July 27, 2007
Consecuencias morales del expansionismo estatal
( Artículo del autor, publicado recientemente en el diario La Prensa)
El Estado expansionista o social se contrapone al Estado limitado. Este último tiene definidos los asuntos de los que se ocupa. El resto queda a la libre iniciativa de los ciudadanos. El Estado social proclama, al menos en teoría, que su objetivo es lograr el bienestar integral de los ciudadanos. Como quiera que este bienestar no admite limitación, el Estado que pretende lograrlo tendrá cada vez más instituciones, más personal y más presupuesto. En efecto, ¿quién en su sano juicio se va a oponer a que se mejore el bienestar de la gente?
Aunque se discuten con alguna frecuencia las consecuencias económicas de este tipo de Estado, pienso que son más relevantes las consecuencias morales. A fin de cuentas, la economía es el resultado de nuestras acciones, que a su vez dependen de nuestros valores y de los incentivos que afectan nuestra actividad.
Comencemos por los ciudadanos en general. Hace ya unos 150 años Bastiat señaló que “el Estado es la gran ficción, mediante la cual todo el mundo pretende vivir a costa de todos los demás”. Y un mandatario europeo señaló que en el Estado social “todo el mundo termina con la mano metida en el bolsillo de otro”. En pocas palabras, El Estado social anima al ciudadano a reclamar más bien que a trabajar y esforzarse.
Los gobernantes suelen justificar el aumento del gasto público mediante el argumento de que es necesario para ayudar a los pobres. Este fue el argumento principal de la última “reforma” tributaria. Yo me pregunto qué porcentaje de los fondos adicionales obtenidos se ha dedicado a los pobres, aunque sospecho que es muy bajo. Y es que el Estado social fomenta la lucha de los grupos de presión por lograr una mayor parte del pastel del presupuesto público. Y como los más pobres ni están organizados ni tienen capacidad de presión, suelen contar poco o nada.
El Estado social tiende a ofrecer servicios dirigidos por una burocracia que establece todos los detalles y no deja ningún resquicio a la libertad del ciudadano. Esto se ve claramente, por ejemplo, en la educación, la atención médica y las pensiones. En estas últimas, el ciudadano no tiene el menor grado de libertad. No puede jubilarse antes, sea contribuyendo más o recibiendo una pensión menor. Si esta dentro del plan de cuentas individuales, no tiene derecho a decidir cómo quiere que se inviertan sus fondos. Lo mismo puede decirse, mutatis mutandis, respecto a la educación y a la atención médica.
Otro efecto importante del Estado social es que tiende a reducir la responsabilidad y la iniciativa del ciudadano. En efecto, si el Estado se ocupa de supervisar y vigilar todos los asuntos que inciden sobre la vida del ciudadano, este tenderá a descansar en el Estado. Pondré un solo ejemplo. Hace algunos años decidí dejar el condominio donde vivía y mudarme a una casa. Recorrí una buena cantidad de urbanizaciones. Lo que más me llamó la atención fue la gran cantidad de casas que, a mi parecer, estaban expuestas a demasiados riesgos, y que yo nunca compraría. La única explicación que encontré es que probablemente los compradores confiaban en que, como las casas contaban con los permisos e inspecciones oficiales, los riesgos estaban bajo control.
Si cambiamos de tema y nos referimos a los empleados públicos, podemos observar claras inequidades entre diferentes grupos, que se generan a partir de su capacidad de presionar y no de trabajar. Mientras que hay grupos que tienen aumentos saláriales automáticos, y que además reclaman periódicamente aumentos adicionales, otros pueden quedarse con el mismo salario durante cinco, diez o quince años. El mensaje, terriblemente destructor, es que no se logran mejores salarios a través del trabajo más productivo sino mediante la presión que no pocas veces roza el chantaje. Por cierto, cuando se dan esos aumentos, nunca se consulta a los dueños del dinero.
Finalmente, si observamos el impacto del Estado sobre los negocios, encontraremos más de lo mismo. El Estado crea ganadores y perdedores a través de una serie de mecanismos intervencionistas como subsidios, ayudas, aranceles, incentivos, exenciones fiscales, concesiones administrativas, requisitos de operaciones, y muchos otros. Y cuanto más pequeño sea el país, más notorio será el impacto. Basta que cambie cualquiera de las disposiciones vigentes para que cambie la rentabilidad de diferentes negocios, con lo que se distorsiona totalmente la asignación de recursos en la economía.
Todo lo anterior lleva inevitablemente a la aparición de una casta de “empresarios” que no prosperan sirviendo las necesidades de los consumidores sino a través de la asociación con el poder político.
Total, que el Estado contribuye generosamente a la erosión de varios de los valores morales necesarios para una sociedad sana. Lo curioso es que, cuando se hace evidente la falta de estos valores, muchos reclaman la intervención del Estado para rescatarlos.
