October 27, 2006
Una Ley para el Estado, Otra Ley para los Ciudadanos
Por Ricardo Soto, de la Fundación Libertad de Panamá
Más de dos decenas de personas han muerto producto de un síndrome de insuficiencia renal aguda, presumiblemente producto de una intoxicación, causada por medicamentos contaminados que la Caja de Seguro Social proporcionó a sus pacientes.
El manejo de las autoridades ha dejado mucho que desear. Primero se acusó prematuramente al Lisinopril, de la compañía española Norcom, que como es comprensible para un fabricante de medicinas serio, envió inmediatamente una comisión investigadora.
Luego, resulta que las sospechas recayeron en el químico dietilenglicol que por culpa o dolo contaminó los jarabes medicinales causando envenenamientos fatales.
Aparte de la pregunta de qué químico realmente causó el envenenamiento y cómo llegó allí, las verdaderas interrogantes son: ¿Cómo se contaminaron los medicamentos? ¿Por qué el Seguro Social fabrica medicamentos? ¿Cumplen los laboratorios del Estado, especialmente los del Seguro Social, las mismas normas y regulaciones que se exigen a los laboratorios privados?
El escándalo del envenenamiento masivo de los pacientes de la CSS deja entrever que la Caja de Seguro Social ha estado violando, entre otras cosas, las normas contenidas en la Ley 1 de 2001, por ejemplo, los artículos 4 y 20 que establecen la obligación de tener registro sanitario ante el Ministerio de Salud, y el artículo 7 sobre la responsabilidad de los proveedores desde la fabricación hasta el consumo final.
El Ministerio de Salud, por su parte, incumplió las obligaciones contenidas en el artículo sexto de la mencionada Ley, ya que no ejerció sus labores de control previo, control posterior y farmacovigilancia para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos ofrecidos al consumidor. El Decreto Ejecutivo 178 de 2001 en su artículo 3 hace descansar esta responsabilidad en la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas.
El problema es que los procesos que usa el Minsa para sus controles son burocráticos y a veces redundantes; un medicamento que ya ha sido aprobado por la FDA de Estados Unidos o sus contrapartes de la Unión Europea tiene que pasar registros sanitarios igual que un medicamento de un país del tercer mundo.
Esto no toma en cuenta que los recursos del Estado son limitados y que distrae recursos de fiscalizar cosas más importantes como la producción de medicamentos local. Tanto el Minsa como la CSS no hicieron los controles de calidad respectivos, y sospechamos que esta situación se venía dando desde hace varias administraciones.
Igualmente, las buenas prácticas exigen que cada insumo usado en el proceso productivo sea entregado al laboratorio con su respectivo certificado de análisis. Tampoco se hizo. Y no creo que la única negligencia sea la de la jefa del laboratorio de la CSS. Esto nos lleva a un debate más profundo, ¿qué moral tiene el Estado para exigir a los particulares el cumplimiento de normas que el propio Estado no está dispuesto a cumplir?
El caso de las inspecciones sobre la elaboración de medicamentos es la punta del iceberg. ¿Cumple el Estado con las leyes laborales que les exige a los particulares? ¿Se pueden aplicar a los funcionarios y entidades públicas las mismas normas de responsabilidad civil, penal y seguros que las leyes exigen a los particulares?
La respuesta en todos estos casos es no. Los políticos, las iglesias, los profesores y los medios nos han educado en la mentira de que el Estado es el pueblo políticamente organizado y que, por lo tanto, como representante de la voluntad general, siempre busca el bien común.
El problema consiste en que el Estado no está manejado por ángeles, sino por seres humanos, con las mismas virtudes y defectos que tienen los ciudadanos privados. Con el agravante de que los estímulos que operan sobre los funcionarios no son los mismos que operan sobre los ciudadanos de a pie. Por eso vemos que las mismas personas actúan diferente cuando están en la empresa privada y cuando trabajan en el Estado.
Sméagol se convierte en Gollum al acceder al anillo del poder. El principal problema de los servidores públicos es la dilución de las responsabilidades y los estímulos perversos, como el de ser juez y parte, magnificado por la tendencia de los funcionarios a blindarse legalmente contra las normas que aplican a los particulares sin miramientos. Ejemplos, la prueba sumaria en el proceso penal, los privilegios fiscales de los legisladores.
Por eso, como libertario opino que se debe exigir al funcionariado las mismas normas de conducta que estos exigen a los particulares. No debe existir una ley para el Estado y una ley para los demás. Esta es la lección que los muertos de la CSS nos han enseñado.
