November 11, 2005
Textos Escolares : Proteccionismo Mercantilista
Por Ricardo Soto, de la Fundación Libertad de Panamá
Por tercera vez diputados del PRD pretenden hacerle un gran favor al gremio de autores panameños de libros escolares, a costa del resto de la sociedad.
Durante el gobierno de Mireya Moscoso este proyecto de ley, que fue muy criticado por distinguidos intelectuales panameños fue vetado por Mireya Moscoso en una primera ocasión , una de las pocas cosas aplaudibles de su gobierno. Luego legisladores del PRD lo volvieron a presentar a la Asamblea donde fue seriamente modificado en primer debate por miembros de la sociedad civil. Sin embargo, casi al finalizar los debates, la comisión de legislación dominada por el PRD eliminó todas las modificaciones propuestas y consensuadas que desvirtuaban el carácter proteccionista y sectario del proyecto devolviéndolo a su estado original y enviándolo a segundo debate, donde gracias a Dios durmió el sueño eterno.
El anteproyecto de ley 85 volvió a ser presentado por diputados del PRD a la Comisión de Educación de la Asamblea el martes cuatro de octubre. Me temo, porque desconozco el texto actual, que con los mismos propósitos. El primero es obligar a las escuelas públicas y privadas a adoptar libros de texto de autores nacionales. El segundo es el de obligar a las escuelas a no cambiar frecuentemente los libros de texto que usan .
En el primer caso estamos ante una clara situación de proteccionismo. Se quiere obligar a que las escuelas públicas o privadas tengan que comprar libros de determinados autores, independientemente de si los quieran o no por virtud de que los mismos tienen el pasaporte panameño. Sin entrar a discutir los posibles méritos de los autores panameños y extranjeros, es inconcebible que en un mundo en el cual la descentralización en materia educativa avanza no sólo en las escuelas privadas sino en las públicas mediante el sistema de vouchers ( como es el caso de Canadá, la India, Chile, China, Nueva Zelanda, Suecia, Sudáfrica ) pretender que el Estado pueda , mediante el control de algo tan fundamental como los textos escolares, limitar la libertad de los padres de dar a sus hijos la educación que desean.
Las escuelas privadas, e incluso las públicas, deben ser libres de escoger qué textos van a usar en sus programas de enseñanza. Eso forma parte del derecho natural de los padres a escoger la educación que le quiere dar a sus hijos, derecho tan antiguo como la Biblia.
En el segundo caso, teóricamente se busca evitar que las escuelas cambien los libros de texto con regularidad para que los padres que tengan varios hijos en una sola escuela , puedan ahorrar ya que los hijos más pequeños pueden utilizar los textos de sus hermanos mayores en el futuro. De hecho, esta parte de la propuesta fue vista con cierta simpatía por grupos de padres de familia. Sin embargo, tiene un problema, centraliza aún más nuestra educación ya que cuando sea necesario cambiar un texto va a ser necesario justificarlo ante las autoridades, las cuales, como sabemos, no siempre van a ser imparciales y honestas.
Encima de eso la norma se aplica a las escuelas privadas por igual. Si los padres meten a sus hijos en una escuela privada es porque, pese a estar pagando la educación pública mediante los impuestos, consideran que la educación privada es de mayor calidad o refleja valores religiosos que justifica el gasto extra de tener sus hijos en una escuela de ese tipo.
Por lo tanto pretender que el Estado imponga a las escuelas privadas qué textos deben usar y cuándo los pueden cambiar es rebajar la calidad de la educación privada sin elevar la calidad de la educación pública y atentar contra la libertad de conciencia. Finalmente nunca limitar la oferta de bienes y servicios , en este caso libros de textos escolares, ha sido el mecanismo adecuado para lograr que los precios bajen y la calidad mejore, el efecto real va a ser todo lo contrario.
Por estas razones, las personas que creemos en la libertad de educación como manera de mejorar la calidad de nuestro centralizado e ineficiente sistema educativo, no podemos quedarnos callados ante este proyecto retrógrado. Algo debe andar mal cuando las iniciativas de ley que nos presentan como este intento de demostrar que a la tercera va la vencida, la ley de textos escolares, tienen en común su carácter mercantilista, expoliatorio sobre bienes y servicios privados, su voluntad de no resolver nada sino de agravar más aún los problemas de este país. De hecho pareciera que en las mentes de la clase política, y no sólo de la coalición gobernante, existe la voluntad de quedarnos anclados en el estatismo prebendario de los 70 mientras el mundo pasa corriendo a nuestro lado.
De hecho varios de los defensores de esta ley durante el debate anterior presentaron como muestra de la sabiduría de esta propuesta los ejemplos de Cuba y la China de Mao.
