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El caldero político panameño está revuelto por dos episodios en los que el Presidente Martinelli está recibiendo fuertes críticas. El primer caso es indudable. Nombró en la Corte Suprema de Justicia dos magistrados mediocres, que todo el mundo sabe que le cubrirán las espaldas en caso necesario. Y no es que el resto de los magistrados de la CSJ sean mucho mejores, con alguna honrosa excepción. El problema es que Martinelli había prometido un cambio en este asunto y no lo ha cumplido.

El segundo caso es más peliagudo, y se refiere a la Procuradora o Fiscal General. Todo indica que Martinelli ha estado presionándola para que actuase contra los exPresidentes Ernesto Pérez Balladares y Martín Torrijos, del partido opositor PRD.

Por otro lado, la Procuradora había sido acusada ante la CSJ por intervención ilegal del teléfono de un fiscal que solicitaba coimas para liberar acusados. La CSJ, por votación de 5 a 4, decidió separarla del cargo para posteriormente someterla a juicio. El problema es que los 5 votos fueron de magistrados nombrados por Presidentes pertenecientes a partidos que están actualmente en el gobierno, y los otros 4 por Presidentes pertenecientes al PRD, actualmente en oposición. Es obvio para todo el mundo que se trata de una decisión política, no jurídica.

Pero aún hay más. La Constitución tiene dos artículos contradictorios sobre quién debe nombrar el reemplazo de la Procuradora en caso de ausencia.

Uno atribuye la facultad al Presidente y el otro a la misma Procuradora. Ambos nombraron al reemplazo, pero el de la Procuradora renunció por razones obvias. El individuo nombrado por Martinelli es políticamente fiel y no cabe esperar que trabaje con la imparcialidad necesaria.

A raíz de ambos episodios, varios comentaristas y analistas sin afiliación política están defendiendo la tesis de que Martinelli, que según ellos estaba trabajando muy bien, está tomando un rumbo peligroso. Yo coincido en lo peligroso del rumbo, pero añado que el rumbo comenzó a torcerse a los pocos días de la toma de posesión. Y me explico.

El último día de 1999 Panamá recibió el territorio de la antigua zona del canal, que contiene tierras e instalaciones valiosas. Una de las áreas es la de Amador, excelente para desarrollo turístico. Los gobiernos anteriores fueron dando concesiones a diferentes empresas locales y extranjeras. Algunas de ellas estaban atrasadas en los pagos y estaban utilizando los terrenos en forma no apropiada según los contratos de concesión. Por ejemplo, dos o tres empresas rellenaron fondo marino ilegalmente.

El Presidente Martinelli, para dar un golpe de efecto, se dirigió en dos días diferentes, junto con sus ministros y un montón de policías, a los terrenos de dos compañías. Sacaron a los empleados, pusieron unos carteles e impidieron la entrada a los concesionarios. Los que ahora se quejan, en aquel momento aplaudieron.

Es obvio que lo que hizo el Presidente no se ajustaba a la ley. Si yo tengo alquilada una vivienda y el inquilino no me paga o la usa indebidamente, yo no me puedo presentar allí con un montón de gente, sacar al inquilino, y no dejarle regresar. Tengo que seguir los procedimientos legales. Lo mismo debió haber hecho el Presidente. Pero en vez de críticas, recibió aplausos al violar la ley. Y quizás llegó a la conclusión de que la ley no es tan importante.

Yo les digo a los críticos de hoy : Aquellos polvos trajeron estos lodos.