December 30, 2005
La Respuesta del Millonario Agrícola
Por Carlos Ernesto González Ramírez, de la Fundación Libertad de Panamá
Publiqué hace algún tiempo en La Prensa un artículo titulado “La política agropecuaria es una fábrica de pobres”. En dicho escrito sustentaba las razones por las que la política de promover nuestra protegida producción agropecuaria para el consumo interno, era la principal causa de la pobreza en Panamá. Sustenté dicha afirmación en las cifras que brindan los informes de pobreza y los censos del año 2000.
Como supuse, el artículo no fue bienvenido en los sectores que tradicionalmente se han beneficiado de esta política. Recibí por ello algunas críticas sarcásticas de amigos productores y de periodistas del sector. Y en el diario El Panamá América, un distinguido, respetado y próspero productor de arroz contestó a mi artículo con uno intitulado “Sobre la pobreza rural”.
En dicho artículo, el autor señala que la pobreza rural no es un asunto nuevo, que ésta siempre ha existido y que lo que sugerí para resolver este problema, producir para exportar, iba a generar más pobreza.
Más bien, señaló que la creación de empleo y la disminución de la pobreza rural dependen del desarrollo general del país y no sólo del desarrollo agrícola. Es decir, los sectores secundarios y terciarios son los que tienen el deber de absorber a todos estos pobres, con lo que el número de los trabajadores rurales debe disminuir.
Aunque lo señalado parece lógico choca con una realidad: desde 1950 hemos venido tratando de hacer eso mismo que recomienda. En efecto, ese mismo año, mediante el Decreto Ley # 12, se adoptó la política de protección agrícola. Desde entonces, la producción interna bruta de los sectores terciarios y secundarios ha venido creciendo de forma sistemática, tanto relativa como absolutamente, mientras el PIB agrícola ha venido perdiendo importancia relativa de manera sostenida y los pobres han continuado creciendo.
Es decir, ese modelo no ha funcionado (más bien ha fracasado) ni parece ser el camino que resolverá el problema con rapidez.
Es más, el presente status quo sólo beneficia a los que han logrado millones con la situación, condenando a la pobreza a los habitantes rurales de Panamá. Al mantener el sistema de protección agrícola para promover la producción interna, los pobres están, en realidad, pagando sustancialmente más por su comida, de lo que pagarían ante un mercado abierto.
Para probar lo anterior, utilizaremos el ejemplo del consumo de arroz. En Panamá, según cifras de ANALMO, el consumo de arroz per cápita es de 183 libras anuales.
El precio promedio a septiembre de 2004 del arroz de primera era de aproximadamente $0.30 la libra.
Por tanto, cada panameño consume un promedio de $55 al año en arroz. En cambio, si se permitiese la importación libre de arroz, cada panameño tendría un gasto anual de $36.60 por año (calculando un precio de veinte centavos la libra, el cual es posible en la actualidad).
El censo del año 2000 reveló que había 1,131,439 pobres. La línea de pobreza general se define, según el PNUD “como el nivel de gasto anual por persona en alimentos para satisfacer los requerimientos mínimos calóricos diarios (línea de pobreza extrema) más un monto adicional para cubrir el consumo de servicios y bienes no alimenticios esenciales tales como: vivienda, transporte, educación, salud, vestuario, y los de uso cotidiano en el hogar.
El valor de la línea de pobreza general se estimó en un nivel de consumo de $905 al año por persona, es decir $75 al mes.
Los individuos con un nivel de consumo por debajo de este valor se consideran “pobres”.
Quiere esto decir que un pobre con ingresos altos ($905) gastó 6% de su ingreso en comprar arroz el año pasado. Si ese mismo pobre hubiese tenido la oportunidad de comprar arroz importado, hubiera gastado el 4%.
De continuar el sistema que tenemos, las inequidades en el nivel de vida se agudizarán. En el caso aquí expuesto, los pobres trasladan de sus escuálidos bolsillos $21 millones al año a los bolsillos de los productores de arroz.
Como señalé en mi artículo anterior, la atención del Gobierno Nacional debe estar en resolver la situación de pobreza en que se encuentra la mayoritaria población rural.
Proteger a los productores que no son pobres, no sólo no resuelve el problema de los pobres, sino que sin duda lo agudiza.
