August 29, 2007
Murray Rothbard : Concesiones monopólicas (5)
12. Leyes conservacionistas
Estas restringen el uso de recursos no renovables y obligan a los dueños a invertir en el mantenimiento de los recursos “naturales” renovables. El efecto es similar en ambos casos : la restricción de la producción presente para el supuesto beneficio de la producción futura.
El Estado decide que la generación presente debe dedicar al futuro más recursos que los que quiere dedicar; esto implica que el Estado tiene una visión de largo plazo mientras que los individuos se concentran sólo en el corto plazo.
La pregunta es por qué las generaciones futuras merecen un tratamiento privilegiado a pesar de que muy probablemente van a ser más ricas que las actuales. No existe una base racional para penalizar el consumo presente y privilegiar el futuro.
La mayoría de los argumentos conservacionistas demuestran poco conocimiento de la economía. Creen que los empresarios van a agotar los recursos y quedarse sin nada. Sólo el Estado sabio puede evitarlo. Esto es absurdo porque el valor presente de la tierra del empresario depende de las ganancias futuras. ¿Tendrán los empresarios menos visión que los burócratas sentados cómodamente sobre el dinero de los contribuyentes?
Otro error de los conservacionistas es asumir para el futuro una tecnología fija. Pero a medida que crece el conocimiento tecnológico, se multiplican los tipos de recursos utilizables.
Cuando el gobierno es el dueño de los recursos, se da una guerra de todos contra todos, porque cada quien quiere usar los recursos antes que se acaben. Un ejemplo típico son los bancos de pesca.
Por el contrario, cuando existe propiedad privada, el interés del propietario garantiza la explotación racional, ya que quiere maximizar el valor presente de cada recurso.
Las leyes conservacionistas restringen la producción y crean un privilegio monopolístico a favor de los dueños de ciertos recursos o los de recursos sustitutos. Un caso típico es el de los bosques. Al excluir de la producción una gran cantidad de madera se asegura un privilegio a favor de los dueños de este recurso.
13. Patentes
Una patente es un privilegio monopólico otorgado por el gobierno al primer descubridor de cierto tipo de inventos. Algunos de sus defensores arguyen que son derechos de propiedad sobre los inventos. Pero la defensa de la propiedad no requiere patentes.
Las patentes invaden los derechos de propiedad de los descubridores independientes posteriores a quien tiene la patente. Estos inventores posteriores no pueden emplear sus propias ideas y su propiedad.
El argumento más popular entre los economistas a favor de las patentes es que son necesarias para incentivar una cantidad suficientes de gastos de investigación para lograr innovaciones. El problema con este argumento es cómo se establece el estándar para decidir si los gastos son demasiados, demasiado pocos o los correctos. Los negocios producen para un mercado guiados por las valoraciones de los clientes. Los gastos de investigación se dan de acuerdo a la esperanza empresarial de retornos futuros.
Hay quienes creen que los procesos de mercado no promueven la innovación, que debe ser impuesta por el gobierno. Pero el mercado decide sobre la rapidez en la introducción de innovaciones de la misma forma que decide sobre cualquier otro asunto, mediante la evaluación de beneficios y costos.
No es en absoluto evidente que las patentes promuevan un mayor gasto en investigación. El primer descubridor se beneficia del privilegio, mientras que los competidores son excluidos de la producción en el área de la patente durante muchos años. Los últimos no intervienen por razones obvias mientras que quien tiene la patente puede aprovecharla sin inversión adicional. Los gastos de investigación son sobreestimulados inicialmente y restringidos posteriormente.
Por otro lado, el sistema estimula artificialmente el gasto de investigación en las áreas patentables y lo restringe en las no patentables.
Finalmente, quienes creen que no se gasta suficiente en investigación tienen una solución sencilla. Son totalmente libres para efectuar esos gastos ellos mismos. Si están convencidos de que se necesita más innovación, nada les impide unirse y financiar aquellos esfuerzos que les parezcan más promisorios.
14. El derecho del dominio eminente
El gobierno es el titular original del “derecho del dominio eminente”, lo que indica que el derecho a la propiedad privada no está firmemente establecido. Y cuando el gobierno confiere el derecho a un negocio le está dando el privilegio de tomar una propiedad por la fuerza.
El uso de este privilegio distorsiona seriamente la estructura de la producción. En vez de estar determinada por el intercambio voluntario, la propiedad individual y la satisfacción eficiente de las preferencias del consumidor, los precios y la asignación de los recursos productivos son determinados por la fuerza bruta y el favor del gobierno. El resultado es un exceso de inversión en la firma o industria privilegiadas y la falta de la misma en otras firmas o industrias.
Muchos defensores del dominio eminente arguyen que la “sociedad”, en último análisis, tiene el derecho de utilizar cualquier tierra para “sus” propósitos. Pero, dado que la “sociedad” no existe como entidad, el que utiliza la tierra es el gobierno y aquellos a quienes este les otorga el privilegio.
