February 18, 2010
La República y el respeto a las instituciones
La República liberal moderna, concebida principalmente por la Revolución Americana como una estructura de gobierno limitado, consistente en una división deliberada del poder del Estado en los órganos Ejecutivo (Presidente y Gabinete), Legislativo (Asamblea Nacional) y Judicial (Corte Suprema de Justicia), fue diseñada de este modo para garantizar que este leviatán respetase y defendiese los derechos individuales de los miembros de la sociedad que decidió constituirlo, convirtiéndose en su servidor y no en su amo.
Dos fueron las claves fundamentales que permitieron a los revolucionarios americanos crear una República evitando casi completamente los baños de sangre que siempre han caracterizado a las revoluciones: la primera fue la Declaración de Independencia de 1776, que estableció que los fines de un gobierno legítimo son defender los derechos individuales (entre ellos, los famosos derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad) y que un pueblo tiene el derecho y el deber de librarse de un gobierno que no cumpla, o que atente contra, sus fines legítimos.
La segunda clave del éxito del sistema republicano ideado casi de novo por los americanos fue la Constitución de 1787, que estableció los métodos mediante los cuales el gobierno iba a cumplir con sus fines. Mediante esta Constitución, infinitamente más exitosa que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa (basta recordar que la Revolución Francesa se identifica más con el Terror de Robespierre y con su caída y transformación en el Imperio Napoleónico, que con el respeto a los derechos y a la libertad de los franceses), se estableció un gobierno federal limitado, con un poder fragmentado, puesto que los revolucionarios americanos reconocieron que la función es producto de la forma; es decir, que el respeto y defensa de los derechos individuales dependía más de la forma que le dieran a sus instituciones, que de la simple enumeración de los derechos que el Estado debía proteger. De esta manera, concibieron a la Constitución como un límite bien definido al poder gubernamental.
Pero todas estas precauciones hubieran sido en vano si no hubiera existido un gran respeto por las nuevas instituciones que ellos crearon; todo su sistema era nuevo, todo era reciente, así que no se puede argumentar que su lealtad hacia las instituciones republicanas se debía, de manera directa, al respeto a las tradiciones de sus ancestros; más bien, ésta se debía a la certeza de que la República que habían instaurado era lo único que los podía proteger en contra de la tiranía de la que recién habían escapado, lo único que les permitiría vivir como hombres libres en un mundo en que lo común era ser súbdito y no ciudadano.
Esta importantísima lección, el respeto a la Constitución y a la institucionalidad, que nos dieron los revolucionarios americanos hace 224 años, es la que los panameños tenemos 107 años de estar ignorando.
Nuestros gobernantes, en mayor o menor medida, han debilitado progresivamente, en nombre de la eficacia, el respeto a las instituciones que deben garantizar nuestra libertad, haciendo de nuestra Constitución poco más que un malgasto de papel y tinta.
La actual administración ha exacerbado esta tendencia y, de hecho, ha ido de manera frontal en contra de las instituciones establecidas en nuestra Constitución, concentrando de manera sumamente preocupante poderes que, por nuestra libertad y seguridad personal, debieran estar separados.
(Artículo de Roberto C. Cerrud, de la Fundación Libertad de Panamá, publicado en el diario La Prensa)
