Panafreedom

En Charlotte, North Carolina, dos señoras mayores, Thelma Connell y Louise Koller, tejían en casa mitones y sueters, que luego vendían en el mercado local. Un día, las autoridades les dijeron que no podían trabajar en casa porque eso perjudicaba al vecindario. Como querían obedecer la ley, dejaron de vender.

Linda Fisher, de Baltimore, preparaba temprano seis docenas de muffins que luego vendía cerca de su casa. Cuando el departamento local de salud se enteró, le prohibió su negocio porque no tenía una “cocina comercial”.

También observé que algunos negocios entran en colusión con los reguladores para obtener ventajas. Por ejemplo, el negocio de la leche hace contribuciones millonarias a los políticos. Estos devuelven el favor fijando precios mínimos en perjuicio de los consumidores.

Recientemente exigieron más. Pidieron a la FDA que los fabricantes de leche de soya no pudieron utilizar el término “leche” sino el de “bebida”. Quizás los fabricantes podrían argüir que la leche de soya ya se consumía en China hace dos mil años, y que la leche debería llamarse “jugo de vaca”.

Los sindicatos no se quedan fuera. La ley Davis-Bacon de 1931 permite fijar los salarios en las construcciones contratadas por el gobierno. Por ejemplo, el salario de un carpintero en Washington es $19.40 la hora, en Chicago $31.97 y en Cleveland $20.30. En consecuencia, los contratistas sólo emplean trabajadores experimentados, y los jóvenes no tienen oportunidad.

En una ocasión tuve que investigar las malas condiciones sanitarias en las plantas de procesamiento de pollos. Encontramos cuatro tipos de bacterias. El Departamento de Agricultura tenía inspectores en todas las plantas. El problema era que inspeccionaban a simple vista en vez de tomar muestras al azar y examinarlas en el laboratorio. Hasta donde sé, el procedimiento todavía no ha cambiado.

En una ocasión observé en New York que, en una parada de bus, los pasajeros tomaban unos minivans en vez de los buses regulares. Los minivans eran más baratos y llevaban a la gente a donde querían ir. Pronto se convirtieron en un éxito total. ¿Qué hicieron los concejales? Prohibirlos, por supuesto.

Las leyes norteamericanas no permiten trabajar a menores de 14 años y tienen reglas estrictas para los de 16 años. Yo creía que eran buenas leyes. Sin embargo, nunca encontré en mis investigaciones que los menores se quejasen de ningún tipo de abuso. Todos querían trabajar y estaban contentos con su trabajo. Las leyes les perjudicaban en vez de protegerles.

Las investigaciones sobre la FDA me abrieron los ojos. Esta agencia se ha convertido en un obstáculo para la innovación. Conseguir que se apruebe una nueva medicina cuesta no menos de 500 millones de dólares y entre 12 y 25 años. Este proceso para garantizar la seguridad también contribuye a la muerte de mucha gente.

Algunos años atrás, la FDA anunció en una conferencia de prensa que una nueva medicina para el corazón salvaría 14,000 vidas anualmente. Pero nadie hizo notar que la demora en la aprobación había matado 14,000 por año.

Yo propongo que la aprobación por la FDA sea algo voluntario. Las compañías que quieran someter sus medicinas al proceso de aprobación, que lo hagan. Quienes quieran el máximo de seguridad, sólo comprarán medicinas aprobadas. Otras personas comprarán otras medicinas.

Si el proceso de revisión por la FDA fuese voluntario, surgirían grupos privados que evaluarían las medicinas, como Consumer Reports y Underwriters Laboratories. Este último grupo se dedica en la actualidad a productos eléctricos y de autos. Tiene tal prestigio que muchos almacenes no aceptan productos que no tengan su sello de aprobación.

( John Stossel, Give me a break, 2004, Pag. 31-47 )