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Naturalmente, cuando se busca determinar el contenido y las metologías de los currículos, se busca a los expertos. Y los expertos son educadores, es decir, los mismos supuestos a proveer el servicio. Los encargados de proveer un servicio tienen siempre un interés muy particular, y no son desinteresados (como no lo es nadie).

Por un lado, probablemente el maestro de música querrá ver que el currículos contenga más horas de música en términos relativos, que las horas de música que el maestro de matemáticas considerará apropiadas. Y el maestro de matemáticas querrá más horas de matemáticas que las que querrá el maestro de español.

¿Cómo lograr entonces el balance óptimo? (Dejando de lado el problema consistente en que no necesariamente existe un solo optimum absoluto y válido para todos los estudiantes. El balance que para unos será óptimo, será subóptimo para otros) En el sistema de mercado, por el cual las personas demandan lo que valoran más, muchas veces lo que los expertos consideran adecuado no es necesariamente lo que los usuarios consideran como tal. Cuando es así, son los expertos los que deben ceder y ajustarse a la demanda de los clientes, so pena de perder el favor de éstos. Las necesidades de los clientes así manifestadas en el mercado priman entonces por sobre los sueños de los expertos.

Pero en ausencia de dicho mecanismo de mercado, los llamados expertos no tienen ese constreñimiento de tener que atender las necesidades de los clientes so pena de irse a la quiebra, sino que pueden ahora soñar a sus anchas.

Es así como los currículos tienden entonces a ser diseñados y programados en atención a las necesidades e intereses de los educadores, y no realmente a las necesidades y valoraciones de los clientes, en este caso los padres de familia y los estudiantes.

E.G. West apunta esto [Education and the State, 1965] al describir cómo históricamente tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, las expectativas y los objetivos de la educación fueron haciéndose cada vez más ambiciosos y por tanto requirieron una continua expansión de la necesidad de la oferta educativa. Por un lado, desde el punto de vista de los objetivos, en sus inicios la educación masiva tenía como fin el que los estudiantes aprendiesen a leer y escribir, y dominasen las operaciones aritméticas elementales. Gradualmente fue extendiéndose el currículum e incluyendo más asignaturas, llegando hasta el día de hoy en que ya no sólo se pretende que el muchacho salga del colegio sabiendo leer y escribir, sino que además sepa literatura e historia universal, ciencia. Hoy día incluso gran parte de las asignaturas están orientadas no tanto hacia lograr instrucción formal del muchacho en las áreas tradicionales del conocimiento científico y humanístico, sino que se ha hecho extensivo a temas marginales como conciencia ambiental y urbanidad.

Lo anterior ha requerido, naturalmente, que el período escolar se aumentase cada vez más. Así, de los aproximadamente 6 años que en promedio estaba el niño en la escuela para mediados del Siglo XIX, hemos llegado a los 12 años actuales.

Es claro que esto ha hecho que se requiera cada vez más de educadores, por más tiempo. El más elemental sentido común nos dice que, en un mercado realmente libre, donde las necesidades educativas de los muchachos no estuviesen impuestas por el Estado, sino que pudiesen ser determinadas según las valoraciones individuales de los padres de familia (como ocurre con cualquier otra necesidad de sus hijos como alimentación, vivienda, vestido, atención médica), la duración del período escolar sería menor, probablemente sustancialmente menor, al menos en promedio, de lo que es actualmente por razón de que la cantidad de oferta educativa tenida como necesaria y óptima, es determinada precisamente por quienes se benefician en tanto mayor sea dicha cantidad considerada como óptima.

Otro factor que respalda mi afirmación, lo constituye el hecho de que en muchos países es obligatoria la asistencia de los niños a un centro educativo autorizado por el Estado (a través del Ministerio de Educación u organismo equivalente). Es decir, lo obligatorio no es que los padres provean educación a sus hijos, sino que los envíen a uno de estos centros escolares, por lo que tales padres incurren en violación de la ley aún si educan a sus hijos en casa. El homeschooling o educación casera, popular en los Estados Unidos de América, es ilegal en países como Panamá. Es decir, el énfasis no es en el logro del objetivo de que el niño obtenga una educación adecuada independientemente de los medios con los que ello se logre, sino en el medio para lograr dicho objetivo. Si en realidad el interés de quienes establecen el currículos es única y desinteresadamente que los niños obtengan una instrucción adecuada, ¿qué importa si en algunos casos los padres pueden lograr dicho objetivo educando en casa a sus hijos? En tales casos, tal como ocurre en los Estados Unidos, el desempeño de los niños educados en casa podría ser examinado y validado mediante exámenes estandarizados como el Test de Aptitudes Escolásticas (o SAT por sus siglas en inglés).

Y es que el homeschooling constituye claramente una competencia frente a los maestros.