May 18, 2007

 
Compite Panamá ¿Para qué?

Por Raúl Eduardo Molina, de la Fundación Libertad de Panamá

En el mundo actual, el éxito o fracaso comercial de una empresa se determina por la eficiencia y la competitividad de la misma, pero el Estado frecuentemente interviene para premiar la ineficiencia de quienes se negaron a hacer las inversiones e incurrir en esfuerzos empresariales para hacerse competitivos y eficientes.
Imaginemos que un importante promotor internacional de boxeo anuncia la celebración de un combate en Panamá entre dos conocidos boxeadores para varios meses después del anuncio. A partir de ese momento el boxeador serio, el concienzudo, inicia sus entrenamientos con seriedad, mientras el boxeador parrandero no entrena y además se dedica a una vida de parrandas, con comidas y bebidas.
Llegado el día de la pelea, todo el público puede apreciar las excelentes condiciones físicas del boxeador serio, mientras lamentan el deplorable estado físico del boxeador parrandero. Al iniciar el combate, de forma totalmente previsible, el boxeador serio empieza golpeando al parrandero, mientras que éste es incapaz, por sus lamentables condiciones físicas, de esquivar o acertar un solo golpe.
Al terminar el primer asalto, el boxeador parrandero se dirige al árbitro y éste detiene el combate, pero no para otorgarle la victoria al boxeador serio, sino para quitarle 79 puntos al boxeador serio a fin de equilibrar el combate. Evidentemente, tanto el promotor, como el público y los propios jueces de la pelea se sienten molestos por esta absurda decisión del árbitro.
Algo muy similar ha ocurrido en Panamá, donde una empresa productora de materiales de empaque para la industria de galletas, golosinas, alimentos, etc. gozó de un contrato de suministro en condiciones de exclusividad por un extenso período de 5 años con su principal cliente.

Pero lejos de utilizar dicho período para hacer las inversiones necesarias que lo hicieran más eficiente y competitivo, esperó con negligencia el vencimiento de dicho contrato y cuando su cliente buscó en el mercado internacional un suplidor que ofreciera mejores precios y calidad, ésta empresa buscó la protección del Gobierno Nacional al amparo del Acuerdo de Salvaguardias de la OMC.

Y se premió la negligencia de estos empresarios otorgándoles un salvaguardia que es un castigo a las industrias que utilizan la materia prima producida por la empresa ineficiente ;dicha salvaguardia consiste en aplicar una sobretasa del 79% adicional al valor CIF de ese producto cuando se importe a Panamá, más el arancel aplicable.
Este Acuerdo de Salvaguardias exige, sin embargo, el cumplimiento de requisitos previos muy estrictos para la aplicación de dicha medida, y en ausencia de dichos requisitos la medida es inaplicable. Entre estos requisitos está el hacer un estudio o investigación exhaustiva, con participación de todas las personas afectadas directa o indirectamente para determinar si la medida sería o no de interés público.
Ese interés público se refiere al impacto económico que dicha Salvaguardia tendrá en la industria nacional que usa dichos productos como materia prima, así como en el costo que dicha medida tendrá sobre el consumidor final de los bienes que utilizan dicha materia prima en su proceso productivo.
En el caso referido, el ente gubernamental encargado de este estudio, no solo omitió hacerlo, sino que además nos indica que el “interés público no solo se circunscribe al interés de los consumidores”, por lo que infiero que para dicha entidad, el interés particular de la mencionada empresa ineficiente y sus accionistas, es más acorde con el concepto de interés público que el interés de 3 millones de consumidores y de otras industrias nacionales que han buscado mejorar su eficiencia y competitividad para incursionar en los mercados internacionales, creyendo en la campaña o programa de competitividad impulsada desde el propio gobierno nacional.
El mensaje oculto en esta decisión gubernamental es que Panamá, a pesar de las promesas de altos funcionarios gubernamentales, no es un sitio propicio para las inversiones internacionales y además, de nada sirve a los empresarios e industriales establecidos en Panamá mejorar su eficiencia, pues el Estado volcará todos sus recursos y tergiversará la ley para favorecer a los privilegiados de siempre.
Por ello, ante la campaña denominada “Compite Panamá”, me pregunto ¿Para qué?Sin embargo, el Gobierno Nacional aún puede rectificar y derogar la absurda medida, antes que el daño causado sea mayor y antes de que los países vecinos consideren la acción panameña un acto hostil y al margen de las normas internacionales que regulan el comercio internacional, lo que les dará el derecho a aplicar medidas de retaliación contra empresas, productos y servicios originados en Panamá y además, llevar la disputa ante los organismos internacionales. Señores Gobernantes, tienen la palabra.

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