Panafreedom

(Artículo publicado en Revista Agenda, noviembre de 2009)

Hidroeléctricas y termoeléctricas

En Panamá el 62% (aproximadamente) de la electricidad es generada por plantas hidroeléctricas. No obstante, no es este 62%, sino el 38% restante, lo que está haciendo que paguemos unos dieciséis centavos el Kilovatio-Hora ($0.16/Kwh). Las plantas térmicas no son necesariamente algo malo, muy al contrario, si no fuera por ellas no podríamos satisfacer la demanda actual en el país. Pero la principal de las plantas térmicas del país, Bahía Las Minas, es una planta muy vieja, bastante obsoleta e ineficiente, que quema búnker para generar electricidad. Por su ineficiencia y por el combustible que usa, resulta en una electricidad muy cara. Bahía Las Minas, sin embargo, está en proceso de reconversión hacia el uso de carbón como combustible, lo que debe resultar en una notable reducción del costo de la electricidad que genera.

La reconversión de Bahía Las Minas ayudará a bajar el precio que los panameños pagamos por la electricidad, pero no será suficiente. Para tener electricidad aún más barata, deberemos esperar a que entren en operación un conjunto de plantas de generación hidroeléctrica que están actualmente en construcción en el país, la principal de las cuales es la hidroeléctrica de Changuinola.

Panamá tiene un alto potencial hídrico

Aparte de ser más barata, la hidroelectricidad nos da una ventaja sobre la termoelectricidad, que para Panamá es importante, y es que nos hace menos dependientes de fuentes externas de generación. En Panamá no producimos carbón, petróleo ni gas natural, pero sí tenemos una gran precipitación pluvial y esto es algo que tenemos que aprovechar. El potencial hidroeléctrico de Panamá fue determinado en la década de 1970 por el antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), y aún queda mucho potencial por explotar.

¿Por qué entonces la oferta hidroeléctrica se ha estancado desde que se llevó a cabo la liberación del sector eléctrico a fines de la década de 1990? Principalmente, por barreras burocráticas a la inversión y un proceso de revisión y licenciamiento ineficiente por parte del Estado. En los últimos tres o cuatro años se ha subsanado una parte importante de estos problemas y por ello se ha podido dar algunas inversiones importantes en el sector hidroeléctrico, que darán frutos en pocos años.

Políticas públicas

La inversión en hidroeléctricas es muy intensiva en capital, principalmente porque la mayor parte de la inversión se usa para constuir la represa y crear el embalse. Es natural entonces que el inversionista quiera seguridad jurídica y un mayor retorno a la inversión que otras formas de generación como las termoeléctricas. La única solución verdadera a largo plazo es facilitar la inversión en más generación energética, pues como ocurre en todo mercado, sólo con la ampliación de la oferta puede asegurarse reducción duradera de precios.

Hay que aprender del estado de California. Allí, hace pocos años sufrieron apagones prolongados por escasez de electricidad. Ello, en medio de uno de los estados más ricos de la Unión Americana. La razón fue la pesada regulación del mercado energético que desde hacía muchos años castigaba la inversión en nueva generación, entre otras formas, mediante la regulación de precios al mayoreo de la electricidad generada.

En América Latina, la tentación populista a torcer el brazo a las empresas de servicios públicos para que bajen los precios al público, es endémica. Panamá no escapa a esto, debido a que el último lustro hemos sufrido de una electricidad bastante cara. A largo plazo, las medidas populistas sólo empeoran el problema. Lejos de incentivar el aumento de la oferta energética mediante la inversión en generación, las medidas populistas como el establecimiento de precios tope, resultan precisamente en lo contrario de aquello que es necesario para aumentar la oferta, pues disuade al inversionista en lugar de atraerlo. A nadie le gusta, a fin de cuentas, invertir largas sumas de dinero en países donde no se respeta la seguridad jurídica.