( Power & Market, Sheed Andrews and McMeel, 1977, 63-67 )
12. Leyes conservacionistas
Estas restringen el uso de recursos no renovables y obligan a los dueños a invertir en el mantenimiento de los recursos “naturales” renovables. El efecto es similar en ambos casos : la restricción de la producción presente para el supuesto beneficio de la producción futura.
El Estado decide que la generación presente debe dedicar al futuro más recursos que los que quiere dedicar; esto implica que el Estado tiene una visión de largo plazo mientras que los individuos se concentran sólo en el corto plazo.
La pregunta es por qué las generaciones futuras merecen un tratamiento privilegiado a pesar de que muy probablemente van a ser más ricas que las actuales. No existe una base racional para penalizar el consumo presente y privilegiar el futuro.
La mayoría de los argumentos conservacionistas demuestran poco conocimiento de la economía. Creen que los empresarios van a agotar los recursos y quedarse sin nada. Sólo el Estado sabio puede evitarlo. Esto es absurdo porque el valor presente de la tierra del empresario depende de las ganancias futuras. ¿Tendrán los empresarios menos visión que los burócratas sentados cómodamente sobre el dinero de los contribuyentes?
Otro error de los conservacionistas es asumir para el futuro una tecnología fija. Pero a medida que crece el conocimiento tecnológico, se multiplican los tipos de recursos utilizables.
Cuando el gobierno es el dueño de los recursos, se da una guerra de todos contra todos, porque cada quien quiere usar los recursos antes que se acaben. Un ejemplo típico son los bancos de pesca.
Por el contrario, cuando existe propiedad privada, el interés del propietario garantiza la explotación racional, ya que quiere maximizar el valor presente de cada recurso.
Las leyes conservacionistas restringen la producción y crean un privilegio monopolístico a favor de los dueños de ciertos recursos o los de recursos sustitutos. Un caso típico es el de los bosques. Al excluir de la producción una gran cantidad de madera se asegura un privilegio a favor de los dueños de este recurso.
13. Patentes
Una patente es un privilegio monopólico otorgado por el gobierno al primer descubridor de cierto tipo de inventos. Algunos de sus defensores arguyen que son derechos de propiedad sobre los inventos. Pero la defensa de la propiedad no requiere patentes.
Las patentes invaden los derechos de propiedad de los descubridores independientes posteriores a quien tiene la patente. Estos inventores posteriores no pueden emplear sus propias ideas y su propiedad.
El argumento más popular entre los economistas a favor de las patentes es que son necesarias para incentivar una cantidad suficientes de gastos de investigación para lograr innovaciones. El problema con este argumento es cómo se establece el estándar para decidir si los gastos son demasiados, demasiado pocos o los correctos. Los negocios producen para un mercado guiados por las valoraciones de los clientes. Los gastos de investigación se dan de acuerdo a la esperanza empresarial de retornos futuros.
Hay quienes creen que los procesos de mercado no promueven la innovación, que debe ser impuesta por el gobierno. Pero el mercado decide sobre la rapidez en la introducción de innovaciones de la misma forma que decide sobre cualquier otro asunto, mediante la evaluación de beneficios y costos.
No es en absoluto evidente que las patentes promuevan un mayor gasto en investigación. El primer descubridor se beneficia del privilegio, mientras que los competidores son excluidos de la producción en el área de la patente durante muchos años. Los últimos no intervienen por razones obvias mientras que quien tiene la patente puede aprovecharla sin inversión adicional. Los gastos de investigación son sobreestimulados inicialmente y restringidos posteriormente.
Por otro lado, el sistema estimula artificialmente el gasto de investigación en las áreas patentables y lo restringe en las no patentables.
Finalmente, quienes creen que no se gasta suficiente en investigación tienen una solución sencilla. Son totalmente libres para efectuar esos gastos ellos mismos. Si están convencidos de que se necesita más innovación, nada les impide unirse y financiar aquellos esfuerzos que les parezcan más promisorios.
14. El derecho del dominio eminente
El gobierno es el titular original del “derecho del dominio eminente”, lo que indica que el derecho a la propiedad privada no está firmemente establecido. Y cuando el gobierno confiere el derecho a un negocio le está dando el privilegio de tomar una propiedad por la fuerza.
El uso de este privilegio distorsiona seriamente la estructura de la producción. En vez de estar determinada por el intercambio voluntario, la propiedad individual y la satisfacción eficiente de las preferencias del consumidor, los precios y la asignación de los recursos productivos son determinados por la fuerza bruta y el favor del gobierno. El resultado es un exceso de inversión en la firma o industria privilegiadas y la falta de la misma en otras firmas o industrias.
Muchos defensores del dominio eminente arguyen que la “sociedad”, en último análisis, tiene el derecho de utilizar cualquier tierra para “sus” propósitos. Pero, dado que la “sociedad” no existe como entidad, el que utiliza la tierra es el gobierno y aquellos a quienes este les otorga el privilegio.
( Power & Market, Sheed Andrews and McMeel, 1977, 63-67 )
