October 13, 2006
Más Armas, Menos Crimen
Por: Raúl Eduardo Molina, de la Fundación Libertad de Panamá
A raíz de un proyecto de ley redactado por algunos funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia, tendiente a limitar y restringir la tenencia de armas de fuego en manos de los ciudadanos, los proponentes señalan que dichas restricciones persiguen disminuir los índices de criminalidad violenta y se amparan en una iniciativa del señor Presidente de la República, el cual en marzo de 2005 emitió un decreto a fin de crear una Comisión Interinstitucional para el Control del Tráfico Ilícito o Ilegal de Armas y municiones.
Estas restricciones van desde requisitos de casi imposible cumplimiento, pasando por facultades absolutamente discrecionales para la autoridad encargada de otorgar los permisos y licencias, hasta altísimas cargas económicas por la compra y tenencia de armas y municiones.Los mencionados requisitos constituirán una barrera para que los ciudadanos respetuosos de la Ley posean armas de fuego, mientras que los criminales, quienes nunca obedecen la Ley, permanecerán armados y ello provocará un aumento en la incidencia de delitos violentos.
Lo anterior queda claramente ejemplificado en el caso Gran Bretaña, país que prohibió las armas en 1997, momento a partir del cual los robos han aumentado 45% y los asesinatos 54%.
En Australia se introdujo una fuerte restricción a las armas en manos de civiles en 1996 y a partir de entonces los robos con armas aumentaron 51% y también aumentaron significativamente los ataques violentos.
Brasil y Rusia son países donde existen fuertes controles de armas y pese a ello registran altos índices de criminalidad, alcanzando el caso brasileño ribetes de espectacularidad, donde incluso la delincuencia se atrevió a asaltar y sitiar varios cuarteles policiales en Sao Paulo hace pocos meses.
Caso contrario es el de Suiza, donde no solo hay un altísimo porcentaje de la población armada, sino que el Estado entrega a cada ciudadano un fusil de asalto SIG-90, con una considerable dotación de municiones, al terminar el servicio militar, y a pesar de ello es uno de los países con más bajo nivel de criminalidad en el mundo. Igualmente, Israel tiene bajos índices de criminalidad y un alto porcentaje de la población civil armada.
El caso de Estados Unidos es un ejemplo aleccionador. En este país que ha suavizado las leyes para permitir el libre porte de armas de fuego, las cifras de homicidios han disminuido de 10 a 7 por cada 100 mil habitantes; las violaciones han disminuido de 1.69 a 1.54 por cada 100 mil 000 habitantes. En 1966, ante el alarmante aumento en los casos de violación, la ciudad de Orlando, Florida, lanzó una campaña para instruir a las mujeres en el uso de armas de fuego la cual benefició a 2 mil 500 personas, luego de lo cual dicha ciudad fue la única en todo el país en la que disminuyeron los índices de este delito, así como descendieron los índices de otros delitos. (Datos tomados del libro More Guns Less Crime, Understanding Crime and Gun Control Laws, de John R. Lott, JR., profesor de la Universidad de Chicago).
El temor de algunos a fomentar una carrera armamentista entre delincuentes versus ciudadanos es infundado, pues los delincuentes no están interesados en entrar en batallas o tiroteos con sus víctimas. El mínimo riesgo de resultar seriamente herido, es razón suficiente para buscar otra bribonada que hacer. El permitir a los ciudadanos estar armados generará además una externalidad positiva aún para los ciudadanos no armados, pues el delincuente será mucho más comedido al aventurarse a atacar, por la incertidumbre de encontrarse con un ciudadano armado.
Este tipo de leyes restrictivas y prohibitivas han sido aplicadas en varios países y la experiencia nos permite arribar a varias conclusiones: 1) Desarmar a la ciudadanía de manera general no reduce los índices de violencia de un país; 2) Se fomenta la existencia de un mercado negro o ilegal de armas y municiones, sin ningún tipo de controles; 3) Se viola el derecho básico a defender la vida y bienes de las personas respetuosas de la ley y se facilita el trabajo de los criminales al encargarse el Estado de desarmar a sus víctimas; 4) Se distraen recursos del Estado, se pasa de controlar a la pequeña minoría de personas responsables de la violencia a controlar a ciudadanos que no son parte del problema, lo cual crea más inseguridad.
Las armas de fuego en manos de ciudadanos respetuosos de la ley producen una sociedad más segura y aun en los casos en que las mismas conllevan la pérdida de una vida humana, ésta no será la de una víctima acosada, atacada y abusada, sino la del hasta entonces impune delincuente.
