May 21, 2008
Justicia sin Estado : La oferta en el mercado político
Dos de las conclusiones de la teoría de la burocracia son claramente aplicables a la burocracia de la justicia. Primera, trata de agrandar el tamaño y poder de sus agencias. Segunda, sus burócratas actúan como grupos de interés.
Durante los años 70, el empleo en el sector justicia creció cinco veces más que la población y los gastos en términos reales se duplicaron.
Para los ciudadanos, la función de la policía es combatir el crimen. La policía suele medir su eficacia con el indicador del número de arrestos, lo que les lleva a ser más reactivos que proactivos. Además, les puede llevar a concentrarse en casos en que es más fácil lograr arrestos, aunque sean menos importantes. Por otro lado, si la tasa de crímenes baja demasiado no habría manera de justificar presupuestos crecientes, con lo cual disminuiría la importancia de la institución.
Los incentivos de los fiscales están ligados a maximizar el número de criminales condenados. Esto implica seleccionar casos donde es fácil lograr condenas. También, hacer arreglos para que el supuesto criminal se declare culpable a cambio de una pena menor. Nótese que en estos arreglos ganan todos menos las víctimas.
Parece que también existe un problema de incentivos con los jueces, y hay cierta evidencia al respecto. Por ejemplo, cuando el sistema de “fees” fue reemplazado por el de salarios para jueces de paz del condado de West Virginia, el número de casos atendidos por día así como la calidad de los escritos de los jueces bajaron dramáticamente.
Por lo que hace a las prisiones, el espacio limitado debe ser racionado de algún modo. Uno de ellos es la discrecionalidad del juez respecto a la duración del castigo. Otro es la declaración de culpabilidad, y el tercero es la discrecionalidad de las juntas de libertad condicional.
Las víctimas son prácticamente ignoradas por el sistema politizado de justicia criminal. Esto contrasta totalmente con el sistema histórico cuyo principal objetivo era la reparación para dichas víctimas. Por ello participaban con todo su empeño mientras que hoy sucede lo contrario.
La policía tiene incentivos para arrestar más que para prevenir y esto crea víctimas reales. Además, la tendencia a dedicar mucho tiempo a los llamados “victimless crimes” (drogas, prostitución y otros) limita la atención a los crímenes con verdaderas víctimas.
Por eso no es extraño que los ciudadanos estén cada vez más insatisfechos con el sistema de control del crimen y utilicen cada vez más los servicios privados de prevención, que generalmente no son bien vistos por la policía.
El rol de las víctimas en el sistema es el de cooperar con los fiscales para lograr el castigo del criminal. Pero si la víctima no se expresa bien, o no es muy convincente, el fiscal negocia una confesión de culpabilidad con pena reducida.
El costo de cooperar con la fiscalía suele ser importante. Además de gastos como salarios perdidos, transporte, y muchos otros, están los costos emocionales y psicológicos de enfrentarse con el criminal.
De los crímenes reportados, sólo el 20% terminan en arrestos, y sólo un pequeño porcentaje de los arrestos terminan en condena. Además, se estima que sólo son reportados a la policía el 50% de los delitos. Esta es una reacción natural dado el alto costo que significa para alguien verse envuelto en un caso.
Por último, hay que decir que se han formado organizaciones de víctimas que exigen leyes más severas, compensaciones a las víctimas y otras reformas.
( Bruce L. Benson, The enterprise of law, Pag. 127-158 )
Dos de las conclusiones de la teoría de la burocracia son claramente aplicables a la burocracia de la justicia. Primera, trata de agrandar el tamaño y poder de sus agencias. Segunda, sus burócratas actúan como grupos de interés.
Durante los años 70, el empleo en el sector justicia creció cinco veces más que la población y los gastos en términos reales se duplicaron.
Para los ciudadanos, la función de la policía es combatir el crimen. La policía suele medir su eficacia con el indicador del número de arrestos, lo que les lleva a ser más reactivos que proactivos. Además, les puede llevar a concentrarse en casos en que es más fácil lograr arrestos, aunque sean menos importantes. Por otro lado, si la tasa de crímenes baja demasiado no habría manera de justificar presupuestos crecientes, con lo cual disminuiría la importancia de la institución.
Los incentivos de los fiscales están ligados a maximizar el número de criminales condenados. Esto implica seleccionar casos donde es fácil lograr condenas. También, hacer arreglos para que el supuesto criminal se declare culpable a cambio de una pena menor. Nótese que en estos arreglos ganan todos menos las víctimas.
Parece que también existe un problema de incentivos con los jueces, y hay cierta evidencia al respecto. Por ejemplo, cuando el sistema de “fees” fue reemplazado por el de salarios para jueces de paz del condado de West Virginia, el número de casos atendidos por día así como la calidad de los escritos de los jueces bajaron dramáticamente.
Por lo que hace a las prisiones, el espacio limitado debe ser racionado de algún modo. Uno de ellos es la discrecionalidad del juez respecto a la duración del castigo. Otro es la declaración de culpabilidad, y el tercero es la discrecionalidad de las juntas de libertad condicional.
Las víctimas son prácticamente ignoradas por el sistema politizado de justicia criminal. Esto contrasta totalmente con el sistema histórico cuyo principal objetivo era la reparación para dichas víctimas. Por ello participaban con todo su empeño mientras que hoy sucede lo contrario.
La policía tiene incentivos para arrestar más que para prevenir y esto crea víctimas reales. Además, la tendencia a dedicar mucho tiempo a los llamados “victimless crimes” (drogas, prostitución y otros) limita la atención a los crímenes con verdaderas víctimas.
Por eso no es extraño que los ciudadanos estén cada vez más insatisfechos con el sistema de control del crimen y utilicen cada vez más los servicios privados de prevención, que generalmente no son bien vistos por la policía.
El rol de las víctimas en el sistema es el de cooperar con los fiscales para lograr el castigo del criminal. Pero si la víctima no se expresa bien, o no es muy convincente, el fiscal negocia una confesión de culpabilidad con pena reducida.
El costo de cooperar con la fiscalía suele ser importante. Además de gastos como salarios perdidos, transporte, y muchos otros, están los costos emocionales y psicológicos de enfrentarse con el criminal.
De los crímenes reportados, sólo el 20% terminan en arrestos, y sólo un pequeño porcentaje de los arrestos terminan en condena. Además, se estima que sólo son reportados a la policía el 50% de los delitos. Esta es una reacción natural dado el alto costo que significa para alguien verse envuelto en un caso.
Por último, hay que decir que se han formado organizaciones de víctimas que exigen leyes más severas, compensaciones a las víctimas y otras reformas.
( Bruce L. Benson, The enterprise of law, Pag. 127-158 )
