July 02, 2008
Justicia sin Estado : El monopolio legal de la coerción
Para justificar el papel del Estado en funciones de policía, tribunales y legislación, se presentan dos argumentos contradictorios sobre el monopolio. Primero, se supone que aparecería una compañía que monopolizaría toda la industria. Segundo, que debe existir una autoridad de última instancia para impedir el desarrollo de sistemas contradictorios privados. Ambos argumentos no pueden ser ciertos a la vez. En realidad, ninguno de los dos lo es.
La razón primaria para temer una policía privada monopolizada es que las agencias podrían convertirse en firmas criminales organizadas, como ha sucedido en muchos casos en el sector público. Esto no es probable por varias razones.
Los jefes de las agencias de protección serían seleccionados por su capacidad para dirigir el negocio y complacer a los clientes. La cantidad de agencias también sería un factor importante. En los EU podría haber miles de ellas, con una enorme competencia para ganar clientes.
Se ha argumentado que la intervención pública puede ser necesaria para 1) Asegurar el cumplimiento de las decisiones de los jueces privados, y 2) Obligar a la obediencia.
Mientras que es cierto que se requiere una amenaza creíble, no es necesario que provenga del gobierno. En muchos casos, es suficiente el ostracismo o el boicot. Para cierto tipo de ofensas, el violador podría ser considerado fuera de la ley si se negase a someterse al arbitraje, y pudiera ser asesinado legalmente por cualquiera.
Es muy probable que bajo un sistema privado se desarrollasen varios tipos diferentes de legislaciones especializadas. De hecho, esto es lo que sucedió en occidente durante los comienzos de la edad media, donde coexistieron varios sistemas legales como el canónico, mercantil, urbano, feudal y real. Los sistemas legales diferentes no se dan sólo en épocas de desarrollo. Por ejemplo, cada estado de los Estados Unidos tiene sus propias reglas sustantivas y de procedimiento, que a menudo no son sólo diferentes sino contradictorias.
Hay quienes defienden que debe haber un solo sistema legal bajo el monopolio del gobierno para aprovechar las ventajas de la estandarización. Por ejemplo, Landes y Posner comparan dichas ventajas con las de la estandarización de los enchufes eléctricos y los ferrocarriles.
El problema es que no hay ninguna razón para pensar que los gobiernos son del tamaño ideal para aprovechar las economías de la estandarización. En algunas áreas de la ley, como la ley comercial, los países son demasiado pequeños. En otras puede que sean demasiado grandes. Un sistema privado generaría “áreas de mercado” del tamaño adecuado para los diferentes aspectos de la ley.
En contra de quienes creen que todo el sistema legal debe ser monopolizado, es razonable pensar que no conviene tener monopolio en este tema, lo mismo que no conviene en la producción de otros bienes o servicios.
( Bruce L. Benson, The enterprise of law, Pag. 291-300 )
Para justificar el papel del Estado en funciones de policía, tribunales y legislación, se presentan dos argumentos contradictorios sobre el monopolio. Primero, se supone que aparecería una compañía que monopolizaría toda la industria. Segundo, que debe existir una autoridad de última instancia para impedir el desarrollo de sistemas contradictorios privados. Ambos argumentos no pueden ser ciertos a la vez. En realidad, ninguno de los dos lo es.
La razón primaria para temer una policía privada monopolizada es que las agencias podrían convertirse en firmas criminales organizadas, como ha sucedido en muchos casos en el sector público. Esto no es probable por varias razones.
Los jefes de las agencias de protección serían seleccionados por su capacidad para dirigir el negocio y complacer a los clientes. La cantidad de agencias también sería un factor importante. En los EU podría haber miles de ellas, con una enorme competencia para ganar clientes.
Se ha argumentado que la intervención pública puede ser necesaria para 1) Asegurar el cumplimiento de las decisiones de los jueces privados, y 2) Obligar a la obediencia.
Mientras que es cierto que se requiere una amenaza creíble, no es necesario que provenga del gobierno. En muchos casos, es suficiente el ostracismo o el boicot. Para cierto tipo de ofensas, el violador podría ser considerado fuera de la ley si se negase a someterse al arbitraje, y pudiera ser asesinado legalmente por cualquiera.
Es muy probable que bajo un sistema privado se desarrollasen varios tipos diferentes de legislaciones especializadas. De hecho, esto es lo que sucedió en occidente durante los comienzos de la edad media, donde coexistieron varios sistemas legales como el canónico, mercantil, urbano, feudal y real. Los sistemas legales diferentes no se dan sólo en épocas de desarrollo. Por ejemplo, cada estado de los Estados Unidos tiene sus propias reglas sustantivas y de procedimiento, que a menudo no son sólo diferentes sino contradictorias.
Hay quienes defienden que debe haber un solo sistema legal bajo el monopolio del gobierno para aprovechar las ventajas de la estandarización. Por ejemplo, Landes y Posner comparan dichas ventajas con las de la estandarización de los enchufes eléctricos y los ferrocarriles.
El problema es que no hay ninguna razón para pensar que los gobiernos son del tamaño ideal para aprovechar las economías de la estandarización. En algunas áreas de la ley, como la ley comercial, los países son demasiado pequeños. En otras puede que sean demasiado grandes. Un sistema privado generaría “áreas de mercado” del tamaño adecuado para los diferentes aspectos de la ley.
En contra de quienes creen que todo el sistema legal debe ser monopolizado, es razonable pensar que no conviene tener monopolio en este tema, lo mismo que no conviene en la producción de otros bienes o servicios.
( Bruce L. Benson, The enterprise of law, Pag. 291-300 )
