie que trabaje viva en pobreza; pero, ¿lo que se busca no es trabajo para salir de la pobreza?.

El establecimiento de un SM es la admisión bochornosa del fracaso de la libre empresa, que si ha fracasado en alguna medida no ha sido por deficiencias intrínsecas, sino porque ha existido toda clase intervencionismo estatal que echa por tierra cualquier sistema. Es más, si es admisible el SM, entonces sería admisible todo el resto de la intervención politiquera en la economía.

Lo que obviamente no es fácil vislumbrar es todos los efectos nocivos de tantas leyes insensatas. ¿Cuántos trabajos perdidos porque el SM limita las opciones de los trabajadores? Nuevamente, en La Prensa del 4 de agosto, encontramos la respuesta cuando María Mercedes de Corró plantea : “Panamá, ¿está mejor o peor?” Y Roberto Brenes advierte que “la inversión social ha crecido, pero los niveles de pobreza no han disminuido”. ¿ Hará falta ser genio para ver que no se trata de una “inversión social” sino de una social inversión?.

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