Por: Raúl Eduardo Molina, de la Fundación Libertad de Panamá
A raíz de un proyecto de ley redactado por algunos funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia, tendiente a limitar y restringir la tenencia de armas de fuego en manos de los ciudadanos, los proponentes señalan que dichas restricciones persiguen disminuir los índices de criminalidad violenta y se amparan en una iniciativa del señor Presidente de la República, el cual en marzo de 2005 emitió un decreto a fin de crear una Comisión Interinstitucional para el Control del Tráfico Ilícito o Ilegal de Armas y municiones.
Estas restricciones van desde requisitos de casi imposible cumplimiento, pasando por facultades absolutamente discrecionales para la autoridad encargada de otorgar los permisos y licencias, hasta altísimas cargas económicas por la compra y tenencia de armas y municiones.Los mencionados requisitos constituirán una barrera para que los ciudadanos respetuosos de la Ley posean armas de fuego, mientras que los criminales, quienes nunca obedecen la Ley, permanecerán armados y ello provocará un aumento en la incidencia de delitos violentos.
Lo anterior queda claramente ejemplificado en el caso Gran Bretaña, país que prohibió las armas en 1997, momento a partir del cual los robos han aumentado 45% y los asesinatos 54%.
En Australia se introdujo una fuerte restricción a las armas en manos de civiles en 1996 y a partir de entonces los robos con armas aumentaron 51% y también aumentaron significativamente los ataques violentos.
Brasil y Rusia son países donde existen fuertes controles de armas y pese a ello registran altos índices de criminalidad, alcanzando el caso brasileño ribetes de espectacularidad, donde incluso la delincuencia se atrevió a asaltar y sitiar varios cuarteles policiales en Sao Paulo hace pocos meses.
Caso contrario es el de Suiza, donde no solo hay un altísimo porcentaje de la población armada, sino que el Estado entrega a cada ciudadano un fusil de asalto SIG-90, con una considerable dotación de municiones, al terminar el servicio militar, y a pesar de ello es uno de los países con más bajo nivel de criminalidad en el mundo. Igualmente, Israel tiene bajos índices de criminalidad y un alto porcentaje de la población civil armada.
El caso de Estados Unidos es un ejemplo aleccionador. En este país que ha suavizado las leyes para permitir el libre porte de armas de fuego, las cifras de homicidios han disminuido de 10 a 7 por cada 100 mil habitantes; las violaciones han disminuido de 1.69 a 1.54 por cada 100 mil 000 habitantes. En 1966, ante el alarmante aumento en los casos de violación, la ciudad de Orlando, Florida, lanzó una campaña para instruir a las mujeres en el uso de armas de fuego la cual benefició a 2 mil 500 personas, luego de lo cual dicha ciudad fue la única en todo el país en la que disminuyeron los índices de este delito, así como descendieron los índices de otros delitos. (Datos tomados del libro More Guns Less Crime, Understanding Crime and Gun Control Laws, de John R. Lott, JR., profesor de la Universidad de Chicago).
El temor de algunos a fomentar una carrera armamentista entre delincuentes versus ciudadanos es infundado, pues los delincuentes no están interesados en entrar en batallas o tiroteos con sus víctimas. El mínimo riesgo de resultar seriamente herido, es razón suficiente para buscar otra bribonada que hacer. El permitir a los ciudadanos estar armados generará además una externalidad positiva aún para los ciudadanos no armados, pues el delincuente será mucho más comedido al aventurarse a atacar, por la incertidumbre de encontrarse con un ciudadano armado.
Este tipo de leyes restrictivas y prohibitivas han sido aplicadas en varios países y la experiencia nos permite arribar a varias conclusiones: 1) Desarmar a la ciudadanía de manera general no reduce los índices de violencia de un país; 2) Se fomenta la existencia de un mercado negro o ilegal de armas y municiones, sin ningún tipo de controles; 3) Se viola el derecho básico a defender la vida y bienes de las personas respetuosas de la ley y se facilita el trabajo de los criminales al encargarse el Estado de desarmar a sus víctimas; 4) Se distraen recursos del Estado, se pasa de controlar a la pequeña minoría de personas responsables de la violencia a controlar a ciudadanos que no son parte del problema, lo cual crea más inseguridad.
Las armas de fuego en manos de ciudadanos respetuosos de la ley producen una sociedad más segura y aun en los casos en que las mismas conllevan la pérdida de una vida humana, ésta no será la de una víctima acosada, atacada y abusada, sino la del hasta entonces impune delincuente.
