July 16, 2008
Justicia sin Estado : Barreras políticas a la privatización
La privatización incluye dos procesos: 1) Aumento de los recursos dedicados a la justicia privada, y 2) Reducción de los recursos dedicados a la justicia administrada públicamente. Cabe esperar resistencia a ambos procesos.
Todos los grupos que tienen intereses en la justicia administrada por el Estado se opondrán férreamente a su desmantelamiento. Por ejemplo, la sindicalización de empleados es mucho más fuerte en el sector público, principalmente en la policía y en los servicios de corrección.
Los sindicatos son fuertes, activos y efectivos en el campo político, e intentarán impedir, o al menos postergar, cualquier programa que pueda reducir los salarios, seguridad en el puesto, o cantidad de puestos de sus miembros. Más allá de las tácticas, los empleados públicos tienen una fuerza adicional. Pueden tomar acciones para obligar a los políticos a aceptar sus exigencias.
Pero no se trata sólo de los empleados públicos. Todos los grupos de interés que se benefician del sistema vigente tratarán de proteger sus beneficios. Por ejemplo, el juez Neely considera que el obsoleto sistema de tribunales es ventajoso para algunos, que perderían si se hiciera más eficiente. Cita el caso de compañías de seguros que, mientras esperan años por un fallo, pueden invertir los fondos con buenos rendimientos.
En otro orden de cosas, los comerciantes de muebles de Montana se opusieron totalmente a que los internos de una cárcel tuvieran una modestísima producción y venta de muebles de madera. Algo parecido sucede en la mayoría de los estados, y en las prisiones prácticamente no se puede producir nada.
Las firmas privadas que proveen servicios al sector público también se oponen a la privatización. Ahora tienen una ventaja que quizás perderían en una competencia más abierta.
La resistencia también proviene de quienes creen que la ley y el orden son funciones exclusivas del Estado.
Los mismos grupos que se oponen a la reducción del sistema público tienen incentivos para oponerse al crecimiento del sector privado, pero esta oposición suele ser más débil.
Por ejemplo, la policía privada y otros grupos de control del crimen a menudo colaboran con la policía pública de forma que la hacen aparecer como más efectiva. En consecuencia, la policía apoya estas actividades privadas. En forma similar, muchos jueces están a favor de enviar determinados casos al arbitraje privado porque esto ayuda a disminuir la congestión de los tribunales y el descontento de los ciudadanos con el sistema.
Sin embargo, existen barreras legislativas contra los tribunales privados. Aunque el arbitraje es posible en todos los estados, los árbitros no pueden dictaminar sobre temas legislados por el estado. En consecuencia, esos casos se dirigen a los tribunales públicos.
Anteriormente vimos que la justicia privada tiene que recurrir al ostracismo o al boicot para asegurar el cumplimiento de las sentencias. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que era ilegal boicotear a un exhibidor de películas que rechazase someterse al arbitraje o cumplir con el dictamen del mismo, incluso cuando las cláusulas de arbitraje formasen parte del contrato.
También existen barreras erigidas por el gobierno en otras áreas. Por ejemplo, en muchos estados la policía privada no puede tomar a nadie bajo custodia. Los reglamentos sobre control de armas limitan la disposición de armas para la propia protección. Las restricciones regulatorias y de licencias limitan la entrada en el mercado de la policía privada e impiden a las firmas existentes proveer ciertos servicios.
( Bruce L. Benson, The enterprise of law, Pag. 331-345 )
La privatización incluye dos procesos: 1) Aumento de los recursos dedicados a la justicia privada, y 2) Reducción de los recursos dedicados a la justicia administrada públicamente. Cabe esperar resistencia a ambos procesos.
Todos los grupos que tienen intereses en la justicia administrada por el Estado se opondrán férreamente a su desmantelamiento. Por ejemplo, la sindicalización de empleados es mucho más fuerte en el sector público, principalmente en la policía y en los servicios de corrección.
Los sindicatos son fuertes, activos y efectivos en el campo político, e intentarán impedir, o al menos postergar, cualquier programa que pueda reducir los salarios, seguridad en el puesto, o cantidad de puestos de sus miembros. Más allá de las tácticas, los empleados públicos tienen una fuerza adicional. Pueden tomar acciones para obligar a los políticos a aceptar sus exigencias.
Pero no se trata sólo de los empleados públicos. Todos los grupos de interés que se benefician del sistema vigente tratarán de proteger sus beneficios. Por ejemplo, el juez Neely considera que el obsoleto sistema de tribunales es ventajoso para algunos, que perderían si se hiciera más eficiente. Cita el caso de compañías de seguros que, mientras esperan años por un fallo, pueden invertir los fondos con buenos rendimientos.
En otro orden de cosas, los comerciantes de muebles de Montana se opusieron totalmente a que los internos de una cárcel tuvieran una modestísima producción y venta de muebles de madera. Algo parecido sucede en la mayoría de los estados, y en las prisiones prácticamente no se puede producir nada.
Las firmas privadas que proveen servicios al sector público también se oponen a la privatización. Ahora tienen una ventaja que quizás perderían en una competencia más abierta.
La resistencia también proviene de quienes creen que la ley y el orden son funciones exclusivas del Estado.
Los mismos grupos que se oponen a la reducción del sistema público tienen incentivos para oponerse al crecimiento del sector privado, pero esta oposición suele ser más débil.
Por ejemplo, la policía privada y otros grupos de control del crimen a menudo colaboran con la policía pública de forma que la hacen aparecer como más efectiva. En consecuencia, la policía apoya estas actividades privadas. En forma similar, muchos jueces están a favor de enviar determinados casos al arbitraje privado porque esto ayuda a disminuir la congestión de los tribunales y el descontento de los ciudadanos con el sistema.
Sin embargo, existen barreras legislativas contra los tribunales privados. Aunque el arbitraje es posible en todos los estados, los árbitros no pueden dictaminar sobre temas legislados por el estado. En consecuencia, esos casos se dirigen a los tribunales públicos.
Anteriormente vimos que la justicia privada tiene que recurrir al ostracismo o al boicot para asegurar el cumplimiento de las sentencias. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que era ilegal boicotear a un exhibidor de películas que rechazase someterse al arbitraje o cumplir con el dictamen del mismo, incluso cuando las cláusulas de arbitraje formasen parte del contrato.
También existen barreras erigidas por el gobierno en otras áreas. Por ejemplo, en muchos estados la policía privada no puede tomar a nadie bajo custodia. Los reglamentos sobre control de armas limitan la disposición de armas para la propia protección. Las restricciones regulatorias y de licencias limitan la entrada en el mercado de la policía privada e impiden a las firmas existentes proveer ciertos servicios.
( Bruce L. Benson, The enterprise of law, Pag. 331-345 )
