June 05, 2007

 
Propiedad privada y derechos humanos

Por Olmedo Miró, de la Fundación Libertad de Panamá

Una cosa que hay que tener claro en la "no renovación" (y/o confiscación) de la licencia de RCTV en Venezuela es que en ningún momento se le ha tratado de conculcar el "derecho" a la libertad de expresión de los afectados (empleados y periodistas de RCTV) sino que sólo se le ha negado el derecho de transmitir en una frecuencia que, de hecho, es propiedad del estado venezolano.

Cualquiera que me quiera acusar de que lo que propongo es una verdad de fanfarrón, ya que total "para efectos es lo mismo, ¿no?", tiene razón y a la vez no la tiene. Sí, para los efectos es lo mismo, pero confundir el orden de los factores y ver la situación de RCTV como un problema de conculcar los derechos de libertad de expresión y no como una conculcación de los derechos de propiedad privada falla en reconocer la realidad de que, sin los derechos de propiedad, los derechos de libertad de expresión y los derechos humanos en general dejan de tener sentido práctico. El derecho de propiedad es un derecho supremo por medio del cual se convierten en una realidad "práctica" todos los demás derechos.

Human Rights Watch en un comunicado reconocía "el derecho del Estado venezolano a administrar sus frecuencias"; sin embargo condenaba su decisión de no renovar la licencia. Bueno, señores humanistas, ¿qué piensan de la vida?

Desconocer la supremacía de los derechos de propiedad convierte esa crítica del cierre de RCTV en una mera crítica de "prácticas administrativas del estado venezolano" que al final es algo tan subjetivo como cuál es el color más bonito. En un caso así, los principios del derecho a expresarse quedan limitados a la "buena voluntad" del gobernante de turno, propietario absoluto del medio (frecuencia) que los hace posible. Total, el objetivo del gobierno de Venezuela de convertir "su" frecuencia, que usaba RCTV, en un canal "cultural" también es válido, algunos dirán.

Decía un comentarista que el gobierno de Chávez no es más que la conjunción de todo el discurso colectivista de los políticos venezolanos a través de décadas. Esto no sólo aplica a Venezuela sino al mundo en general. Es el resultado de una educación colectivista sobre el mito del Estado como el conjunto de todas nuestras voluntades: "el estado somos todos".
Esta educación olvida plantear que la voluntad sólo y exclusivamente puede emanar del "individuo" y que sólo se puede manifestar a través de sus posesiones materiales y el reconocimiento a su derecho a poseerlas. Cualquier conculcación o condicionamiento de ese derecho a una supuesta voluntad popular o colectiva es en violación a su personalidad como ser humano.

En Panamá, a través de la historia, por ejemplo, a pesar de que la Constitución nos garantiza el derecho a la libre expresión todos saben que debemos "cuidar nuestras palabras" al criticar a nuestros gobernantes porque aún sin las "leyes mordaza" su poder decisorio sobre nuestras vidas es grande. Desde el que es un empleado público, el que busca un contrato con el estado, alguna licencia, etc., sabe lo que les estoy hablando.
No es necesario que el estado (nuestros gobernantes) nos encarcelen para callar nuestra libre expresión, sólo hace falta que le "den el puesto a otro". Esto no es una crítica a un gobierno en particular, es una crítica a una mentalidad que reconoce al colectivo como fin supremo y no al individuo. Y sí, reconozco, hay gobernantes "buena gente" que no escatiman utilizar todos los recursos a su disposición para suprimirnos pero llegará un día cuando nos toque alguien que no sea tan "buena gente".

Cuando los fundadores de la democracia más exitosa de la historia, Estados Unidos, pensaron en esto, ellos diseñaron su sistema basado no en la "buena voluntad" de sus gobernantes sino en el vigor y carácter de los individuos producto del sagrado e inalienable derecho a poseer medios físicos. Así, se cancela mutuamente la tentación a la tiranía.
Débil tirano será aquel que no tenga control de los bienes de los que tiraniza. De allí el derecho a la propiedad como derecho primario. Y esa es la verdadera tragedia de Venezuela y la de toda Latinoamérica; que no reconocemos lo verdaderamente fundamental y por lo tanto seguimos por las ramas.

Si no reconocemos que el quebranto de derechos es más fundamental, siempre se podrá decir que a los periodistas de RCTV todavía les quedan las bancas del parque para expresarse libremente o sea que, ¿de qué se quejan? Pensándolo bien, ¿no son las bancas del parque propiedad del estado? ¡ Qué lástima que aún no vemos el meollo del problema!

Comments:
El argentino Diego Goldman, también escribió sobre ello en su blog. Distinguía entre la mera licencia de la frecuencia y el ser propietario de ella. Son dos cosas totalmente distinta.
Cuando ocurrió lo del cierre de RCTV, me acordé Murrey Rothbar, quien en su manifiesto libertario aborda el uso de las frecuecias de radio. Obviamente para él, las empresas que se dedican ese rubro, deberían ser propetiarios, ya sea radio o TV.
 
Javier: La conclusión es clara. Si el Estado es el propietario de las frecuencias, tarde o temprano vendrá un gobierno que hará lo que le dé la gana. Donde no hay propiedad, la libertad estará siempre amenazada.
 
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