July 04, 2008
Indexación: infeliz ocurrencia
Por Roberto Brenes, Presidente de la Fundación Libertad de Panamá
( Artículo publicado en el diario La Prensa )
A pesar de las múltiples advertencias de expertos, nuestra ilustre Asamblea de Diputados aprobó llevar a segundo debate una ley para indexar los salarios a las alzas periódicas de precios. La iniciativa, además de demagógica, es peligrosa, y si se deja correr, terminaremos con más problemas que los que pretende resolver.
Cierto es, y concedido está, que en épocas electorales nuestros políticos prometen cielo y tierra. Todos sabemos que la mayoría de las propuestas ni las pretenden cumplir o son tan inocuas que poco nos importa dejarlas correr un poco.
Para empezar, si nuestros legisladores se hubieran tomada el trabajo de examinar el desempeño histórico de medidas similares en Brasil, Bolivia, Argentina y muchos otros, no hubieran siquiera abierto la boca. Todos estos países vivieron esta “infeliz ocurrencia” con resultados nefastos.
En muchos casos, las indexaciones acabaron provocando justamente lo contrario, desempleo y leyes de control de salarios, porque una vez fuera de la botella, el “genio” de la indexación es difícil de revertir. La indexación, donde la han ensayado, es medicina probada y rechazada. Pero como aquí no parece que aprendemos de la historia ni de cabeza ajena, sería bueno repasar algunos conceptos.
La premisa fundamental para justificar indexar los salarios, es que los empresarios, que reciben insumos o productos más caros por el fenómeno inflacionario mundial, alegre y simplemente lo transfieren al bobo consumidor que se lo aguanta. Falso; nadie se lo aguanta. La inflación es tan mala para el empresario como para el consumidor. No es tan fácil transferir costos a precios, porque la gente no es tonta y cambia sus patrones de consumo a bienes sustitutos o simplemente reduce el consumo.
Con la inflación las empresas sufren reducciones en sus ingresos, ya sea por reducciones en sus márgenes al tener que vender a precios menos que proporcionales a los aumentos de sus gastos, o por la reducción de los volúmenes de venta porque la gente decide consumir otra cosa o apretarse la correa. En breve la “rentabilidad” de las empresas se afecta tanto (o más) que la rentabilidad de los ciudadanos, porque de igual forma sus ingresos le alcanzan menos para cubrir sus costos y gastos.
Dicho lo anterior, si ahora legislamos un nuevo costo a las empresas y a la economía, vamos a ver varios efectos. El primero es que al menos parte del nuevo costo laboral se transferirá a los precios de los bienes y el efecto en el bolsillo de la gente será casi nulo. Pero además provocará un círculo vicioso donde los precios aumentan, los costos laborales aumentan, los precios aumentan por los incrementos de costos laborales y así sucesivamente sin que nadie gane.
Pero, ¡un momento! Estos nuevos costos laborales a las empresas, que son adicionales a los costos reales de sus productos, estimulan en efecto precios más elevados que la gente no podrá pagar, reduciendo aún más los ingresos y márgenes de las empresas al punto que simplemente será más negocio cerrar. Aquellas con más empleados y que añaden más valor interno cerrarán primero y llegaremos al punto que importaremos todo; porque, allá fuera, Leandro y los muchachos no pueden legislar sobre los costos laborales.
Por otro lado, ningún país vive en el vacío. Somos una nación conectada y dependiente del mundo, y cualquier medida de política económica que tomemos repercutirá sobre nuestra capacidad de competir en el mundo y con ello en nuestro bienestar.
Como estamos conectados con el mundo, el espiral de los precios internos nos sacará de competencia con los precios externos. Los melones, bananos y piñas de exportación de nuestras empresas y cooperativas y nuestros pequeños y grandes exportadores competirán en desventaja contra productos similares de países donde las asambleas legislativas son menos imaginativas y más ubicadas de las realidades económicas.
Como no tendremos margen para competir, también reduciremos el empleo. Hay que recordarse que en contexto internacional, trabajadores panameños pasarán de ser un recurso económico importante, a ser un recurso costoso y apestoso… por ley.
Vale expresar aquí, que las inversiones extranjeras que tanto trabajo ha costado traer y que apenas están abriendo sus maletas, rápidamente pensarán no seguir el proceso y mudarse adonde no les impongan costos arbitrarios y que no tienen en otro lado.
Como explicamos arriba, los efectos positivos serán casi nulos para el ciudadano. Sin embargo, no así para los productores y para el gobierno que serán muy negativos. Una reducción de la actividad económica y de las ganancias de las empresas es una reducción de ingresos e impuestos. Supongo que ante tal situación los legisladores promotores de la ley sacrificarían sus sueldos y beneficios para indemnizar al país por sus ocurrencias.
Para terminar debo sentirme solidario con el espíritu de la ley: impedir el deterioro del poder adquisitivo de los panameños. Pero las medidas y políticas para ello están en otra dirección. Una muy importante son los incrementos a la productividad y con ello cambios al Código de Trabajo, que permita a empleados y empresas pactar medidas de productividad salarial, como hoy lo hace todo mundo, hasta China y ahora la “comunista Cuba”.
