February 18, 2007
Aula Bastiat : Intervención + Intervención = Intervención
La intervención del gobierno en la economía toma la forma de una espiral muy predecible. Todo comienza cuando el gobierno se pone a dictar normas innecesarias, generalmente con la esperanza de atraerse el favor de determinados grupos, sobre todo si son numerosos. Como las normas no pueden prever las circunstancias de tiempo y lugar, ni tomar en cuenta las preferencias individuales de la gente, no obtienen los resultados esperados.
El gobierno entonces atribuye el fracaso a algún villano, y dicta más normas que tampoco consiguen los resultados. El proceso sigue y las normas se van acumulando. Muy ocasionalmente llega un gobierno que manda las normas a paseo, con lo que se resuelve el problema. Pero la normal es que las normas se mantengan, aunque sean eliminadas las más perjudiciales.
Todo esto viene a cuento de una noticia que leí hace una dos semanas en la prensa española. Hay dos Comunidades Autónomas que van a imponer una multa de 9 euros diarios a quienes tengan pisos vacíos sin ponerlos en alquiler.
Esta es la segunda medida, en vista de que la primera fracasó rotundamente. Como comenté en su momento, la primera fue la creación de una entidad pública dedicada a la intermediación de alquileres. La última vez que leí sobre el tema, no había logrado alquilar ni siquiera un piso mensual por empleado ocupado en la misma.
Pensemos un poco en la medida de la multa, que puede parecer relativamente sencilla. El primer problema es definir legalmente qué es un piso vacío . Supongamos que yo vivo en Burgos y voy de vez en cuando a Madrid donde tengo un piso. En vez de pagar hotel voy a mi piso. ¿Será este un caso de piso vacío? Es sólo un ejemplo, pero las circunstancias individuales pueden ser muy variadas.
El otro gran problema es definir qué significa poner el piso en alquiler. ¿Poner anuncios semanales en los periódicos? ¿Hacer un contrato con una compañía especializada?
En cualquier caso, y una vez definidos los puntos pertinentes, los dueños encontrarán la forma de darle la vuelta a las reglamentaciones, bien sea que el piso se ocupe periódicamente, o pidiendo alquileres más altos de los que el arrendatario está dispuesto a pagar, o pagando la coima al Sherlock Holmes encargado de identificar pisos vacíos, o de cualquier otra forma.
Si la gente no quiere alquilar su piso es porque no se garantizan sus derechos de propiedad, entre ellos el de cobrar el alquiler y el de terminar la relación de arrendamiento. La solución es ridículamente sencilla: eliminar las leyes sobre alquileres y que propietarios y arrendatarios firmen contratos mutuamente aceptables.
Lo normal es que haya una mayoría de propietarios y arrendatarios racionales, que puedan llegar a acuerdos. Habrá una minoría de ambos grupos. Los propietarios que exijan demasiado no lograrán alquilar, y los arrendatarios excesivamente exigentes se quedarán sin piso. Con el tiempo, el mercado generará información suficiente para que todo el mundo sepa a que atenerse.
Este enfoque creará una gran variedad de contratos acomodados a las circunstancias particulares de cada uno de los actores. Claro que ningún gobierno lo aceptará. Equivaldría a perder una importante parcela de poder, y eso no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Además, si las cosas se pueden hacer complicadas, ¿qué sentido tiene hacerlas sencillas?
La intervención del gobierno en la economía toma la forma de una espiral muy predecible. Todo comienza cuando el gobierno se pone a dictar normas innecesarias, generalmente con la esperanza de atraerse el favor de determinados grupos, sobre todo si son numerosos. Como las normas no pueden prever las circunstancias de tiempo y lugar, ni tomar en cuenta las preferencias individuales de la gente, no obtienen los resultados esperados.
El gobierno entonces atribuye el fracaso a algún villano, y dicta más normas que tampoco consiguen los resultados. El proceso sigue y las normas se van acumulando. Muy ocasionalmente llega un gobierno que manda las normas a paseo, con lo que se resuelve el problema. Pero la normal es que las normas se mantengan, aunque sean eliminadas las más perjudiciales.
Todo esto viene a cuento de una noticia que leí hace una dos semanas en la prensa española. Hay dos Comunidades Autónomas que van a imponer una multa de 9 euros diarios a quienes tengan pisos vacíos sin ponerlos en alquiler.
Esta es la segunda medida, en vista de que la primera fracasó rotundamente. Como comenté en su momento, la primera fue la creación de una entidad pública dedicada a la intermediación de alquileres. La última vez que leí sobre el tema, no había logrado alquilar ni siquiera un piso mensual por empleado ocupado en la misma.
Pensemos un poco en la medida de la multa, que puede parecer relativamente sencilla. El primer problema es definir legalmente qué es un piso vacío . Supongamos que yo vivo en Burgos y voy de vez en cuando a Madrid donde tengo un piso. En vez de pagar hotel voy a mi piso. ¿Será este un caso de piso vacío? Es sólo un ejemplo, pero las circunstancias individuales pueden ser muy variadas.
El otro gran problema es definir qué significa poner el piso en alquiler. ¿Poner anuncios semanales en los periódicos? ¿Hacer un contrato con una compañía especializada?
En cualquier caso, y una vez definidos los puntos pertinentes, los dueños encontrarán la forma de darle la vuelta a las reglamentaciones, bien sea que el piso se ocupe periódicamente, o pidiendo alquileres más altos de los que el arrendatario está dispuesto a pagar, o pagando la coima al Sherlock Holmes encargado de identificar pisos vacíos, o de cualquier otra forma.
Si la gente no quiere alquilar su piso es porque no se garantizan sus derechos de propiedad, entre ellos el de cobrar el alquiler y el de terminar la relación de arrendamiento. La solución es ridículamente sencilla: eliminar las leyes sobre alquileres y que propietarios y arrendatarios firmen contratos mutuamente aceptables.
Lo normal es que haya una mayoría de propietarios y arrendatarios racionales, que puedan llegar a acuerdos. Habrá una minoría de ambos grupos. Los propietarios que exijan demasiado no lograrán alquilar, y los arrendatarios excesivamente exigentes se quedarán sin piso. Con el tiempo, el mercado generará información suficiente para que todo el mundo sepa a que atenerse.
Este enfoque creará una gran variedad de contratos acomodados a las circunstancias particulares de cada uno de los actores. Claro que ningún gobierno lo aceptará. Equivaldría a perder una importante parcela de poder, y eso no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Además, si las cosas se pueden hacer complicadas, ¿qué sentido tiene hacerlas sencillas?
