April 19, 2007
Crítica del Estado (3), Por Carlos Rodríguez Braun
Ahora es habitual apoyar la racionalización, el control de la burocracia y del gasto, pero a la vez el decir que hacer eficaz el sector público no significa necesariamente reducirlo. Esto es equívoco, porque existe una relación entre hipertrofia y eficacia, y porque las funciones que se ha abrogado el Estado impulsan su crecimiento.
Se ha extendido la privatización de empresas públicas, pero no se acepta para la educación, la salud o las pensiones. Sin embargo, las mismas razones que avalan una deberían avalar la otra.
Cada vez hay mayor consenso de que el sistema de pensiones vigente ( reparto o pay as you go ) está en problemas. Sin embargo, estas se afrontan superficialmente. En España los políticos acordaron el Pacto de Toledo, por el cual se trataba de resolver el desequilibrio financiero bajando las prestaciones y aumentando las cotizaciones. Esto prolonga la vida pero no resuelve el problema. La única solución es pasar a un sistema de capitalización.
Una línea para tratar de salvar el estado del bienestar es tratar de invertir los incentivos perversos que genera. Esto requiere, por ejemplo, una reducción de las prestaciones y un endurecimiento de las condiciones necesarias para recibirlas. Pero esto no es tan sencillo. Si no hay una discusión sobre los objetivos del Estado, no habrá razón para endurecer el sistema.
Es curioso que la gente suele estar más insatisfecha con lo que provee el Estado, pese a su aparente gratuidad, que con lo que compra en el mercado. Es muy posible que esto se deba al mecanismo de los precios. El mercado no suele desperdiciar recursos, El Estado lo hace a manos llenas.
Cualquier cosa puede privatizarse, siempre que se respeten los principios tradicionales del derecho. Hay quienes arguyen que si se privatiza el transporte ferroviario empeorará la seguridad, porque a los dueños sólo les interesan las ganancias. Esto es absurdo, ya que supone que los dueños son suicidas que van a perder su negocio y grandes sumas en indemnizaciones. Por otro lado, es un hecho notorio que las instalaciones privadas suelen estar mejor mantenidas que las públicas.
Por ejemplo, la seguridad social se llama en muchas partes “el seguro”. El esquema de un seguro es simple. Uno paga primas y recibe pagos en ciertas eventualidades. La lógica económica es clara y las responsabilidades también. Si yo quiero más cobertura, pago más prima. Pero las pensiones públicas no tienen nada que ver con este esquema. Son un asunto estrictamente político. El juego de los políticos sólo funciona cuando hay muchos cotizantes y pocos pensionistas.
La dificultad para reformar el Estado puede sintetizarse así : Los gobernantes se resisten a subir los impuestos, porque pierden las elecciones, y anuncian que los bajarán, para ganarlas, pero al mismo tiempo se resisten a bajar el gasto público, porque pierden las elecciones, y tienden a subirlo, para ganarlas.
El Estado tiene funciones que cumplir, pero sólo puede hacerlo si está limitado, y está noción es la base de la doctrina liberal.
En el fondo, todos somos liberales clásicos en la medida en que afirmaremos, por ejemplo, que la violación, la esclavitud y el robo están mal. No admitiremos argumentos utilitarios, ni democráticos, ni redistributivos. Pero cuando pasamos al Estado intervencionista y redistribuidor, esos mismos principios ya no parecen tan firmes. Los ciudadanos votan a favor del aumento del gasto público, porque creen que se van a beneficiar. Sólo que no es posible que se beneficien todos. Alguien tiene que pagar.
Cada vez más el Estado se dedica a la protección de grupos específicos. Así se ha creado la alianza entre dirigentes, funcionarios y grupos de presión. Los grupos que consiguen protección no son los que más lo necesitan sino los que más presionan. Por otro lado, en la negociación nunca están los que pagan, los contribuyentes.
Siempre hay que tener presente las consecuencias no deseadas de la intervención estatal. Por ejemplo, si las autoridades congelan los alquileres, pasan tres cosas. Primero, desaparece el mercado de viviendas de alquiler. Segundo, se fuerza a convertirse en propietarios de viviendas a personas que no lo desean. Tercero, desaparece el mantenimiento de las viviendas con alquileres congelados.
La brecha entre lo que se ve y lo que no se ve propicia el intervencionismo y la influencia de los grupos de presión. Los empleos creados por el gasto público en una institución son visibles, pero los destruidos por los impuestos que hay que cobrar son invisibles.
Los intervencionistas se consideran moderados, pero la verdad es que el Estado actual se parece bastante a lo que había en la Edad Media, es decir, derechos y privilegios para grupos.
En el Estado actual, la ley ha pasado a ser una espada de Damocles. Hay demasiadas leyes. Su propia multiplicidad, complejidad y severidad estimulan su violación. No habrá reforma del Estado mientras las leyes no cumplan las condiciones de generalidad, abstracción, claridad, y justicia.
La expansión del Estado limita la libertad y amplía el poder de los políticos. La pasión por la igualdad de resultados mina la responsabilidad personal y favorece el crecimiento estatal.
