January 12, 2007
Cuando la Vida Depende del Conflicto de Interés
Por Carlos Ernesto González Ramírez, de la Fundación Libertad de Panamá
"No hay nada más inútil como hacer eficientemente aquello que no se debiera hacer" Peter Drucker
Las víctimas de nuestros sistemas de salud y de transporte público han pagado con su vida la falta de institucionalidad funcional y de un Estado de Derecho en Panamá. Lo triste es que no es la primera vez que esto sucede. Aparte de las víctimas diarias del transporte público, hace algún tiempo tuvimos un grupo de pacientes del oncológico, los cuales murieron de sobreradiación.
Si los panameños queremos vivir en una economía desarrollada y en un país justo, necesitamos instituciones fuertes basadas en un Estado de Derecho. Instituciones pensadas para funcionar; con los mecanismos de control y balance necesarios para que sean efectivas. Lamentablemente esto no es lo que tenemos en la actualidad y las víctimas lo han confirmado de forma dramática.
En mi opinión, el problema nace de la superficialidad con la que organizamos la administración pública. Normalmente salimos a poner parches para tapar crisis, pero no pensamos qué hacer para que todo funcione bien de forma permanente. Pensamos que si aprobamos una ley que dice que los funcionarios tienen que hacer algo, lo van a hacer.En los casos recientes se desnuda con claridad las causas de la ineficiencia institucional que tenemos.
En ambos casos nos encontramos con un problema de conflicto de intereses, el cual siempre lo acaba pagando el usuario o consumidor del sistema. Veamos uno a uno.
En el sector salud, el gobierno tiene a su cargo regular el sector y proveer los servicios y medicinas. Obviamente ambas funciones son contradictorias. Si el Ministro de Salud cierra el laboratorio de producción de medicinas del Seguro Social, tiene un problema político y económico en sus manos. Si la CSS registra los medicamentos que produce, entonces tiene un problema económico en sus manos. Ambos soslayaron un imperativo de la ley, para lograr otro imperativo de la ley: proveer las medicinas. Tomaron un riesgo en cabeza de los pacientes.
En el sector transporte, los transportistas son miembros de la junta directiva de la Autoridad que los tiene que regular. El conflicto de intereses es enorme. Si la Autoridad aplica la ley, le amarran las manos en la directiva. Y para colmo de males, los diputados que son transportistas están en la comisión de transporte de la Asamblea Nacional, lo que trae a colación otro conflicto de interés.
El primer caso es un conflicto de intereses que surge del estatismo con que se ha manejado la provisión de servicios de salud. El segundo, es un conflicto de intereses que surge del corporativismo con el que se ha estado organizando el Estado panameño. Ambos son sistemas ineficientes y superados desde el punto de vista intelectual y factual. Y es que se hace casi imposible separar funciones cuando estas tienen, al final, al mismo responsable: el Estado o el sector privado.
Este tema del conflicto de intereses es un tema que va íntimamente ligado a la inexistencia del Estado de Derecho. Pero ¿qué es el Estado de Derecho? ¿No significa esto que nos regimos por leyes? ¿No tenemos en Panamá leyes que regulan los sectores de salud y transporte? Pues sí y no.
El Estado de Derecho implica todas las siguientes cosas: el imperio de la ley (es decir, la ley está por encima de todos y de todo), las garantías a la libertad individual (el Estado no puede meterse en áreas que le corresponden a la persona humana), la igualdad ante la ley y el debido proceso judicial. En Panamá, lamentablemente, ninguna de estas cosas se da y los casos del tránsito y la salud lo demuestran.
El imperio de la ley no se dio (y no se da) desde el momento en que se han otorgado cupos para buses que no cumplen con los requisitos para el transporte colectivo y desde que se produjo y entregó medicinas sin cumplir con el registro sanitario y los protocolos de fabricación de dichos productos.No hay garantías a la libertad individual, porque la principal garantía, la del derecho a la vida, fue violentado por el propio Estado en ambos casos. La actuación del Ministerio Público demuestra que no existe igualdad ante la ley: no es igual el trato que le dan al busero y a los empresarios que el que le dan al funcionario (porque así lo dispone la ley). Por último, no existe la garantía del debido proceso judicial, porque tanto a nivel administrativo como a nivel judicial, quienes llevan a cabo las investigaciones son juez y parte. Los funcionarios de la ATTT y del Ministerio de Salud, por un lado, investigan administrativamente lo sucedido, a pesar de ser parte de los hechos lamentables. Por el otro lado, el Ministerio Público investiga los delitos, pero actúa también como si fuera juez de la sumaria, producto del sistema inquisitivo que rige el proceso penal.
Lo más probable es que se tomen medidas para hacer funcionar el sistema, pero sin cambiarlo en su punto más álgido: el conflicto de interés. Veremos cómo se trata de hacer mejor lo que no se debe hacer. Pero, como no puedo dejar de ser un soñador, ojalá las muertes de estos seres humanos que vivían entre nosotros no sea en vano. Ojalá que sirva para cambiar el sistema y no para poner parches. Ojalá que sirva para que el Estado panameño se ponga los pantalones largos del desarrollo, acabe con los sistemas plagados de conflicto de interés y, que de las tumbas de estos mártires, nazca el Estado de Derecho. Ojalá...