¿Pueden creerlo?.
Por Ricardo Soto, de la Fundación Libertad de Panamá
Por tercera vez diputados del PRD pretenden hacerle un gran favor al gremio de autores panameños de libros escolares, a costa del resto de la sociedad.
Durante el gobierno de Mireya Moscoso este proyecto de ley, que fue muy criticado por distinguidos intelectuales panameños fue vetado por Mireya Moscoso en una primera ocasión , una de las pocas cosas aplaudibles de su gobierno. Luego legisladores del PRD lo volvieron a presentar a la Asamblea donde fue seriamente modificado en primer debate por miembros de la sociedad civil. Sin embargo, casi al finalizar los debates, la comisión de legislación dominada por el PRD eliminó todas las modificaciones propuestas y consensuadas que desvirtuaban el carácter proteccionista y sectario del proyecto devolviéndolo a su estado original y enviándolo a segundo debate, donde gracias a Dios durmió el sueño eterno.
El anteproyecto de ley 85 volvió a ser presentado por diputados del PRD a la Comisión de Educación de la Asamblea el martes cuatro de octubre. Me temo, porque desconozco el texto actual, que con los mismos propósitos. El primero es obligar a las escuelas públicas y privadas a adoptar libros de texto de autores nacionales. El segundo es el de obligar a las escuelas a no cambiar frecuentemente los libros de texto que usan .
En el primer caso estamos ante una clara situación de proteccionismo. Se quiere obligar a que las escuelas públicas o privadas tengan que comprar libros de determinados autores, independientemente de si los quieran o no por virtud de que los mismos tienen el pasaporte panameño. Sin entrar a discutir los posibles méritos de los autores panameños y extranjeros, es inconcebible que en un mundo en el cual la descentralización en materia educativa avanza no sólo en las escuelas privadas sino en las públicas mediante el sistema de vouchers ( como es el caso de Canadá, la India, Chile, China, Nueva Zelanda, Suecia, Sudáfrica ) pretender que el Estado pueda , mediante el control de algo tan fundamental como los textos escolares, limitar la libertad de los padres de dar a sus hijos la educación que desean.
Las escuelas privadas, e incluso las públicas, deben ser libres de escoger qué textos van a usar en sus programas de enseñanza. Eso forma parte del derecho natural de los padres a escoger la educación que le quiere dar a sus hijos, derecho tan antiguo como la Biblia.
En el segundo caso, teóricamente se busca evitar que las escuelas cambien los libros de texto con regularidad para que los padres que tengan varios hijos en una sola escuela , puedan ahorrar ya que los hijos más pequeños pueden utilizar los textos de sus hermanos mayores en el futuro. De hecho, esta parte de la propuesta fue vista con cierta simpatía por grupos de padres de familia. Sin embargo, tiene un problema, centraliza aún más nuestra educación ya que cuando sea necesario cambiar un texto va a ser necesario justificarlo ante las autoridades, las cuales, como sabemos, no siempre van a ser imparciales y honestas.
Encima de eso la norma se aplica a las escuelas privadas por igual. Si los padres meten a sus hijos en una escuela privada es porque, pese a estar pagando la educación pública mediante los impuestos, consideran que la educación privada es de mayor calidad o refleja valores religiosos que justifica el gasto extra de tener sus hijos en una escuela de ese tipo.
Por lo tanto pretender que el Estado imponga a las escuelas privadas qué textos deben usar y cuándo los pueden cambiar es rebajar la calidad de la educación privada sin elevar la calidad de la educación pública y atentar contra la libertad de conciencia. Finalmente nunca limitar la oferta de bienes y servicios , en este caso libros de textos escolares, ha sido el mecanismo adecuado para lograr que los precios bajen y la calidad mejore, el efecto real va a ser todo lo contrario.
Por estas razones, las personas que creemos en la libertad de educación como manera de mejorar la calidad de nuestro centralizado e ineficiente sistema educativo, no podemos quedarnos callados ante este proyecto retrógrado. Algo debe andar mal cuando las iniciativas de ley que nos presentan como este intento de demostrar que a la tercera va la vencida, la ley de textos escolares, tienen en común su carácter mercantilista, expoliatorio sobre bienes y servicios privados, su voluntad de no resolver nada sino de agravar más aún los problemas de este país. De hecho pareciera que en las mentes de la clase política, y no sólo de la coalición gobernante, existe la voluntad de quedarnos anclados en el estatismo prebendario de los 70 mientras el mundo pasa corriendo a nuestro lado.
De hecho varios de los defensores de esta ley durante el debate anterior presentaron como muestra de la sabiduría de esta propuesta los ejemplos de Cuba y la China de Mao.
¿Pueden creerlo?.
