August 27, 2009
En Nombre de Dios o del Estado
El artículo 257 de la Constitución Política dice que “Pertenecen al Estado las tierras baldías o indultadas”. Dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua que baldías son tierras que no se labran ni están adehesadas. Quiere esto decir con claridad que al Estado le pertenecen sólo las tierras que no están siendo ocupadas y trabajadas de alguna forma por una persona.
No obstante lo anterior, que tiene una claridad meridiana, en Panamá hay una escuela de pensamiento con vocación estatista que se ha inventado algo que no tiene ningún asidero legal ni filológico: que la tierra baldía es ¡la que no tiene título de propiedad inscrito en el registro público!
Esta interpretación no sólo es completamente antojadiza y contraria a nuestra tradición jurídica universal, sino que introduce una inseguridad jurídica extraordinaria sobre tierras que son propiedad legítima de sus poseedores, dado que su propiedad, en ocasiones, es incluso anterior al Estado, a la República y a la noción de títulos inscritos en registros públicos.
Según esta tesis, por ejemplo, los habitantes de Nombre de Dios no son dueños de sus casas, de sus terrenos de labranza ni de nada, puesto que ningún habitante de dicha localidad posee título de propiedad. Es decir, en la población continuamente habitada más antigua de tierra firme del continente americano, que fue fundada en 1510, nadie ha sido dueño de tierra alguna y todos han habitado ilegalmente en tierras de un Estado que aún no había nacido cuando la ciudad fue fundada.
A lo anterior se le suma el hecho innegable de que los habitantes de estas localidades han vendido entre ellos o a otras personas sus propiedades, a cambio de lo que los vendedores consideraban un precio justo. Según esta escuela de pensamiento, los compradores legítimos de propiedades legítimas, son especuladores y deben cobrarles “precios de mercado” por sus propiedades ya pagadas a los vendedores legítimos.
En la campaña electoral, el presidente Martinelli fue muy claro. Dijo que les otorgaría título de propiedad a todos los derechos posesorios de forma gratuita. Esta promesa electoral es cónsona con la realidad y guarda un enorme impacto social y económico.
Desde el punto de vista social, sólo hay que ver un mapa de Panamá para ubicar la pobreza en términos geográficos. Esta se concentra mayoritariamente en tierras sin título: reservas indígenas, costas e islas. Y, en los lugares en los que existe título, pero a nombre del Estado, también hay pobreza, como es el caso de la ciudad de Colón, en donde el Estado es propietario mayoritario de las tierras de esa ciudad. Es más, estas tierras revirtieron a Panamá a la vez que las de Punta Paitilla. Estas últimas, el Gobierno las vendió y podemos ver lo que sucedió. Las otras las conservó y más claro no puede ser el resultado.
La titulación inmediata de tierras a lugareños y compradores no locales generará un alto nivel de inversión en lugares tradicionalmente alejados de la misma, generándose trabajo y actividad económica. Esto, a la larga, producirá mucho más réditos al Gobierno que la venta de tierras (que probablemente no venderá) que no son suyas. Se trata pues de una política social y económica justa, beneficiosa para los más pobres y para la atracción de inversiones.
En su libro El Misterio del Capital, el economista Hernando de Soto demuestra con cifras y datos históricos que en la base del proceso de desarrollo de muchos países, incluido Estados Unidos, está un esfuerzo por asignar tierras de forma masiva a la población, sin distingos de ninguna clase. También demuestra lo inverso: en casi todos los países que no logran desarrollarse, el derecho de propiedad de la tierra y de inmuebles está tremendamente limitado a los que tienen los recursos para pagar abogados, notarios y Registro Público.
Por tanto, sustentar esta línea de pensamiento no sólo implica mantener en la pobreza y en la falta de trabajo a los más pobres del país, sino que hay que señalar que cualquier intento del gobierno para desconocer los derechos posesorios va a generar una revuelta política y una más que justificada acción legal en foros internacionales por violación a los derechos humanos. Porque pretender que las personas paguen por lo que ya es suyo es una expropiación enorme, ya que la negativa de pago implicaría la negativa a reconocer el derecho que les asiste.
Estoy seguro de que esa no es la política del señor Presidente, quien ha demostrado que desea cumplir con sus promesas. También creo que funcionarios de tercer nivel, con ideas equivocadas, y basados en esta escuela de pensamiento, han confundido a personas bien intencionadas que forman parte del gobierno y que estoy seguro de que no quisieran ver cómo le cambiamos el nombre a la población de Nombre de Dios a Nombre del Estado.
( Artículo de Roberto Brenes, de la Fundación Libertad de Panamá, publicado en el diario La Prensa )
