December 17, 2009

 

¿Qué pasó en Honduras?


Tuve una experiencia muy interesante participando como observador en las elecciones hondureñas del pasado 29 de noviembre. Me ha permitido entender las causas de una crisis política que implica mucho más que responder a la pregunta de si en Honduras hubo o no un golpe de Estado.

Panamá decidió reconocer el proceso electoral, en mi opinión una decisión correcta, por dos razones: primero, es un proceso iniciado con anterioridad al inicio de la crisis que provocó la deposición del presidente Zelaya; segundo, es un paso necesario para resolver la crisis institucional hondureña.

La crisis hondureña no es el resultado de la violación de su Constitución y leyes; es el resultado de su Constitución y leyes. El régimen constitucional de 1982 marcó el inicio de una lenta e inacabada transición del gobierno militar al gobierno civil. Es sabido por los analistas políticos que han vigilado la evolución del régimen democrático hondureño que el gobierno en Honduras, hasta el mismo inicio del presente siglo, tenía dos cabezas: el alto mando militar y la Presidencia, siendo la cabeza dominante la primera.

Los últimos cambios constitucionales han logrado en el papel la sujeción del mando militar al gobierno civil; sin embargo, los términos de esta sujeción siguen siendo difusos, ya que la Constitución reconoce como propósito de las Fuerzas Armadas “defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución”. Así, las Fuerzas Armadas son garantes del orden constitucional, una función que en cualquier régimen republicano corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

El régimen político hondureño parece sostenerse gracias a un acuerdo político entre los tres actores políticos dominantes, a saber, las Fuerzas Armadas y los partidos Liberal y Nacional. La Constitución resulta ser un instrumento de vigilancia para el cumplimiento de este acuerdo, del cual las Fuerzas Armadas son garantes. En consecuencia, cualquier intento no concertado entre todas las partes, de modificar las reglas del acuerdo político, implican la remoción del elemento discordante, que en el caso de la presente crisis resultó ser el presidente Zelaya. Tristemente, la Constitución es permeable a legitimar cualquier alteración del orden político.

Ahora, las elecciones contribuyen a una salida a esta crisis política, que hemos definido como la crisis del orden constitucional de 1982, porque supuso que todos los actores políticos dominantes apoyasen un proceso electoral relativamente transparente en el que se garantizase la honestidad del sufragio. Estas elecciones sientan así un precedente democrático a un nuevo gobierno que tendrá el reto de resolver las causas de la presente crisis.

¿Qué necesita Honduras para superar esta crisis? Se debe garantizar que las elecciones sean un proceso transparente de transición política y no una negociación de la alternancia política. El proceso electoral del 29 de noviembre fue honesto, pero las condiciones de independencia del Tribunal Supremo Electoral no están dadas. Es fundamental lograr la real sujeción de las Fuerzas Armadas al gobierno civil, de forma que el objetivo constitucional de la obediencia y la no deliberación política sea algo más que una declaración bienintencionada. Finalmente, se requiere un nuevo orden constitucional, uno verdaderamente republicano, que no dé paso a la negociación política de las funciones de cada uno de los órganos de gobierno.

La resolución de la crisis hondureña sigue siendo incierta. Los ciudadanos hondureños no merecen que los términos de la crisis se resuman en una oposición internacional al proyecto chavista para la región, como pretenden muchos de los observadores internacionales presentes el 29 de noviembre. Honduras necesita un nuevo pacto político que garantice el gobierno republicano, un sistema político de balances y contrapesos con instituciones políticas no controversiales. Para Pepe Lobo y el Partido Nacional el gran reto parece ser el renunciar al status quo que ahora les favorece.

(Artículo de Ramón Barreiro, de la Fundación Libertad de Panamá, publicado en el diario La Prensa)

Comments:
A un senador socialista chileno le escuché que la Constitución de Honduras se había creado bajo el último gobierno militar igual que en Chile.

A igual que en Chile las FF.AA., eran garantes de la Constitución, hasta que hicieron las reformas que le quitaron esa potestad. Los politólogos 'progresistas' hablaban de 'democracia protegida'.

Cuando escriben "El régimen político hondureño parece sostenerse gracias a un acuerdo político entre los tres actores políticos dominantes, a saber, las Fuerzas Armadas y los partidos Liberal y Nacional. La Constitución resulta ser un instrumento de vigilancia para el cumplimiento de este acuerdo, del cual las Fuerzas Armadas son garantes", creo que los militares tanto hondureños como chilenos proceden como los romanos de la República, a saber, con dos cónsules que se vigilaban. Por eso han creado esos mecanismo a raíz de la tumultosa historia de sus respectivos pueblos. Quizás no sea el mecanismo más adecuado, pero parece que los militares tienen más desconfianza del poder que los políticos en AL.
 
El artículo es interesante porque enfoca un ángulo que yo no había leído antes.Ahora bien,la frase "garante de la Constitución" es un tanto engañosa.Incluye dos actividades distintas:1)Interpretar la Constitución 2)Hacer que se cumpla.La Corte Suprema realiza la primera pero no puede realizar la segunda porque no tiene poder coercitivo.En Panamá hay fallos de la Corte que no se han cumplido.En España hay uno muy famoso sobre una cadena de emisoras de radio.Esto indica que tiene que haber una instancia de poder coercitivo,aunque no sea el Ejército.
 
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