June 30, 2006
Capitalismo y “Error”
Por Olmedo Miró, de la Fundación Libertad de Panamá
Hay una gran confusión conceptual en nuestro medio cuando personas -muchas veces detractoras del sistema de libre mercado- confunden quiebras y fraudes corporativos, como los tan sonados casos de Enron y Adelag, con fallas en el sistema de libre mercado. Sin embargo, estos casos, Enron y Adelag, etc., muy por el contrario, son ejemplos evidentes de la eficacia del sistema de libre mercado, especialmente cuando se mide con su alternativa de un Estado intervencionista y coercitivo. Eficacia, valga decir, en solucionar errores provenientes de las complejas relaciones humanas.
¿Por qué? Porque Enron y Adelag son ejemplos de "errores" que, una vez conocidos, el sistema de libre empresa los corrige de una forma categórica y fulminante reduciendo a un mínimo su costo "social". Caso totalmente contrario a los errores cometidos por el sistema intervencionista estatal, el cual hace que persistan hasta el punto de llevar a la sociedad, como un todo, hacia la quiebra. La diferencia reside en que el libre mercado se basa en la asociación voluntaria de individuos, mientras que el intervencionismo estatal es una relación forzada. El hecho es que los que realmente sufren las consecuencias en quiebras privadas son personas que voluntariamente se asociaron a las mismas, cosa que no sucede en el caso de la intervención estatal que es obligatoria y coercitiva.
No somos perfectos. Cometemos errores tanto de buena fe (honestos) como de mala fe (fraudes). Eso aplica por igual a los empresarios privados y a los funcionarios y políticos que dirigen el Estado. Así, las virtudes y defectos de un sistema económico deben ser medidos en términos de cómo se lidia con los errores cometidos dentro del sistema, es decir, que haya una igualdad entre la autoridad y la responsabilidad de los individuos dentro del sistema.
Imaginemos que Adelag y Enron hubieran sido empresas estatales, con los privilegios que ellas conllevan, por ejemplo, obligatoriedad de todos los ciudadanos de ser sus clientes ya sea que necesitemos sus productos o no, so pena de multa o cárcel; en caso de preferir otros servicios el ciudadano está obligado a pagar doblemente ; todos los ciudadanos actuarán como deudores solidarios (gústeles o no) sobre las obligaciones de la compañía; los directores no asumirán ninguna responsabilidad personal sobre los resultados de la compañía o decisiones tomadas por ellos. En el Estado la posibilidad de "salirse" no existe. A los ciudadanos no les queda más que rogar por la buena voluntad de sus élites políticas para no hundirse más. ¿Qué valor tiene en este ambiente una mala decisión, fuera del hecho de que otro la pagará? .
¿Les suena familiar el ejemplo imaginado? Bueno, aquel es un ejemplo claro de la operación normal de un Estado, comenzando por la adquisición de créditos externos, donde lo que realmente se evalúa es el potencial de un Estado de extraer recursos de sus incautos ciudadanos que poco entienden lo que sucede. También podemos poner de ejemplos entidades estatales como la Caja del Seguro Social o las escuelas públicas, en las que se nos fuerza a pagar por un servicio sin ofrecernos opciones de dónde escoger. Aquí el error se acumula porque no hay opción de salida. Así, es sólo cuestión de tiempo para que se genere una crisis como resultado de funcionarios con mucha autoridad para tomar decisiones, cuyos costos y consecuencias serán distribuidos entre personas que poco tuvieron que opinar al respecto. Así, no nos debemos sorprender con el surgimiento de crisis con una periodicidad casi cíclica en nuestros países latinoamericanos.
El hecho cierto es que somos completamente esclavos de las decisiones de la clase política y, peor aún, no existe ni siquiera un responsable que cargue con la culpa, porque al final todo se diluye en diálogos de sordos en los que nadie se siente con la necesidad de apañar y conservar la papa caliente.
Al final es irrelevante que estos errores sean honestos o fraudulentos (fuera del ámbito jurídico). El hecho es que las consecuencias siempre serán las mismas y permearán a toda la comunidad, mediante la fuerza coercitiva del Estado.
Un buen empresario sabe que si no se levanta todos los días para ofrecerle al cliente el mejor producto, al mejor precio, estará condenado al fracaso, porque el cliente siempre tiene la opción de caminar hacia otra tienda. Ahora bien, ¿por qué no aplicar el mismo principio al Estado? ¿Por qué mantener al ciudadano esclavo de pagar los "servicios" sociales que ofrece el Estado? ¿Por qué otorgar a los servidores públicos la autoridad para escoger quién entra o no a la competencia en servicios regulados, sin que medie responsabilidad por los resultados? ¿Por qué debemos ser garantes de obligaciones que no hemos firmado personalmente? ¿No sería mejor hacer que los gobernantes arriesguen su peculio personal para respaldar sus nobles ideas e intenciones? .
En resumen, es en estos dilemas donde reside el debate entre las bondades de la libertad de mercado y la intervención estatal. La diferencia real está en ser libres para escoger voluntariamente, o en que se nos imponga otra voluntad por la fuerza.
