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En 1989 la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) prohibió el comercio del marfil. La prohibición duró hasta 1997, cuando se levantó parcialmente a solicitud de los países de África del sur. Los oponentes de la prohibición favorecieron un enfoque de libre mercado que ofreciese a los habitantes rurales de África beneficios tangibles como incentivos para mantener la cantidad de elefantes y que les compensase por los costos de convivir con ellos.

Los elefantes pueden causar daños considerables a rebaños y cosechas, y son extremadamente peligrosos para las personas. Los africanos que compiten con ellos por tierra y alimento han sido tradicionalmente cazadores de elefantes. La actitud de los africanos hacia la conservación de los elefantes contrasta con la de muchos occidentales. Los primeros cargan con los costos mientras los segundos disfrutan los beneficios, ya que ven a los elefantes como un símbolo importante de conservación con gran valor estético y emocional. En otras palabras, tienen un gran “valor de existencia”.

En 1933 las potencias europeas que tenían colonias en África decidieron crear parques especiales para proteger la vida salvaje. Se podía cazar en dichos parques, pero con licencias limitadas. Los africanos que vivían en esas áreas fueron lanzados fuera de los parques, lo que significó en muchos casos la destrucción de su economía agrícola.

La noción de que se puede separar la vida salvaje y los africanos rurales está equivocada. Es virtualmente imposible confinar a los elefantes, que siempre acaban llegando a las áreas rurales aledañas, creando serios problemas para los cultivos y viviendas.

Otro problema con este enfoque es que los parques requieren cuidadores para impedir la caza ilegal. Pero los países africanos difícilmente pueden dedicar los recursos necesarios. Se estima que el gasto mínimo anual debe ser de 400 dólares por kilómetros cuadrado. A finales de los años 80, el país que más gastaba era Kenya, con 10 dólares. En estas condiciones, los cazadores ilegales sobornan con facilidad a los cuidadores.

Pocos de los beneficios que generan los parques llegan a quienes viven cerca, a menos que se dediquen a la caza ilegal. Sólo el 10% de los beneficios que genera el parque Mera de Kenya llegan a quienes viven en las cercanías, aunque pagan el precio de los daños de los animales salvajes.

Otro problema de los parques son los desbalances en la cantidad de animales. Un elefante consume 300 libras diarias de árboles. Por ejemplo, el parque Tsavo de Kenya llegó a tener 40 mil elefantes, y unos 10 mil murieron de hambre a consecuencia de un periodo de sequía.

En términos de derechos de propiedad, el problema de la conservación de elefantes es que el título legal pertenece al Estado, pero no se ejerce debido a la escasez de fondos y la corrupción. Como de hecho los elefantes son un recurso de acceso abierto, no hay dueños que exijan que los usuarios potenciales paguen los costos de oportunidad de su uso. Más aún, la naturaleza de bien público de los elefantes significa que es imposible cargar un precio por su valor de existencia.

Sin embargo, la suerte de los elefantes ha sido muy diferente en distintas partes de África. Por ejemplo, Kenya, Tanzania, Congo y Zambia han visto disminuir su población de elefantes, mientras que en Zimbabwe, Bostwana, Namibia y Sudáfrica ha pasado lo contrario. La razón es que los países del sur han practicado la “utilización consumptiva”. Este enfoque reconoce que la vida salvaje no puede separarse totalmente de las comunidades humanas y que las segundas tienen que recibir beneficios tangibles para proteger la primera.

Los programas más exitosos de utilización consumptiva se basan en que las comunidades adyacentes a la vida salvaje usufructúen los beneficios derivados de la misma, como turismo, caza, o la venta de productos derivados.

Según Raymond Bonner, los dos programas más exitosos de utilización consumptiva son el de guardianes comunitarios en Kaokoweld, Namibia, y el CAMPFIRE en Zimbabwe.

El primero fue diseñado en 1982 como respuesta a la caza furtiva y a la pobreza de los Himba y Herero, tribus dedicadas al pastoreo. Se reclutaron guardianes voluntarios con un salario de 25 dólares mensuales más alimentación y útiles domésticos. El programa también incentivó a los lugareños para fabricar artesanías y venderlas a las turistas. También se estableció un Comité de Conservación y Desarrollo, con los ingresos de un impuesto de 10 dólares por turista. Los voluntarios Himba y Herero resultaron ser guardianes mucho mejores que los empleados del gobierno.

EL CAMPFIRE se inició en 1982 pero sólo tomó fuerza a partir de 1988. El objetivo principal fue establecer cooperativas con derechos territoriales sobre áreas bien definidas. Los lugareños pueden cazar animales salvajes para aprovechar su carne, pueden vender concesiones de caza y establecer compañías de turismo. Los ingresos les han permitido construir escuelas, clínicas y molinos. En 1989, Nyaminyami contrató y equipó un grupo de doce guardianes con un salario mensual de 100 dólares, uno de los mejores grupos de guardianes de África. Los ingresos se distribuyen también para compensar por los daños infligidos por los animales salvajes. En total, Nyaminyami ha logrado obtener ingresos anuales de unos 500 mil dólares.

( William H. Kaempfer y Anton D. Lowenberg, Pag. 181-201 )