August 15, 2008
Dos más dos
Por Roberto Brenes, Presidente de la Fundación Libertad
( Artículo publicado en el diario La Prensa )
En los últimos meses, so pretexto de mejorar la seguridad y la eficiencia policial, el gobierno de Martín Torrijos ha promovido varias iniciativas legales supuestamente tendientes a lograr lo que en la práctica ha sido un fracaso. La realidad es que cuando sumamos lo que se ha propuesto en las diferentes leyes, más que un proyecto de seguridad lo que tenemos es una agenda bien planeada de conculcación de los derechos y las garantías civiles de la población.
Me resulta muy difícil creer que lo que se plantea como proyectos de ley de “seguridad” sea una lamentable cadena de coincidencias. O peor aún, que el soberano gobierno de la República esté dispuesto a calcar a pie juntillas los exabruptos legales con que la paranoia neoconservadora del Gobierno americano pretende conjurar el terrorismo en el mundo amén.
Lo cierto es que, de la noche a la mañana, el Poder Ejecutivo, con la anuencia del siempre desubicado Poder Legislativo y en este caso con el silencio cómplice del Judicial, y ni siquiera por leyes discutidas en una asamblea abierta, sino en la limitada transparencia que permite un Consejo de Gabinete, se quieren aprobar, y a tambor batiente, medidas que cercenan las libertades y garantías individuales como nada se ha visto en nuestra historia republicana. Además, si a esta última andanada de proyectos sumamos los proyectos que ya andan por ahí, como la ley de armas que en su versión oficial busca desarmar a la población civil, vemos que dos más dos es más que cuatro.
Los proyectos más que recordarnos y retornarnos al militarismo son iniciativas para entronizar el abuso y despojar a los ciudadanos de sus derechos fundamentales. Así ni siquiera se necesita una dictadura militar; la podremos tener con civiles a la cabeza; el problema no está en quién instrumente las medidas sino en las medidas mismas. La premisa de todo el entramado legal que ahora se intenta hacer ley de la República es concentrar la autoridad y hacer de su uso y abuso casi un secreto de Estado. En los textos que he leído, se puede arrestar, indagar y condenar a una persona en secreto y sin darle cuenta ni a los parientes; los abusos de Guantánamo se quedarán chicos cuando estas facultades sean leyes en manos de cualquier exaltado mandamás tropical.
Por otra parte, la redacción está tan burdamente inspirada en la retórica antiterrorista gringa que da risa y da pena. Parece mentira que este pequeño país que tanto ha peleado porque se le reconozca autonomía y soberanía resulte gobernado por gente que con dos viajecitos a Washington se alinean incondicionalmente con locuras, que no sólo no han resuelto nada, sino que poco a poco las ha ido echando para atrás la Corte Suprema Americana (que sí manda), por ser claras violaciones a las libertades y a la democracia. Aquí donde la Corte y los diputados se han legislado inmunidad mutua, poca esperanza tenemos los ciudadanos de oír voces disidentes sobre los proyectos dentro del propio Estado.
Además, cualquiera que haya leído un poco de historia sabe que estos caminos para combatir los “ejes del mal” siempre salen chuecos. Cuando en los años 1950 el eje del mal era el comunismo, con los esfuerzos de darle autoridad, poder y armas a los Gobiernos latinoamericanos para defenderse de los rojos, nos acabamos metiendo una dosis de dictaduras que posiblemente fueron peores y tan crueles como un gobierno de izquierda radical y que dejaron secuelas de populismo en todos nuestros países que todavía no alcanzamos a quitárnoslas.
Con todo y todo, me resisto a creer que la gente del PRD, que a pesar de sus genomas autoritarios y militaristas y quienes indudablemente han sido grandes beneficiarios del estado de derecho y de la democracia (que hicimos posible los que estábamos frente a los Doberman) piensen que un país de derechos conculcados y concentrados en el capricho de unos pocos sea mejor para todos. Para empezar, si yo fuera Pedro Miguel me preocuparía del artículo 53 que le permite a una sola persona (el Presidente de la Sala Penal) levantarle las garantías constitucionales a cualquier ciudadano; y en eso de garantías individuales, mi querido diputado, está la no extradición de nacionales.
Me dicen que detrás de esto hay algo más, que el Ejecutivo americano no va a pasar el TLC de Panamá al Senado si no hay estas leyes de “seguridad”. Sinceramente no lo puedo creer. Pero si así fuera, señor Presidente, es mejor una república donde quepamos todos que la mejor de las dádivas. (Palabras más palabras menos creo que algo así dijo su papá).
Ojalá que hagamos de esto los 15 minutos de idiotez a los que todos tenemos derecho y busquemos soluciones comunes a los problemas comunes sin poner siquiera en duda el sitio de honor que tienen nuestras libertades y nuestros derechos. Hemos luchado mucho para llegar donde estamos y aún estamos lejos de donde vamos. Sería muy doloroso y antiproductivo vernos otras vez, unos adelante y otros detrás, de los uniformes y el despotismo.
