June 18, 2008
Justicia sin Estado : Fallos del mercado
Los argumentos a favor de la justicia pública se refieren a los “fallos del mercado”. Se supone que si el mercado falla, el gobierno lo hará mejor, suposición que es injustificada.
Se señalan dos tipos de fallos del mercado : 1) Incapacidad del sector privado para internalizar costos o beneficios de la justicia; 2) Poder monopolístico, que impide a las fuerzas de la competencia garantizar una producción eficiente.
En este capítulo estudiaremos el primero de ellos.
El argumento es que el sector privado genera beneficios externos por los que no puede cobrar. Por tanto se generan incentivos para los “free riders”, lo que puede llevar a que se produzcan muy pocos servicios. Cuando se dan los “free riders” hay que obligarlos a pagar, y esto sólo lo puede hacer el Estado.
Se ha utilizado un argumento similar respecto a los tribunales privados. Los tribunales generan decisiones que se convierten en precedentes. Como estos están disponibles sin costo, se convierten en externalidades, y por tanto exigen la intervención del Estado.
El argumento de las externalidades no es concluyente. Estas requieren cooperación pero no al gobierno. Las externalidades generan incentivos para internalizarlas. La cooperación voluntaria se da todos los días en el sector privado.
El gobierno ha creado un problema diferente de externalidades al alterar la estructura de los derechos de propiedad. Si los derechos de propiedad están bien definidos, no hay externalidades. Esto es lo que hizo la ley consuetudinaria antes de que los reyes concentraran el poder. Pero la criminalización eliminó el derecho a la restitución y los incentivos para colaborar voluntariamente en la aplicación de la ley.
Es cierto que en los Estados Unidos existen muchos grupos de vigilancia comunitaria que no tienen colaboración total del vecindario. Sin embargo, cada vez son más los casos en que las personas no pueden comprar viviendas sin firmar contratos en apoyo de los programas de prevención del crimen. Esta es una forma de internalizar las externalidades.
Otro punto que hay que discutir es si la policía pública asigna los recursos mejor que la privada. Lo primero que hay que decir es que hay un exceso de demanda, que en gran parte queda insatisfecha. Y un tema de la mayor importancia es que los incentivos de la policía son resolver crímenes y no prevenirlos. Por tanto, en este campo el sector público no hace un trabajo mejor que el privado.
Con respecto a los tribunales, se ha argumentado que, debido a la dificultad de establecer derechos de propiedad sobre los precedentes, los jueces tendrían pocos incentivos para establecerlos. Pero la historia demuestra que la cantidad de precedentes generados bajo la ley mercantil privada fue muy grande. Los comerciantes internalizaron los beneficios de los precedentes.
Por supuesto, los beneficios externos no son internalizados totalmente por los sistemas de tribunales privados. Pero lo que es indiscutible es que la asignación de recursos es significativamente peor en los tribunales públicos que en los privados.
Las reglas dictadas políticamente no favorecen el proceso de mercado sino lo contrario. Como dijo Bruno Leoni : “Incluso los economistas que defienden el libre mercado a veces no se dan cuenta que éste no es compatible con un proceso legislativo centralizado”. Cuando la legislación autoritaria efectúa cambios en la asignación de los derechos de propiedad, se generan externalidades negativas que afectan las reglas, convenciones y acuerdos voluntariamente establecidos.
El gobierno produce demasiadas leyes. Es posible que un sistema privado produjera demasiado pocas. El asunto es cuál de los dos sistemas es menos deseable.
( Bruce L. Benson, The enterprise of law, Pag. 271-290 )
Los argumentos a favor de la justicia pública se refieren a los “fallos del mercado”. Se supone que si el mercado falla, el gobierno lo hará mejor, suposición que es injustificada.
Se señalan dos tipos de fallos del mercado : 1) Incapacidad del sector privado para internalizar costos o beneficios de la justicia; 2) Poder monopolístico, que impide a las fuerzas de la competencia garantizar una producción eficiente.
En este capítulo estudiaremos el primero de ellos.
El argumento es que el sector privado genera beneficios externos por los que no puede cobrar. Por tanto se generan incentivos para los “free riders”, lo que puede llevar a que se produzcan muy pocos servicios. Cuando se dan los “free riders” hay que obligarlos a pagar, y esto sólo lo puede hacer el Estado.
Se ha utilizado un argumento similar respecto a los tribunales privados. Los tribunales generan decisiones que se convierten en precedentes. Como estos están disponibles sin costo, se convierten en externalidades, y por tanto exigen la intervención del Estado.
El argumento de las externalidades no es concluyente. Estas requieren cooperación pero no al gobierno. Las externalidades generan incentivos para internalizarlas. La cooperación voluntaria se da todos los días en el sector privado.
El gobierno ha creado un problema diferente de externalidades al alterar la estructura de los derechos de propiedad. Si los derechos de propiedad están bien definidos, no hay externalidades. Esto es lo que hizo la ley consuetudinaria antes de que los reyes concentraran el poder. Pero la criminalización eliminó el derecho a la restitución y los incentivos para colaborar voluntariamente en la aplicación de la ley.
Es cierto que en los Estados Unidos existen muchos grupos de vigilancia comunitaria que no tienen colaboración total del vecindario. Sin embargo, cada vez son más los casos en que las personas no pueden comprar viviendas sin firmar contratos en apoyo de los programas de prevención del crimen. Esta es una forma de internalizar las externalidades.
Otro punto que hay que discutir es si la policía pública asigna los recursos mejor que la privada. Lo primero que hay que decir es que hay un exceso de demanda, que en gran parte queda insatisfecha. Y un tema de la mayor importancia es que los incentivos de la policía son resolver crímenes y no prevenirlos. Por tanto, en este campo el sector público no hace un trabajo mejor que el privado.
Con respecto a los tribunales, se ha argumentado que, debido a la dificultad de establecer derechos de propiedad sobre los precedentes, los jueces tendrían pocos incentivos para establecerlos. Pero la historia demuestra que la cantidad de precedentes generados bajo la ley mercantil privada fue muy grande. Los comerciantes internalizaron los beneficios de los precedentes.
Por supuesto, los beneficios externos no son internalizados totalmente por los sistemas de tribunales privados. Pero lo que es indiscutible es que la asignación de recursos es significativamente peor en los tribunales públicos que en los privados.
Las reglas dictadas políticamente no favorecen el proceso de mercado sino lo contrario. Como dijo Bruno Leoni : “Incluso los economistas que defienden el libre mercado a veces no se dan cuenta que éste no es compatible con un proceso legislativo centralizado”. Cuando la legislación autoritaria efectúa cambios en la asignación de los derechos de propiedad, se generan externalidades negativas que afectan las reglas, convenciones y acuerdos voluntariamente establecidos.
El gobierno produce demasiadas leyes. Es posible que un sistema privado produjera demasiado pocas. El asunto es cuál de los dos sistemas es menos deseable.
( Bruce L. Benson, The enterprise of law, Pag. 271-290 )
