May 14, 2008
Justicia sin estado : La demanda en el mercado político
La proposición de que la formación y aplicación de la ley responde en gran medida a las demandas de los grupos de interés se ha formulado en numerosas ocasiones, sobre todo en relación con la legislación criminal.
La ley criminal es hoy tan política como cuando los reyes la utilizaron para cobrar regalías. Hoy los objetivos son menos claros porque hay muchos grupos de interés diferentes, y esto hace que ningún grupo logre todo lo que desea.
Los funcionarios dedicados a imponer la ley utilizan su influencia para lograr las leyes que quieren así como para obtener mejores salarios y beneficios. Los jueces pueden presionar por reformas que ellos creen van a mejorar la eficiencia del proceso judicial. Igualmente la policía puede presionar por medidas para aumentar su eficiencia. Todas estas leyes tienen impacto sobre el tamaño, poder, cantidad de trabajo y prestigio de la burocracia.
Los grupos de interés van a menudo más allá de influir sobre la legislación y tratan de influir sobre la aplicación de las leyes. Por ejemplo, los grupos que no tienen capacidad para influir en la selección de los jueces tratan de lograr que dichos jueces tengan competencias más amplias.
Uno de los canales más obvios de influencia de los grupos de interés se refiere al reclutamiento de jueces. Burócratas, abogados, asociaciones de abogados y otros grupos organizados buscan activamente cómo influir en los nombramientos judiciales en todos los niveles.
La actividad de los grupos de interés puede tener diferentes objetivos. Uno puede ser utilizar a los jueces como una fuente de legislación. Esto es lo que intentó el NAACP en 1967 tratando de bloquear todas las ejecuciones en Florida y California. Otro de los objetivos puede ser utilizar los tribunales para alterar la naturaleza o severidad de la ejecución de la ley. En este sentido se pueden alegar temas de procedimiento o tratar de limitar los recursos disponibles para la autoridad encargada de aplicar la ley.
La legislatura puede pasar leyes a bajo costo, de forma que el problema de los comunes se refleja en la distribución de recursos. Las leyes que generan poco valor compiten con las de mayor valor por la atención de los encargados de hacerlas cumplir.
Por ejemplo, la regla de “primero que entra, primero que sale” es un mecanismo común de racionamiento, de modo que la policía pueda dedicarse a asuntos como prostitución, juego ilegal, o drogas, mientras se están cometiendo asesinatos, robos y violaciones. Una razón del fracaso de la policía y los tribunales es que dedican entre el 30% y el 50% de los recursos contra personas que no han causado daño a nadie, como prostitutas, jugadores y otros casos parecidos.
Las presiones políticas contradictorias a menudo fuerzan la aplicación de leyes y procedimientos que son relativamente ineficientes para lograr un objetivo determinado. Quizás el caso más obvio sea el de las reglas de exclusión. Los ciudadanos, jueces, policías y fiscales se quejan de las complicadas reglas de procedimiento y de la liberación de criminales claramente culpables.
Uno de los principales factores que contribuyen al aumento de los crímenes es que los tribunales han aplicado estándares más estrictos para admitir evidencia, sin una adecuada justificación de los mismos y sin ofrecer las guías correspondientes.
( Bruce L. Benson, The enterprise of law, Pag. 105-126 )
La proposición de que la formación y aplicación de la ley responde en gran medida a las demandas de los grupos de interés se ha formulado en numerosas ocasiones, sobre todo en relación con la legislación criminal.
La ley criminal es hoy tan política como cuando los reyes la utilizaron para cobrar regalías. Hoy los objetivos son menos claros porque hay muchos grupos de interés diferentes, y esto hace que ningún grupo logre todo lo que desea.
Los funcionarios dedicados a imponer la ley utilizan su influencia para lograr las leyes que quieren así como para obtener mejores salarios y beneficios. Los jueces pueden presionar por reformas que ellos creen van a mejorar la eficiencia del proceso judicial. Igualmente la policía puede presionar por medidas para aumentar su eficiencia. Todas estas leyes tienen impacto sobre el tamaño, poder, cantidad de trabajo y prestigio de la burocracia.
Los grupos de interés van a menudo más allá de influir sobre la legislación y tratan de influir sobre la aplicación de las leyes. Por ejemplo, los grupos que no tienen capacidad para influir en la selección de los jueces tratan de lograr que dichos jueces tengan competencias más amplias.
Uno de los canales más obvios de influencia de los grupos de interés se refiere al reclutamiento de jueces. Burócratas, abogados, asociaciones de abogados y otros grupos organizados buscan activamente cómo influir en los nombramientos judiciales en todos los niveles.
La actividad de los grupos de interés puede tener diferentes objetivos. Uno puede ser utilizar a los jueces como una fuente de legislación. Esto es lo que intentó el NAACP en 1967 tratando de bloquear todas las ejecuciones en Florida y California. Otro de los objetivos puede ser utilizar los tribunales para alterar la naturaleza o severidad de la ejecución de la ley. En este sentido se pueden alegar temas de procedimiento o tratar de limitar los recursos disponibles para la autoridad encargada de aplicar la ley.
La legislatura puede pasar leyes a bajo costo, de forma que el problema de los comunes se refleja en la distribución de recursos. Las leyes que generan poco valor compiten con las de mayor valor por la atención de los encargados de hacerlas cumplir.
Por ejemplo, la regla de “primero que entra, primero que sale” es un mecanismo común de racionamiento, de modo que la policía pueda dedicarse a asuntos como prostitución, juego ilegal, o drogas, mientras se están cometiendo asesinatos, robos y violaciones. Una razón del fracaso de la policía y los tribunales es que dedican entre el 30% y el 50% de los recursos contra personas que no han causado daño a nadie, como prostitutas, jugadores y otros casos parecidos.
Las presiones políticas contradictorias a menudo fuerzan la aplicación de leyes y procedimientos que son relativamente ineficientes para lograr un objetivo determinado. Quizás el caso más obvio sea el de las reglas de exclusión. Los ciudadanos, jueces, policías y fiscales se quejan de las complicadas reglas de procedimiento y de la liberación de criminales claramente culpables.
Uno de los principales factores que contribuyen al aumento de los crímenes es que los tribunales han aplicado estándares más estrictos para admitir evidencia, sin una adecuada justificación de los mismos y sin ofrecer las guías correspondientes.
( Bruce L. Benson, The enterprise of law, Pag. 105-126 )
