February 04, 2008
Mercantilismo en acción : Abogados panameños
Recientemente comenté sobre las quejas de una asociación de corredores de aduanas panameños por una ley que reducía sus privilegios mercantilistas.
Ahora me encuentro con las quejas de una abogada por razones similares. Lo más interesante del caso es que no se molesta siquiera en disimular sus intereses particulares bajo el manto del interés general. Ella quiere sus privilegios tal como están, no importa si son o no perjudiciales para otros.
La abogada se queja de dos cosas:
1. Una ley que agiliza el proceso de apertura de empresas, de forma que los trámites simplificados pueden hacerse por Internet. Todo indica que el nuevo procedimiento ha sido un rotundo éxito. Pero nuestra abogada señala : “No nos oponemos a la modernización sino a que la misma anule al abogado en trámites jurídicos-legales”. La pregunta obvia : ¿Por qué es necesario que un abogado intervenga en el proceso de apertura de una empresa? Y sí no es necesario, ¿por qué hay que obligar a nadie a utilizar abogados?
2. Una nueva ley de migración que elimina, según la abogada, el 90% de los trámites que les correspondía realizar a los abogados. La quejosa se extiende en una serie de detalles y consideraciones que no vienen al caso en relación al tema principal.
A mí me parece muy bien que se elimine la obligatoriedad de hacer trámites migratorios mediante abogados. Es mucho más sencillo preparar diferentes formularios según el trámite a realizar, con el instructivo correspondiente. Más simple para los tramitantes y más simple para los funcionarios.
Finalmente nuestra quejumbrosa abogada termina preguntándose si tendrá que dedicarse a la caza, la pesca, o la recolección de frutas. Por mí que se dedique a lo que más le convenga.
Lo curioso es que parece suponer que no podría vivir de la abogacía a menos que el Estado obligue a los ciudadanos a utilizar sus servicios aunque no quieran hacerlo. Me pregunto si no hay clientes dispuestos a pagar voluntariamente por sus valiosos servicios y por qué.
Recientemente comenté sobre las quejas de una asociación de corredores de aduanas panameños por una ley que reducía sus privilegios mercantilistas.
Ahora me encuentro con las quejas de una abogada por razones similares. Lo más interesante del caso es que no se molesta siquiera en disimular sus intereses particulares bajo el manto del interés general. Ella quiere sus privilegios tal como están, no importa si son o no perjudiciales para otros.
La abogada se queja de dos cosas:
1. Una ley que agiliza el proceso de apertura de empresas, de forma que los trámites simplificados pueden hacerse por Internet. Todo indica que el nuevo procedimiento ha sido un rotundo éxito. Pero nuestra abogada señala : “No nos oponemos a la modernización sino a que la misma anule al abogado en trámites jurídicos-legales”. La pregunta obvia : ¿Por qué es necesario que un abogado intervenga en el proceso de apertura de una empresa? Y sí no es necesario, ¿por qué hay que obligar a nadie a utilizar abogados?
2. Una nueva ley de migración que elimina, según la abogada, el 90% de los trámites que les correspondía realizar a los abogados. La quejosa se extiende en una serie de detalles y consideraciones que no vienen al caso en relación al tema principal.
A mí me parece muy bien que se elimine la obligatoriedad de hacer trámites migratorios mediante abogados. Es mucho más sencillo preparar diferentes formularios según el trámite a realizar, con el instructivo correspondiente. Más simple para los tramitantes y más simple para los funcionarios.
Finalmente nuestra quejumbrosa abogada termina preguntándose si tendrá que dedicarse a la caza, la pesca, o la recolección de frutas. Por mí que se dedique a lo que más le convenga.
Lo curioso es que parece suponer que no podría vivir de la abogacía a menos que el Estado obligue a los ciudadanos a utilizar sus servicios aunque no quieran hacerlo. Me pregunto si no hay clientes dispuestos a pagar voluntariamente por sus valiosos servicios y por qué.