Por Roberto Brenes, Presidente de la Fundación Libertad
( Artículo publicado en el diario La Prensa )
En los últimos meses, so pretexto de mejorar la seguridad y la eficiencia policial, el gobierno de Martín Torrijos ha promovido varias iniciativas legales supuestamente tendientes a lograr lo que en la práctica ha sido un fracaso. La realidad es que cuando sumamos lo que se ha propuesto en las diferentes leyes, más que un proyecto de seguridad lo que tenemos es una agenda bien planeada de conculcación de los derechos y las garantías civiles de la población.
Me resulta muy difícil creer que lo que se plantea como proyectos de ley de “seguridad” sea una lamentable cadena de coincidencias. O peor aún, que el soberano gobierno de la República esté dispuesto a calcar a pie juntillas los exabruptos legales con que la paranoia neoconservadora del Gobierno americano pretende conjurar el terrorismo en el mundo amén.
Lo cierto es que, de la noche a la mañana, el Poder Ejecutivo, con la anuencia del siempre desubicado Poder Legislativo y en este caso con el silencio cómplice del Judicial, y ni siquiera por leyes discutidas en una asamblea abierta, sino en la limitada transparencia que permite un Consejo de Gabinete, se quieren aprobar, y a tambor batiente, medidas que cercenan las libertades y garantías individuales como nada se ha visto en nuestra historia republicana. Además, si a esta última andanada de proyectos sumamos los proyectos que ya andan por ahí, como la ley de armas que en su versión oficial busca desarmar a la población civil, vemos que dos más dos es más que cuatro.
Los proyectos más que recordarnos y retornarnos al militarismo son iniciativas para entronizar el abuso y despojar a los ciudadanos de sus derechos fundamentales. Así ni siquiera se necesita una dictadura militar; la podremos tener con civiles a la cabeza; el problema no está en quién instrumente las medidas sino en las medidas mismas. La premisa de todo el entramado legal que ahora se intenta hacer ley de la República es concentrar la autoridad y hacer de su uso y abuso casi un secreto de Estado. En los textos que he leído, se puede arrestar, indagar y condenar a una persona en secreto y sin darle cuenta ni a los parientes; los abusos de Guantánamo se quedarán chicos cuando estas facultades sean leyes en manos de cualquier exaltado mandamás tropical.
Por otra parte, la redacción está tan burdamente inspirada en la retórica antiterrorista gringa que da risa y da pena. Parece mentira que este pequeño país que tanto ha peleado porque se le reconozca autonomía y soberanía resulte gobernado por gente que con dos viajecitos a Washington se alinean incondicionalmente con locuras, que no sólo no han resuelto nada, sino que poco a poco las ha ido echando para atrás la Corte Suprema Americana (que sí manda), por ser claras violaciones a las libertades y a la democracia. Aquí donde la Corte y los diputados se han legislado inmunidad mutua, poca esperanza tenemos los ciudadanos de oír voces disidentes sobre los proyectos dentro del propio Estado.
Además, cualquiera que haya leído un poco de historia sabe que estos caminos para combatir los “ejes del mal” siempre salen chuecos. Cuando en los años 1950 el eje del mal era el comunismo, con los esfuerzos de darle autoridad, poder y armas a los Gobiernos latinoamericanos para defenderse de los rojos, nos acabamos metiendo una dosis de dictaduras que posiblemente fueron peores y tan crueles como un gobierno de izquierda radical y que dejaron secuelas de populismo en todos nuestros países que todavía no alcanzamos a quitárnoslas.
Con todo y todo, me resisto a creer que la gente del PRD, que a pesar de sus genomas autoritarios y militaristas y quienes indudablemente han sido grandes beneficiarios del estado de derecho y de la democracia (que hicimos posible los que estábamos frente a los Doberman) piensen que un país de derechos conculcados y concentrados en el capricho de unos pocos sea mejor para todos. Para empezar, si yo fuera Pedro Miguel me preocuparía del artículo 53 que le permite a una sola persona (el Presidente de la Sala Penal) levantarle las garantías constitucionales a cualquier ciudadano; y en eso de garantías individuales, mi querido diputado, está la no extradición de nacionales.
Me dicen que detrás de esto hay algo más, que el Ejecutivo americano no va a pasar el TLC de Panamá al Senado si no hay estas leyes de “seguridad”. Sinceramente no lo puedo creer. Pero si así fuera, señor Presidente, es mejor una república donde quepamos todos que la mejor de las dádivas. (Palabras más palabras menos creo que algo así dijo su papá).
Ojalá que hagamos de esto los 15 minutos de idiotez a los que todos tenemos derecho y busquemos soluciones comunes a los problemas comunes sin poner siquiera en duda el sitio de honor que tienen nuestras libertades y nuestros derechos. Hemos luchado mucho para llegar donde estamos y aún estamos lejos de donde vamos. Sería muy doloroso y antiproductivo vernos otras vez, unos adelante y otros detrás, de los uniformes y el despotismo.