Por Carlos Ernesto González Ramírez, de la Fundación Libertad de Panamá
Publiqué hace algún tiempo en La Prensa un artículo titulado “La política agropecuaria es una fábrica de pobres”. En dicho escrito sustentaba las razones por las que la política de promover nuestra protegida producción agropecuaria para el consumo interno, era la principal causa de la pobreza en Panamá. Sustenté dicha afirmación en las cifras que brindan los informes de pobreza y los censos del año 2000.
Como supuse, el artículo no fue bienvenido en los sectores que tradicionalmente se han beneficiado de esta política. Recibí por ello algunas críticas sarcásticas de amigos productores y de periodistas del sector. Y en el diario El Panamá América, un distinguido, respetado y próspero productor de arroz contestó a mi artículo con uno intitulado “Sobre la pobreza rural”.
En dicho artículo, el autor señala que la pobreza rural no es un asunto nuevo, que ésta siempre ha existido y que lo que sugerí para resolver este problema, producir para exportar, iba a generar más pobreza.
Más bien, señaló que la creación de empleo y la disminución de la pobreza rural dependen del desarrollo general del país y no sólo del desarrollo agrícola. Es decir, los sectores secundarios y terciarios son los que tienen el deber de absorber a todos estos pobres, con lo que el número de los trabajadores rurales debe disminuir.
Aunque lo señalado parece lógico choca con una realidad: desde 1950 hemos venido tratando de hacer eso mismo que recomienda. En efecto, ese mismo año, mediante el Decreto Ley # 12, se adoptó la política de protección agrícola. Desde entonces, la producción interna bruta de los sectores terciarios y secundarios ha venido creciendo de forma sistemática, tanto relativa como absolutamente, mientras el PIB agrícola ha venido perdiendo importancia relativa de manera sostenida y los pobres han continuado creciendo.
Es decir, ese modelo no ha funcionado (más bien ha fracasado) ni parece ser el camino que resolverá el problema con rapidez.
Es más, el presente status quo sólo beneficia a los que han logrado millones con la situación, condenando a la pobreza a los habitantes rurales de Panamá. Al mantener el sistema de protección agrícola para promover la producción interna, los pobres están, en realidad, pagando sustancialmente más por su comida, de lo que pagarían ante un mercado abierto.
Para probar lo anterior, utilizaremos el ejemplo del consumo de arroz. En Panamá, según cifras de ANALMO, el consumo de arroz per cápita es de 183 libras anuales.
El precio promedio a septiembre de 2004 del arroz de primera era de aproximadamente $0.30 la libra.
Por tanto, cada panameño consume un promedio de $55 al año en arroz. En cambio, si se permitiese la importación libre de arroz, cada panameño tendría un gasto anual de $36.60 por año (calculando un precio de veinte centavos la libra, el cual es posible en la actualidad).
El censo del año 2000 reveló que había 1,131,439 pobres. La línea de pobreza general se define, según el PNUD “como el nivel de gasto anual por persona en alimentos para satisfacer los requerimientos mínimos calóricos diarios (línea de pobreza extrema) más un monto adicional para cubrir el consumo de servicios y bienes no alimenticios esenciales tales como: vivienda, transporte, educación, salud, vestuario, y los de uso cotidiano en el hogar.
El valor de la línea de pobreza general se estimó en un nivel de consumo de $905 al año por persona, es decir $75 al mes.
Los individuos con un nivel de consumo por debajo de este valor se consideran “pobres”.
Quiere esto decir que un pobre con ingresos altos ($905) gastó 6% de su ingreso en comprar arroz el año pasado. Si ese mismo pobre hubiese tenido la oportunidad de comprar arroz importado, hubiera gastado el 4%.
De continuar el sistema que tenemos, las inequidades en el nivel de vida se agudizarán. En el caso aquí expuesto, los pobres trasladan de sus escuálidos bolsillos $21 millones al año a los bolsillos de los productores de arroz.
Como señalé en mi artículo anterior, la atención del Gobierno Nacional debe estar en resolver la situación de pobreza en que se encuentra la mayoritaria población rural.
Proteger a los productores que no son pobres, no sólo no resuelve el problema de los pobres, sino que sin duda lo agudiza.