Por Olmedo Miró, de la Fundación Libertad de Panamá
Hay una gran confusión conceptual en nuestro medio cuando personas -muchas veces detractoras del sistema de libre mercado- confunden quiebras y fraudes corporativos, como los tan sonados casos de Enron y Adelag, con fallas en el sistema de libre mercado. Sin embargo, estos casos, Enron y Adelag, etc., muy por el contrario, son ejemplos evidentes de la eficacia del sistema de libre mercado, especialmente cuando se mide con su alternativa de un Estado intervencionista y coercitivo. Eficacia, valga decir, en solucionar errores provenientes de las complejas relaciones humanas.
¿Por qué? Porque Enron y Adelag son ejemplos de "errores" que, una vez conocidos, el sistema de libre empresa los corrige de una forma categórica y fulminante reduciendo a un mínimo su costo "social". Caso totalmente contrario a los errores cometidos por el sistema intervencionista estatal, el cual hace que persistan hasta el punto de llevar a la sociedad, como un todo, hacia la quiebra. La diferencia reside en que el libre mercado se basa en la asociación voluntaria de individuos, mientras que el intervencionismo estatal es una relación forzada. El hecho es que los que realmente sufren las consecuencias en quiebras privadas son personas que voluntariamente se asociaron a las mismas, cosa que no sucede en el caso de la intervención estatal que es obligatoria y coercitiva.
No somos perfectos. Cometemos errores tanto de buena fe (honestos) como de mala fe (fraudes). Eso aplica por igual a los empresarios privados y a los funcionarios y políticos que dirigen el Estado. Así, las virtudes y defectos de un sistema económico deben ser medidos en términos de cómo se lidia con los errores cometidos dentro del sistema, es decir, que haya una igualdad entre la autoridad y la responsabilidad de los individuos dentro del sistema.
Imaginemos que Adelag y Enron hubieran sido empresas estatales, con los privilegios que ellas conllevan, por ejemplo, obligatoriedad de todos los ciudadanos de ser sus clientes ya sea que necesitemos sus productos o no, so pena de multa o cárcel; en caso de preferir otros servicios el ciudadano está obligado a pagar doblemente ; todos los ciudadanos actuarán como deudores solidarios (gústeles o no) sobre las obligaciones de la compañía; los directores no asumirán ninguna responsabilidad personal sobre los resultados de la compañía o decisiones tomadas por ellos. En el Estado la posibilidad de "salirse" no existe. A los ciudadanos no les queda más que rogar por la buena voluntad de sus élites políticas para no hundirse más. ¿Qué valor tiene en este ambiente una mala decisión, fuera del hecho de que otro la pagará? .
¿Les suena familiar el ejemplo imaginado? Bueno, aquel es un ejemplo claro de la operación normal de un Estado, comenzando por la adquisición de créditos externos, donde lo que realmente se evalúa es el potencial de un Estado de extraer recursos de sus incautos ciudadanos que poco entienden lo que sucede. También podemos poner de ejemplos entidades estatales como la Caja del Seguro Social o las escuelas públicas, en las que se nos fuerza a pagar por un servicio sin ofrecernos opciones de dónde escoger. Aquí el error se acumula porque no hay opción de salida. Así, es sólo cuestión de tiempo para que se genere una crisis como resultado de funcionarios con mucha autoridad para tomar decisiones, cuyos costos y consecuencias serán distribuidos entre personas que poco tuvieron que opinar al respecto. Así, no nos debemos sorprender con el surgimiento de crisis con una periodicidad casi cíclica en nuestros países latinoamericanos.
El hecho cierto es que somos completamente esclavos de las decisiones de la clase política y, peor aún, no existe ni siquiera un responsable que cargue con la culpa, porque al final todo se diluye en diálogos de sordos en los que nadie se siente con la necesidad de apañar y conservar la papa caliente.
Al final es irrelevante que estos errores sean honestos o fraudulentos (fuera del ámbito jurídico). El hecho es que las consecuencias siempre serán las mismas y permearán a toda la comunidad, mediante la fuerza coercitiva del Estado.
Un buen empresario sabe que si no se levanta todos los días para ofrecerle al cliente el mejor producto, al mejor precio, estará condenado al fracaso, porque el cliente siempre tiene la opción de caminar hacia otra tienda. Ahora bien, ¿por qué no aplicar el mismo principio al Estado? ¿Por qué mantener al ciudadano esclavo de pagar los "servicios" sociales que ofrece el Estado? ¿Por qué otorgar a los servidores públicos la autoridad para escoger quién entra o no a la competencia en servicios regulados, sin que medie responsabilidad por los resultados? ¿Por qué debemos ser garantes de obligaciones que no hemos firmado personalmente? ¿No sería mejor hacer que los gobernantes arriesguen su peculio personal para respaldar sus nobles ideas e intenciones? .
En resumen, es en estos dilemas donde reside el debate entre las bondades de la libertad de mercado y la intervención estatal. La diferencia real está en ser libres para escoger voluntariamente, o en que se nos imponga otra voluntad por la fuerza.