( Artículo del autor, publicado recientemente en el diario La Prensa)
El Estado expansionista o social se contrapone al Estado limitado. Este último tiene definidos los asuntos de los que se ocupa. El resto queda a la libre iniciativa de los ciudadanos. El Estado social proclama, al menos en teoría, que su objetivo es lograr el bienestar integral de los ciudadanos. Como quiera que este bienestar no admite limitación, el Estado que pretende lograrlo tendrá cada vez más instituciones, más personal y más presupuesto. En efecto, ¿quién en su sano juicio se va a oponer a que se mejore el bienestar de la gente?
Aunque se discuten con alguna frecuencia las consecuencias económicas de este tipo de Estado, pienso que son más relevantes las consecuencias morales. A fin de cuentas, la economía es el resultado de nuestras acciones, que a su vez dependen de nuestros valores y de los incentivos que afectan nuestra actividad.
Comencemos por los ciudadanos en general. Hace ya unos 150 años Bastiat señaló que “el Estado es la gran ficción, mediante la cual todo el mundo pretende vivir a costa de todos los demás”. Y un mandatario europeo señaló que en el Estado social “todo el mundo termina con la mano metida en el bolsillo de otro”. En pocas palabras, El Estado social anima al ciudadano a reclamar más bien que a trabajar y esforzarse.
Los gobernantes suelen justificar el aumento del gasto público mediante el argumento de que es necesario para ayudar a los pobres. Este fue el argumento principal de la última “reforma” tributaria. Yo me pregunto qué porcentaje de los fondos adicionales obtenidos se ha dedicado a los pobres, aunque sospecho que es muy bajo. Y es que el Estado social fomenta la lucha de los grupos de presión por lograr una mayor parte del pastel del presupuesto público. Y como los más pobres ni están organizados ni tienen capacidad de presión, suelen contar poco o nada.
El Estado social tiende a ofrecer servicios dirigidos por una burocracia que establece todos los detalles y no deja ningún resquicio a la libertad del ciudadano. Esto se ve claramente, por ejemplo, en la educación, la atención médica y las pensiones. En estas últimas, el ciudadano no tiene el menor grado de libertad. No puede jubilarse antes, sea contribuyendo más o recibiendo una pensión menor. Si esta dentro del plan de cuentas individuales, no tiene derecho a decidir cómo quiere que se inviertan sus fondos. Lo mismo puede decirse, mutatis mutandis, respecto a la educación y a la atención médica.
Otro efecto importante del Estado social es que tiende a reducir la responsabilidad y la iniciativa del ciudadano. En efecto, si el Estado se ocupa de supervisar y vigilar todos los asuntos que inciden sobre la vida del ciudadano, este tenderá a descansar en el Estado. Pondré un solo ejemplo. Hace algunos años decidí dejar el condominio donde vivía y mudarme a una casa. Recorrí una buena cantidad de urbanizaciones. Lo que más me llamó la atención fue la gran cantidad de casas que, a mi parecer, estaban expuestas a demasiados riesgos, y que yo nunca compraría. La única explicación que encontré es que probablemente los compradores confiaban en que, como las casas contaban con los permisos e inspecciones oficiales, los riesgos estaban bajo control.
Si cambiamos de tema y nos referimos a los empleados públicos, podemos observar claras inequidades entre diferentes grupos, que se generan a partir de su capacidad de presionar y no de trabajar. Mientras que hay grupos que tienen aumentos saláriales automáticos, y que además reclaman periódicamente aumentos adicionales, otros pueden quedarse con el mismo salario durante cinco, diez o quince años. El mensaje, terriblemente destructor, es que no se logran mejores salarios a través del trabajo más productivo sino mediante la presión que no pocas veces roza el chantaje. Por cierto, cuando se dan esos aumentos, nunca se consulta a los dueños del dinero.
Finalmente, si observamos el impacto del Estado sobre los negocios, encontraremos más de lo mismo. El Estado crea ganadores y perdedores a través de una serie de mecanismos intervencionistas como subsidios, ayudas, aranceles, incentivos, exenciones fiscales, concesiones administrativas, requisitos de operaciones, y muchos otros. Y cuanto más pequeño sea el país, más notorio será el impacto. Basta que cambie cualquiera de las disposiciones vigentes para que cambie la rentabilidad de diferentes negocios, con lo que se distorsiona totalmente la asignación de recursos en la economía.
Todo lo anterior lleva inevitablemente a la aparición de una casta de “empresarios” que no prosperan sirviendo las necesidades de los consumidores sino a través de la asociación con el poder político.
Total, que el Estado contribuye generosamente a la erosión de varios de los valores morales necesarios para una sociedad sana. Lo curioso es que, cuando se hace evidente la falta de estos valores, muchos reclaman la intervención del Estado para rescatarlos.
