December 21, 2007

 
"El supermercado estatal"

Por Enrique Ho Fernández, de la Fundación Libertad de Panamá

( Artículo publicado recientemente en el diario La Prensa)

Recientemente el Gobierno ha acusado a los supermercados por el alto costo de los alimentos. Para "comprobarlo" ha decidido vender arroz importado y piensa comercializar otros alimentos. A esta iniciativa le llamo "supermercado estatal". Pero este supermercado estatal está por encima de la ley, pues puede importar arroz sin los permisos correspondientes, sin pagar impuestos de introducción y sin las aprobaciones engorrosas burocráticas que sí debe cumplir cualquier ciudadano o empresa que pretenda importar arroz.

Si esto que hace el Gobierno lo hubiera hecho cualquier ciudadano panameño, sería acusado de contrabandear y evadir impuestos y sería castigado con todo el peso de la ley. En otras palabras, la ley aplica a todos con excepción de nuestros gobernantes.

La madre de todas las ironías es que las autoridades han violado sus propias leyes y normas, al no pagar impuestos e importar sin restricciones para poder vender arroz a 30 centavos por libra. Y si esa es la fórmula para bajar los precios de la canasta básica, el Gobierno debe ser congruente con sus actos y permitir que el sector privado pueda también importar de la misma manera, sin impuestos ni restricciones, para que no sólo sea el arroz del Gobierno, sino todo el arroz del país el que pueda venderse a precios bajos.
No hacerlo es decirles a los panameños que se prefiere mantener la política gubernamental de precios altos sabiendo que cambiando las leyes se puede bajar sustancialmente el costo de la canasta básica para todos los panameños.

El impuesto que se cobra a cualquier ciudadano por la importación de arroz es de 90%, y los impuestos a los derivados de carne, lácteos y otros alimentos oscilan entre 140% y 260%. A esto hay que añadir los engorrosos permisos, trabas y licencias que exigen las autoridades. Esta política gubernamental es la que realmente ha mantenido los precios de la canasta básica elevados.
La responsabilidad de los precios altos no es de los supermercados, del sector privado, de los especuladores, del calentamiento global o de los extraterrestres. La responsabilidad es del Gobierno, cuyas políticas agropecuarias están diseñadas para mantener los precios de la canasta básica elevados y estimular la escasez a través de proteccionismos y monopolios en el sector agrícola.

Si la política agropecuaria se aplicara a la compra de celulares y yo quisiera comprar un celular Nokia esto es lo que sucedería: en vez de pagar 5% de ITBMS, pagaría 90% de ITBMS. O sea que en vez de pagar 50 dólares por el Nokia, pagaría 95 dólares y con todas las otras restricciones, entonces no podría comprar un Nokia, porque el Gobierno solo permite que compre Motorola ¡pero yo quería un Nokia!

Y sí aún así todavía tengo ganas de comprar un Motorola, tendría que pedir un permiso al Estado, a ver si al funcionario le da la gana de otorgarlo. Al final, me quedo sin el Nokia que quería y ni siquiera estoy seguro que tendré el Motorola caro que no quería. Suena ridículo, pero esta es la política agropecuaria apoyada y perpetuada por el actual gobierno.
Digo perpetuada porque estas políticas vienen arrastradas de pasadas administraciones, con la posible excepción del gobierno de Pérez–Balladares que por lo menos trató de abrir –de manera limitada– el mercado agrícola para bajar los precios de la canasta básica, pero su política fue rápidamente reversada por la administración de Mireya Moscoso.

La libre importación sin restricciones es la única manera de reducir el costo de la canasta básica. Esta conclusión es la misma a la que han llegado organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la prestigiosa revista The Economist y las calificadoras de riesgo como Standard & Poor´s y Moody´s en diversos estudios que han hecho sobre Panamá y es una posición apoyada por la Fundación Libertad.

En vez de culpar al sector privado de los altos precios de los alimentos, el presidente Torrijos debe eliminar su política de impuestos altos y restricciones a la importación que es la que ha evitado la competencia y mantenido elevados los precios de la canasta básica. El Presidente argumenta que bajar los impuestos a los alimentos no resuelve el problema porque la cadena de comercialización no transferirá la reducción de precios al consumidor.
Pero sus palabras contradicen los resultados de su "supermercado estatal" que ha demostrado que al operar sin impuestos ni restricciones sí se pueden bajar los precios. Entonces, es su deber eliminar toda restricción y eliminar los impuestos de los alimentos para introducir competencia en el sistema para que no solo sea barato su arroz estatal, sino que también bajen los precios de todo el arroz vendido en Panamá y demás productos de la canasta básica. Esta sería una promesa que sí se puede cumplir.

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