( Estado contra mercado, Taurus, 2000, Pag. 104-124 )
Ahora es habitual apoyar la racionalización, el control de la burocracia y del gasto, pero a la vez el decir que hacer eficaz el sector público no significa necesariamente reducirlo. Esto es equívoco, porque existe una relación entre hipertrofia y eficacia, y porque las funciones que se ha abrogado el Estado impulsan su crecimiento.
Se ha extendido la privatización de empresas públicas, pero no se acepta para la educación, la salud o las pensiones. Sin embargo, las mismas razones que avalan una deberían avalar la otra.
Cada vez hay mayor consenso de que el sistema de pensiones vigente ( reparto o pay as you go ) está en problemas. Sin embargo, estas se afrontan superficialmente. En España los políticos acordaron el Pacto de Toledo, por el cual se trataba de resolver el desequilibrio financiero bajando las prestaciones y aumentando las cotizaciones. Esto prolonga la vida pero no resuelve el problema. La única solución es pasar a un sistema de capitalización.
Una línea para tratar de salvar el estado del bienestar es tratar de invertir los incentivos perversos que genera. Esto requiere, por ejemplo, una reducción de las prestaciones y un endurecimiento de las condiciones necesarias para recibirlas. Pero esto no es tan sencillo. Si no hay una discusión sobre los objetivos del Estado, no habrá razón para endurecer el sistema.
Es curioso que la gente suele estar más insatisfecha con lo que provee el Estado, pese a su aparente gratuidad, que con lo que compra en el mercado. Es muy posible que esto se deba al mecanismo de los precios. El mercado no suele desperdiciar recursos, El Estado lo hace a manos llenas.
Cualquier cosa puede privatizarse, siempre que se respeten los principios tradicionales del derecho. Hay quienes arguyen que si se privatiza el transporte ferroviario empeorará la seguridad, porque a los dueños sólo les interesan las ganancias. Esto es absurdo, ya que supone que los dueños son suicidas que van a perder su negocio y grandes sumas en indemnizaciones. Por otro lado, es un hecho notorio que las instalaciones privadas suelen estar mejor mantenidas que las públicas.
Por ejemplo, la seguridad social se llama en muchas partes “el seguro”. El esquema de un seguro es simple. Uno paga primas y recibe pagos en ciertas eventualidades. La lógica económica es clara y las responsabilidades también. Si yo quiero más cobertura, pago más prima. Pero las pensiones públicas no tienen nada que ver con este esquema. Son un asunto estrictamente político. El juego de los políticos sólo funciona cuando hay muchos cotizantes y pocos pensionistas.
La dificultad para reformar el Estado puede sintetizarse así : Los gobernantes se resisten a subir los impuestos, porque pierden las elecciones, y anuncian que los bajarán, para ganarlas, pero al mismo tiempo se resisten a bajar el gasto público, porque pierden las elecciones, y tienden a subirlo, para ganarlas.
El Estado tiene funciones que cumplir, pero sólo puede hacerlo si está limitado, y está noción es la base de la doctrina liberal.
En el fondo, todos somos liberales clásicos en la medida en que afirmaremos, por ejemplo, que la violación, la esclavitud y el robo están mal. No admitiremos argumentos utilitarios, ni democráticos, ni redistributivos. Pero cuando pasamos al Estado intervencionista y redistribuidor, esos mismos principios ya no parecen tan firmes. Los ciudadanos votan a favor del aumento del gasto público, porque creen que se van a beneficiar. Sólo que no es posible que se beneficien todos. Alguien tiene que pagar.
Cada vez más el Estado se dedica a la protección de grupos específicos. Así se ha creado la alianza entre dirigentes, funcionarios y grupos de presión. Los grupos que consiguen protección no son los que más lo necesitan sino los que más presionan. Por otro lado, en la negociación nunca están los que pagan, los contribuyentes.
Siempre hay que tener presente las consecuencias no deseadas de la intervención estatal. Por ejemplo, si las autoridades congelan los alquileres, pasan tres cosas. Primero, desaparece el mercado de viviendas de alquiler. Segundo, se fuerza a convertirse en propietarios de viviendas a personas que no lo desean. Tercero, desaparece el mantenimiento de las viviendas con alquileres congelados.
La brecha entre lo que se ve y lo que no se ve propicia el intervencionismo y la influencia de los grupos de presión. Los empleos creados por el gasto público en una institución son visibles, pero los destruidos por los impuestos que hay que cobrar son invisibles.
Los intervencionistas se consideran moderados, pero la verdad es que el Estado actual se parece bastante a lo que había en la Edad Media, es decir, derechos y privilegios para grupos.
En el Estado actual, la ley ha pasado a ser una espada de Damocles. Hay demasiadas leyes. Su propia multiplicidad, complejidad y severidad estimulan su violación. No habrá reforma del Estado mientras las leyes no cumplan las condiciones de generalidad, abstracción, claridad, y justicia.
La expansión del Estado limita la libertad y amplía el poder de los políticos. La pasión por la igualdad de resultados mina la responsabilidad personal y favorece el crecimiento estatal.
( Estado contra mercado, Taurus, 2000, Pag. 104-124 )