Por Ricardo Soto, de la Fundación Libertad de Panamá
Más de dos decenas de personas han muerto producto de un síndrome de insuficiencia renal aguda, presumiblemente producto de una intoxicación, causada por medicamentos contaminados que la Caja de Seguro Social proporcionó a sus pacientes.
El manejo de las autoridades ha dejado mucho que desear. Primero se acusó prematuramente al Lisinopril, de la compañía española Norcom, que como es comprensible para un fabricante de medicinas serio, envió inmediatamente una comisión investigadora.
Luego, resulta que las sospechas recayeron en el químico dietilenglicol que por culpa o dolo contaminó los jarabes medicinales causando envenenamientos fatales.
Aparte de la pregunta de qué químico realmente causó el envenenamiento y cómo llegó allí, las verdaderas interrogantes son: ¿Cómo se contaminaron los medicamentos? ¿Por qué el Seguro Social fabrica medicamentos? ¿Cumplen los laboratorios del Estado, especialmente los del Seguro Social, las mismas normas y regulaciones que se exigen a los laboratorios privados?
El escándalo del envenenamiento masivo de los pacientes de la CSS deja entrever que la Caja de Seguro Social ha estado violando, entre otras cosas, las normas contenidas en la Ley 1 de 2001, por ejemplo, los artículos 4 y 20 que establecen la obligación de tener registro sanitario ante el Ministerio de Salud, y el artículo 7 sobre la responsabilidad de los proveedores desde la fabricación hasta el consumo final.
El Ministerio de Salud, por su parte, incumplió las obligaciones contenidas en el artículo sexto de la mencionada Ley, ya que no ejerció sus labores de control previo, control posterior y farmacovigilancia para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos ofrecidos al consumidor. El Decreto Ejecutivo 178 de 2001 en su artículo 3 hace descansar esta responsabilidad en la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas.
El problema es que los procesos que usa el Minsa para sus controles son burocráticos y a veces redundantes; un medicamento que ya ha sido aprobado por la FDA de Estados Unidos o sus contrapartes de la Unión Europea tiene que pasar registros sanitarios igual que un medicamento de un país del tercer mundo.
Esto no toma en cuenta que los recursos del Estado son limitados y que distrae recursos de fiscalizar cosas más importantes como la producción de medicamentos local. Tanto el Minsa como la CSS no hicieron los controles de calidad respectivos, y sospechamos que esta situación se venía dando desde hace varias administraciones.
Igualmente, las buenas prácticas exigen que cada insumo usado en el proceso productivo sea entregado al laboratorio con su respectivo certificado de análisis. Tampoco se hizo. Y no creo que la única negligencia sea la de la jefa del laboratorio de la CSS. Esto nos lleva a un debate más profundo, ¿qué moral tiene el Estado para exigir a los particulares el cumplimiento de normas que el propio Estado no está dispuesto a cumplir?
El caso de las inspecciones sobre la elaboración de medicamentos es la punta del iceberg. ¿Cumple el Estado con las leyes laborales que les exige a los particulares? ¿Se pueden aplicar a los funcionarios y entidades públicas las mismas normas de responsabilidad civil, penal y seguros que las leyes exigen a los particulares?
La respuesta en todos estos casos es no. Los políticos, las iglesias, los profesores y los medios nos han educado en la mentira de que el Estado es el pueblo políticamente organizado y que, por lo tanto, como representante de la voluntad general, siempre busca el bien común.
El problema consiste en que el Estado no está manejado por ángeles, sino por seres humanos, con las mismas virtudes y defectos que tienen los ciudadanos privados. Con el agravante de que los estímulos que operan sobre los funcionarios no son los mismos que operan sobre los ciudadanos de a pie. Por eso vemos que las mismas personas actúan diferente cuando están en la empresa privada y cuando trabajan en el Estado.
Sméagol se convierte en Gollum al acceder al anillo del poder. El principal problema de los servidores públicos es la dilución de las responsabilidades y los estímulos perversos, como el de ser juez y parte, magnificado por la tendencia de los funcionarios a blindarse legalmente contra las normas que aplican a los particulares sin miramientos. Ejemplos, la prueba sumaria en el proceso penal, los privilegios fiscales de los legisladores.
Por eso, como libertario opino que se debe exigir al funcionariado las mismas normas de conducta que estos exigen a los particulares. No debe existir una ley para el Estado y una ley para los demás. Esta es la lección que los muertos de la CSS nos han enseñado.
