August 01, 2008
Reestructurar la educación
Por Roberto Cerrud, de la Fundación Libertad de Panamá
( Artículo publicado en el diario La Prensa)
No puede menos que ocasionar espanto ver el lugar tan rezagado en el que nos encontramos en materia educativa, según los resultados obtenidos en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo, coordinado por el LLECE, puesto que nos encontramos en la peor clasificación disponible en todas las áreas evaluadas. En vista de esto, me permito sugerir brevemente los cambios estructurales que, en mi opinión, permitirán que nuestro Panamá mejore la calidad de la educación de sus ciudadanos.
Primero, todo el sistema educativo público debe ser privatizado, incluyendo las instalaciones educativas que pertenezcan al Estado, las cuales deben ser subastadas a aquellos actores privados que se comprometan a mantenerlas, mejorarlas y modernizarlas en un plazo determinado. Estos mismos actores deben encargarse de contratar y administrar al personal docente y administrativo requerido para hacer funcionar de manera óptima el centro; también, para fomentar la tan necesaria competencia, es esencial que se permita abrir una escuela a todo aquel que lo desee. Una vez se haya realizado esto, se debe establecer una serie de normas que funcionen como estándar para todos aquellos inversores que hayan incursionado en este mercado, como por ejemplo, prohibir que en un salón de clases haya más de 30 estudiantes, exigir que los laboratorios sean modernizados cada 10 años, entre otras.
Segundo, todo el personal docente que, hasta la fecha, era mantenido por las finanzas públicas, podrá aspirar a ser contratado por la escuela que desee, absteniéndose el Estado de intervenir en este proceso, en el cual debe imperar la libre contratación para garantizar el mejor resultado posible; como los educadores ahora tendrán que competir por un número limitado de puestos de trabajo, se verán incentivados a mejorar su calidad de enseñanza, lo que a su vez redundará en beneficio de los educandos. Esto también solucionará permanentemente el problema que representa las cada vez menos justificadas huelgas docentes, puesto que, en una institución privada, el que no trabaja, no cobra.
Tercero, una parte de los recursos que antes se utilizaban ineficientemente para mantener infraestructura y personal, ahora podrá ser utilizada para darles “vales educativos” a aquellas personas que tengan hijos en edad escolar, los que servirán como una especie de subsidio a la educación masificada, lo que no quiere decir que el Estado pondrá límite a los precios que pueden cobrar los centros educativos, ni que se limitarán los márgenes de ganancia; los padres serán responsables de pagar la diferencia entre la anualidad escolar otorgada por el Estado y la anualidad cobrada por la institución educativa privada. El factor que va a limitar los precios va a ser el propio mercado, gracias a que los padres serán libres de elegir a cuál escuela enviarán a sus hijos y a que la competencia entre las escuelas provocará que los precios no sean excesivos.
Cuarto, la calidad de la educación masificada será medida y regulada por medio de exámenes anuales estandarizados, para lo cual se contratará a una institución extranjera reconocida y especializada en la elaboración y administración de dichas pruebas. La razón por la que se debe contratar a una empresa extranjera es para disminuir al mínimo la capacidad del Estado para alterar los resultados a su conveniencia. Los resultados se harán públicos al final de cada año, y se exigirá a todas las escuelas que cumplan con una calificación mínima; de no lograrlo, perderán el derecho a reclamar al Estado el pago de los vales educativos.
Por Roberto Cerrud, de la Fundación Libertad de Panamá
( Artículo publicado en el diario La Prensa)
No puede menos que ocasionar espanto ver el lugar tan rezagado en el que nos encontramos en materia educativa, según los resultados obtenidos en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo, coordinado por el LLECE, puesto que nos encontramos en la peor clasificación disponible en todas las áreas evaluadas. En vista de esto, me permito sugerir brevemente los cambios estructurales que, en mi opinión, permitirán que nuestro Panamá mejore la calidad de la educación de sus ciudadanos.
Primero, todo el sistema educativo público debe ser privatizado, incluyendo las instalaciones educativas que pertenezcan al Estado, las cuales deben ser subastadas a aquellos actores privados que se comprometan a mantenerlas, mejorarlas y modernizarlas en un plazo determinado. Estos mismos actores deben encargarse de contratar y administrar al personal docente y administrativo requerido para hacer funcionar de manera óptima el centro; también, para fomentar la tan necesaria competencia, es esencial que se permita abrir una escuela a todo aquel que lo desee. Una vez se haya realizado esto, se debe establecer una serie de normas que funcionen como estándar para todos aquellos inversores que hayan incursionado en este mercado, como por ejemplo, prohibir que en un salón de clases haya más de 30 estudiantes, exigir que los laboratorios sean modernizados cada 10 años, entre otras.
Segundo, todo el personal docente que, hasta la fecha, era mantenido por las finanzas públicas, podrá aspirar a ser contratado por la escuela que desee, absteniéndose el Estado de intervenir en este proceso, en el cual debe imperar la libre contratación para garantizar el mejor resultado posible; como los educadores ahora tendrán que competir por un número limitado de puestos de trabajo, se verán incentivados a mejorar su calidad de enseñanza, lo que a su vez redundará en beneficio de los educandos. Esto también solucionará permanentemente el problema que representa las cada vez menos justificadas huelgas docentes, puesto que, en una institución privada, el que no trabaja, no cobra.
Tercero, una parte de los recursos que antes se utilizaban ineficientemente para mantener infraestructura y personal, ahora podrá ser utilizada para darles “vales educativos” a aquellas personas que tengan hijos en edad escolar, los que servirán como una especie de subsidio a la educación masificada, lo que no quiere decir que el Estado pondrá límite a los precios que pueden cobrar los centros educativos, ni que se limitarán los márgenes de ganancia; los padres serán responsables de pagar la diferencia entre la anualidad escolar otorgada por el Estado y la anualidad cobrada por la institución educativa privada. El factor que va a limitar los precios va a ser el propio mercado, gracias a que los padres serán libres de elegir a cuál escuela enviarán a sus hijos y a que la competencia entre las escuelas provocará que los precios no sean excesivos.
Cuarto, la calidad de la educación masificada será medida y regulada por medio de exámenes anuales estandarizados, para lo cual se contratará a una institución extranjera reconocida y especializada en la elaboración y administración de dichas pruebas. La razón por la que se debe contratar a una empresa extranjera es para disminuir al mínimo la capacidad del Estado para alterar los resultados a su conveniencia. Los resultados se harán públicos al final de cada año, y se exigirá a todas las escuelas que cumplan con una calificación mínima; de no lograrlo, perderán el derecho a reclamar al Estado el pago de los vales educativos.
