February 04, 2010
El país de los enclaves
Uno de los objetivos más importantes de la actual administración es la atracción de inversión extranjera. Reconozco de antemano que aprecio tanto la inversión extranjera como la nacional; los ahorros hechos por un panameño y los hechos por un extranjero, si se deciden a invertirlos en Panamá, crean igualmente riqueza para el país.
En consecuencia, lamento cuando una empresa extranjera no invierte en Panamá debido a que no encuentra condiciones favorables para ello, por deficiencias infraestructurales, institucionales o humanas.
Al parecer es el caso de General Electric; en reportaje del diario La Prensa, del 20 de enero, titulado “Panamá se queda sin laboratorio de GE” se lee: “La multinacional General Electric descartó instalar en Panamá un centro de exportación de software y servicios para atender a sus clientes de todo el mundo por la falta de personal cualificado en las nuevas tecnologías en el país”.
¡Escandaloso! Otra prueba más del mal estado de la educación en el país… Sin embargo, esta no era la noticia que me pareció más llamativa; el reportaje continúa: “desde la empresa apuntaron que como la decisión se tomó cuando el gobierno panameño estaba en etapa de transición, no se pudo negociar un régimen laboral especial para el proyecto”.
GE no viene a Panamá porque no tenemos personal calificado, pero… ¿por qué no lo trae de fuera? Seguramente la incorporación de recursos humanos especializados, que no existen en el país, ayudará a que sus capacidades sean transmitidas al personal nacional de la empresa, e incluso, los propios especialistas extranjeros podrán ser aprovechados por empresas nacionales interesadas en expandir sus negocios a los servicios tecnológicos que dichas capacidades permitan desarrollar. Esta parece una solución sencilla, pero en Panamá es una solución inviable.
En Panamá existen leyes que protegen a los profesionales de sus competidores extranjeros, leyes que prohíben que una profesión liberal determinada pueda ser ejercida por un extranjero en el territorio nacional (aproximadamente 55 profesiones liberales); además, nuestro Código de Trabajo ordena que todo empleador “podrá mantener personal extranjero especializado o técnico que no exceda del quince por ciento del total de trabajadores”. Esto quiere decir que en Panamá los extranjeros solo pueden emplearse para trabajos cualificados, y en una proporción fija que no puede contravenirse en ningún caso; pero, por encima, si la cualificación coincide con alguna de las profesiones liberales protegidas, es ilegal contratar a un extranjero.
Estas prohibiciones no reflejan la realidad del país. Las empresas multinacionales establecidas en Panamá, la Autoridad del Canal, la Zona Libre de Colón y otras zonas económicas “especiales”, y la misma Ciudad del Saber, no observan estas protecciones a los profesionales locales, ni los porcentajes y limitaciones establecidas por el Código de Trabajo. ¿Y por qué deberían hacerlo?
Nadie ha demandado la inconstitucionalidad de estas normas, pero, al tenor del artículo 19 de la Constitución Política, que reza “no habrá fueros o privilegios por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”, es obvio que dichas normas establecen privilegios por razón del nacimiento del sujeto; y más grave aún, es un privilegio referido al trabajo, del que depende el sostenimiento y el desarrollo de la propia vida.
Si desde el gobierno se reconoce que el desarrollo económico necesita de condiciones institucionales, o sea, no observar un montón de leyes laborales, arancelarias, tributarias, administrativas, etc. ¿por qué otorgar estas condiciones como privilegios a ciertos grupos de inversores? Las empresas panameñas que quedan fuera de estos enclaves económicos tienen que competir asumiendo el costo añadido de toda la legislación de cuyo cumplimiento se exime a los privilegiados; ¿no se quiere incentivar la creación de empresas? Parece que las autoridades se creen que todas las pequeñas y medianas empresas son estanterías de buhoneros y cultivos de subsistencia.
Si tanto le costó a Panamá superar el enclave colonial estadounidense sufrido por casi un siglo, ¿por qué ahora vamos a tolerar los panameños enclaves económicos? El gobierno reconoce que hay leyes que frenan el desarrollo; lo hace eximiendo del cumplimiento de éstas a los grupos económicos e inversores que le interesan. Es hora de que muestren interés por el resto del país eliminando todas las leyes que privilegian a panameños y extranjeros.
(Artículo de Ramón Barreiro, de la Fundación Libertad de Panamá, publicado en el diario La Prensa)
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Así es.En cuanto al CT,o es bueno para todos o es malo para todos.Eso de andar haciendo excepciones es una pésima política.
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