Por Roberto Brenes, Presidente de la Fundación Libertad de Panamá
( Artículo publicado en el diario La Prensa )
A pesar de las múltiples advertencias de expertos, nuestra ilustre Asamblea de Diputados aprobó llevar a segundo debate una ley para indexar los salarios a las alzas periódicas de precios. La iniciativa, además de demagógica, es peligrosa, y si se deja correr, terminaremos con más problemas que los que pretende resolver.
Cierto es, y concedido está, que en épocas electorales nuestros políticos prometen cielo y tierra. Todos sabemos que la mayoría de las propuestas ni las pretenden cumplir o son tan inocuas que poco nos importa dejarlas correr un poco.
Este no es el caso de la reciente iniciativa legislativa, que un grupo de legisladores ha convertido en proyecto de ley para paliar los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de los ciudadanos, legislando aumentos periódicos de sueldos a las empresas para supuestamente compensar esas pérdidas de poder de consumo por la vía de más sueldos.
Para empezar, si nuestros legisladores se hubieran tomada el trabajo de examinar el desempeño histórico de medidas similares en Brasil, Bolivia, Argentina y muchos otros, no hubieran siquiera abierto la boca. Todos estos países vivieron esta “infeliz ocurrencia” con resultados nefastos.
En muchos casos, las indexaciones acabaron provocando justamente lo contrario, desempleo y leyes de control de salarios, porque una vez fuera de la botella, el “genio” de la indexación es difícil de revertir. La indexación, donde la han ensayado, es medicina probada y rechazada. Pero como aquí no parece que aprendemos de la historia ni de cabeza ajena, sería bueno repasar algunos conceptos.
La premisa fundamental para justificar indexar los salarios, es que los empresarios, que reciben insumos o productos más caros por el fenómeno inflacionario mundial, alegre y simplemente lo transfieren al bobo consumidor que se lo aguanta. Falso; nadie se lo aguanta. La inflación es tan mala para el empresario como para el consumidor. No es tan fácil transferir costos a precios, porque la gente no es tonta y cambia sus patrones de consumo a bienes sustitutos o simplemente reduce el consumo.
Con la inflación las empresas sufren reducciones en sus ingresos, ya sea por reducciones en sus márgenes al tener que vender a precios menos que proporcionales a los aumentos de sus gastos, o por la reducción de los volúmenes de venta porque la gente decide consumir otra cosa o apretarse la correa. En breve la “rentabilidad” de las empresas se afecta tanto (o más) que la rentabilidad de los ciudadanos, porque de igual forma sus ingresos le alcanzan menos para cubrir sus costos y gastos.
Dicho lo anterior, si ahora legislamos un nuevo costo a las empresas y a la economía, vamos a ver varios efectos. El primero es que al menos parte del nuevo costo laboral se transferirá a los precios de los bienes y el efecto en el bolsillo de la gente será casi nulo. Pero además provocará un círculo vicioso donde los precios aumentan, los costos laborales aumentan, los precios aumentan por los incrementos de costos laborales y así sucesivamente sin que nadie gane.
Pero, ¡un momento! Estos nuevos costos laborales a las empresas, que son adicionales a los costos reales de sus productos, estimulan en efecto precios más elevados que la gente no podrá pagar, reduciendo aún más los ingresos y márgenes de las empresas al punto que simplemente será más negocio cerrar. Aquellas con más empleados y que añaden más valor interno cerrarán primero y llegaremos al punto que importaremos todo; porque, allá fuera, Leandro y los muchachos no pueden legislar sobre los costos laborales.
Por otro lado, ningún país vive en el vacío. Somos una nación conectada y dependiente del mundo, y cualquier medida de política económica que tomemos repercutirá sobre nuestra capacidad de competir en el mundo y con ello en nuestro bienestar.
Como estamos conectados con el mundo, el espiral de los precios internos nos sacará de competencia con los precios externos. Los melones, bananos y piñas de exportación de nuestras empresas y cooperativas y nuestros pequeños y grandes exportadores competirán en desventaja contra productos similares de países donde las asambleas legislativas son menos imaginativas y más ubicadas de las realidades económicas.
Como no tendremos margen para competir, también reduciremos el empleo. Hay que recordarse que en contexto internacional, trabajadores panameños pasarán de ser un recurso económico importante, a ser un recurso costoso y apestoso… por ley.
Vale expresar aquí, que las inversiones extranjeras que tanto trabajo ha costado traer y que apenas están abriendo sus maletas, rápidamente pensarán no seguir el proceso y mudarse adonde no les impongan costos arbitrarios y que no tienen en otro lado.
Como explicamos arriba, los efectos positivos serán casi nulos para el ciudadano. Sin embargo, no así para los productores y para el gobierno que serán muy negativos. Una reducción de la actividad económica y de las ganancias de las empresas es una reducción de ingresos e impuestos. Supongo que ante tal situación los legisladores promotores de la ley sacrificarían sus sueldos y beneficios para indemnizar al país por sus ocurrencias.
Para terminar debo sentirme solidario con el espíritu de la ley: impedir el deterioro del poder adquisitivo de los panameños. Pero las medidas y políticas para ello están en otra dirección. Una muy importante son los incrementos a la productividad y con ello cambios al Código de Trabajo, que permita a empleados y empresas pactar medidas de productividad salarial, como hoy lo hace todo mundo, hasta China y ahora la “comunista Cuba”.
