October 22, 2009
Los "encomenderos" de hoy
Escuchaba un comercial de radio publicitando la manera como una empresa minera ayuda a los campesinos locales y esto me hizo recordar mis clases de historia. Cuando los colonizadores españoles gobernaban, cuentan los historiadores, establecieron un sistema de control basado en el estatus o “casta” de los habitantes de la región.
Primero estaba el rey, luego los peninsulares representantes del rey, seguidos por los criollos, europeos nacidos en el nuevo mundo, luego los indígenas y por último los esclavos. Las leyes de la época, y su aplicación, claramente reflejaban este sistema.
La asignación de propiedades y, más importante, los contratos sobre las mismas, eran fiel reflejo del sistema.
Antes de que descarguemos nuestros prejuicios “liberales” contra este orden social de nuestros colonizadores quiero que observen algo: la colonia duró más de lo que nosotros hemos sido independientes. Esto forjó nuestro pensamiento sobre el orden social de una manera mucho más profunda de la que queremos admitir en nuestra época liberal, tanto así que todavía no hemos podido erradicar el “fondo” de este sistema enquistado en nuestra legislación, en especial en lo que atañe a leyes referentes a la propiedad privada y su uso.
A principios del siglo XIX, hace casi 200 años, producto de un accidente histórico, la invasión de Napoleón a España, nos vino la independencia. Los criollos locales destronaron a los peninsulares y para llenar el vacío de legitimidad legal, empezaron a importar las ideas y legislaciones liberales que en esa época estaban “de moda” en el viejo continente. Y como siempre sucede con todas las modas, se adopta la “forma” y no el “fondo”. Hoy en día, todos, sin excepción, hablamos y vemos el mundo de una manera “liberal”; todos los ciudadanos iguales ante la ley, fundamento de liberalismo, nadie discute eso. Sin embargo, en la práctica, en la creación de leyes y aplicación de las mismas, difícilmente hemos superado la época de las “encomiendas coloniales”.
Me refiero en concreto, entre otras cosas, a los derechos a la propiedad y sus recursos naturales en nuestro país y a la filosofía detrás de ellos. Tal como las antiguas encomiendas, tierras concesionadas por el rey a cambio de un uso “particular” de las mismas por parte de los “encomenderos”, el uso de los derechos de propiedad sobre la tierra, actualmente, está condicionado al uso que se le dé a la misma y no al individuo propietario.
Por ejemplo, el problema de las represas en Chiriquí, donde si tienes la mala suerte de tener una finca justo en el lugar donde alguien recibe una concesión por parte del rey (el Estado), para utilizar el recurso natural, a ti solo te toca ver cómo pierdes posesión (obligándote a “vender”) de algo que tú una vez pensaste que era tuyo y de tu libre disposición. ¿Qué es mi finca? ¿Una concesión para cultivar arroz y ganado, pero no su subsuelo? ¿Quién tiene verdadero derecho de usufructo de los recursos del subsuelo, el rey y su corte o su legítimo dueño? Otro ejemplo, el de las islas, que ahora que el turismo está de “moda”, con una nueva ley se pretende condicionar su titulación a su uso “turístico”.
En un régimen como el descrito, cuando no en teoría por lo menos en la práctica, los derechos de los individuos sobre su legítima propiedad y su utilización plena se ven limitados a su acceso a la “corte real”, o, en el caso contemporáneo, al lobby ejercido por grandes bufetes de abogados y a las personas que tienen acceso a ellos que no son, ni van a ser, un campesino chiricano propietario de una finca con potencial hidroeléctrico o un pescador con un ranchito al frente de una hermosa playa. Lo mismo pero peor, como decía la frase, ya que en el antiguo régimen por lo menos a través del rey se tenía una visión a largo plazo; hoy nuestros reyes duran cinco años, y muriendo el rey cambia la interpretación, como consecuencia, el perpetuo caos y la inseguridad de los resultados.
Si queremos hacer de Panamá un Estado moderno, de derecho, tenemos que entender que un estado de derecho se basa en la igualdad ante la ley de los ciudadanos y esta igualdad ante la ley se basa en la libertad de contratación de la propiedad y bienes individuales a través del intercambio voluntario. Cuando esta libertad se ve condicionada a leyes que limitan el uso de la propiedad, un sistema basado en la discrecionalidad y acceso al poder surgirá a cambio, creando la inseguridad y sentido de injusticia y eventualmente desencadenará en Estados fracasados. Estos problemas sólo se solucionarán cuando los campesinos panameños, o cualquier propietario, se puedan hacer ricos con los recursos de sus tierras y subsuelo, de los cuales son legítimos dueños y no los “encomenderos” que asigne el rey de turno.
( Artículo de Olmedo Miró, de la Fundación Libertad de Panamá, publicado en el diario La Prensa )
