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El problema de los free riders asociado con los bienes públicos fue reconocido por David Hume incluso antes de Adam Smith. Cada ciudadano que puede disfrutar los beneficios de un bien público tiene un incentivo para tratar de cargar los costos sobre otros en la medida en que la exclusión de quienes no pagan es muy costosa o imposible. Hume recomendó en 1739 que ese tipo de bienes fueran provistos por el gobierno. Dos siglos y medio después, los economistas suelen recomendar la misma solución.

Dicha solución no suele ser discutida, aunque los economistas actuales, que conocen la teoría de la elección pública (public choice), saben que el gobierno es una institución imperfecta. La provisión de bienes públicos por parte del gobierno no está exenta de problemas. Por ejemplo, se reconoce la ignorancia racional de los votantes y la influencia desproporcionada de los grupos de interés.

No obstante, rara vez se aprecia que la raíz de estos problemas es precisamente la misma que la del problema de los free riders asociados con la producción privada de bienes públicos. La formación y control de un programa del gobierno para el interés público son ellos mismos bienes públicos. ¿Quién pagará el precio en tiempo y esfuerzo para crear y controlar un programa de interés público en general? Adam Smith ya observó que no puede esperarse que un individuo busque el interés público.

Los mercados trabajan para explotar las ganancias del intercambio y la cooperación porque cada individuo tiene interés en encontrar y captar dichas ganancias.

Cuando los free riders pueden disfrutar un bien público sin pagarlo, la producción y las ganancias potenciales puede que no se den. Los esfuerzos para crear programas gubernamentales y controlarlos para que sirvan al interés público no son algo diferente. Como dice Gordon Tullock : “El proceso público de toma de decisiones es un procedimiento para generar bienes públicos; los participantes, sean votantes, jueces, legisladores o funcionarios lo tratan como cualquier otro bien público.”

Tullock reconoció la probabilidad de que se dedique poco tiempo y esfuerzo a investigar los asuntos sujetos a decisión pública y de que se utilicen las preferencias personales de quienes toman decisiones en vez del interés público en general. Por estas razones, las decisiones públicas no necesariamente promoverán el bienestar del público. Los análisis de estos problemas son comunes, pero no se suele reconocer el problema de los free riders que está en el fondo.

Una utilización de la idea de Tullock podría ser la comparación sistemática de los problemas de incentivos implícitos en la provisión privada de bienes públicos y en la provisión pública de cualquier bien y en la regulación.

Los economistas que discuten los bienes públicos y los free riders ponen ejemplos como la defensa nacional, el control de los mosquitos, así como carreteras y puentes. La solución estándar es la provisión pública. Sin embargo, la misma introduce varios problemas de free riders.

Consideremos la defensa nacional. ¿Cuál es el tipo y nivel adecuado? ¿Qué tipo de buques, aviones y tanques hay que tener? Así como estas, hay muchas más preguntas. Cada una de estas decisiones es importante para los suplidores y para la burocracia militar, que defenderán sus intereses. Pero ¿quién defenderá los intereses del público en general? El problema es que, para cada ciudadano, el costo de aprender sobre estos temas lo cargará él, mientras que cualquier beneficio se distribuirá entre todos. Obviamente, tenemos un caso de free riders respecto a las decisiones sobre la provisión pública de la defensa nacional.

( Richard L. Stroup, Pag. 209-212 )