Por Carlos Ernesto González Ramírez, de la Fundación Libertad de Panamá
"No hay nada más inútil como hacer eficientemente aquello que no se debiera hacer" Peter Drucker
Las víctimas de nuestros sistemas de salud y de transporte público han pagado con su vida la falta de institucionalidad funcional y de un Estado de Derecho en Panamá. Lo triste es que no es la primera vez que esto sucede. Aparte de las víctimas diarias del transporte público, hace algún tiempo tuvimos un grupo de pacientes del oncológico, los cuales murieron de sobreradiación.
Si los panameños queremos vivir en una economía desarrollada y en un país justo, necesitamos instituciones fuertes basadas en un Estado de Derecho. Instituciones pensadas para funcionar; con los mecanismos de control y balance necesarios para que sean efectivas. Lamentablemente esto no es lo que tenemos en la actualidad y las víctimas lo han confirmado de forma dramática.
En mi opinión, el problema nace de la superficialidad con la que organizamos la administración pública. Normalmente salimos a poner parches para tapar crisis, pero no pensamos qué hacer para que todo funcione bien de forma permanente. Pensamos que si aprobamos una ley que dice que los funcionarios tienen que hacer algo, lo van a hacer.En los casos recientes se desnuda con claridad las causas de la ineficiencia institucional que tenemos.
En ambos casos nos encontramos con un problema de conflicto de intereses, el cual siempre lo acaba pagando el usuario o consumidor del sistema. Veamos uno a uno.
En el sector salud, el gobierno tiene a su cargo regular el sector y proveer los servicios y medicinas. Obviamente ambas funciones son contradictorias. Si el Ministro de Salud cierra el laboratorio de producción de medicinas del Seguro Social, tiene un problema político y económico en sus manos. Si la CSS registra los medicamentos que produce, entonces tiene un problema económico en sus manos. Ambos soslayaron un imperativo de la ley, para lograr otro imperativo de la ley: proveer las medicinas. Tomaron un riesgo en cabeza de los pacientes.
En el sector transporte, los transportistas son miembros de la junta directiva de la Autoridad que los tiene que regular. El conflicto de intereses es enorme. Si la Autoridad aplica la ley, le amarran las manos en la directiva. Y para colmo de males, los diputados que son transportistas están en la comisión de transporte de la Asamblea Nacional, lo que trae a colación otro conflicto de interés.
El primer caso es un conflicto de intereses que surge del estatismo con que se ha manejado la provisión de servicios de salud. El segundo, es un conflicto de intereses que surge del corporativismo con el que se ha estado organizando el Estado panameño. Ambos son sistemas ineficientes y superados desde el punto de vista intelectual y factual. Y es que se hace casi imposible separar funciones cuando estas tienen, al final, al mismo responsable: el Estado o el sector privado.
Este tema del conflicto de intereses es un tema que va íntimamente ligado a la inexistencia del Estado de Derecho. Pero ¿qué es el Estado de Derecho? ¿No significa esto que nos regimos por leyes? ¿No tenemos en Panamá leyes que regulan los sectores de salud y transporte? Pues sí y no.
El Estado de Derecho implica todas las siguientes cosas: el imperio de la ley (es decir, la ley está por encima de todos y de todo), las garantías a la libertad individual (el Estado no puede meterse en áreas que le corresponden a la persona humana), la igualdad ante la ley y el debido proceso judicial. En Panamá, lamentablemente, ninguna de estas cosas se da y los casos del tránsito y la salud lo demuestran.
El imperio de la ley no se dio (y no se da) desde el momento en que se han otorgado cupos para buses que no cumplen con los requisitos para el transporte colectivo y desde que se produjo y entregó medicinas sin cumplir con el registro sanitario y los protocolos de fabricación de dichos productos.No hay garantías a la libertad individual, porque la principal garantía, la del derecho a la vida, fue violentado por el propio Estado en ambos casos. La actuación del Ministerio Público demuestra que no existe igualdad ante la ley: no es igual el trato que le dan al busero y a los empresarios que el que le dan al funcionario (porque así lo dispone la ley). Por último, no existe la garantía del debido proceso judicial, porque tanto a nivel administrativo como a nivel judicial, quienes llevan a cabo las investigaciones son juez y parte. Los funcionarios de la ATTT y del Ministerio de Salud, por un lado, investigan administrativamente lo sucedido, a pesar de ser parte de los hechos lamentables. Por el otro lado, el Ministerio Público investiga los delitos, pero actúa también como si fuera juez de la sumaria, producto del sistema inquisitivo que rige el proceso penal.
Lo más probable es que se tomen medidas para hacer funcionar el sistema, pero sin cambiarlo en su punto más álgido: el conflicto de interés. Veremos cómo se trata de hacer mejor lo que no se debe hacer. Pero, como no puedo dejar de ser un soñador, ojalá las muertes de estos seres humanos que vivían entre nosotros no sea en vano. Ojalá que sirva para cambiar el sistema y no para poner parches. Ojalá que sirva para que el Estado panameño se ponga los pantalones largos del desarrollo, acabe con los sistemas plagados de conflicto de interés y, que de las tumbas de estos mártires, nazca el Estado de Derecho. Ojalá...
