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La justicia consiste en dar a cada uno lo que se le debe. Los filósofos griegos establecieron conceptos de justicia que colocaban al Estado como agente moral supremo. Según Platón, los hombres de inteligencia y carácter que llegan a ser “reyes” conocen la justicia por su capacidad personal; los demás, por la educación. Según Aristóteles, alguien es injusto si toma más que su parte proporcional de algo.


La Biblia impone obligaciones de asistencia y ayuda. Según Santo Tomás de Aquino, las instituciones humanas, como el gobierno, son arreglos razonables y regalos de Dios. La mayoría de los teóricos políticos modernos asignan al gobierno la responsabilidad por el bienestar básico de todos los ciudadanos. Para ellos, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde; pero esto incluye “lo que debería tener” según ciertos juicios de valor. Esto es lo que se llama justicia social. Los oficiales del gobierno son los jueces de los derechos individuales.

El gobierno debe aliviar las causas principales de problemas económicos, como el desempleo, o dificultades provenientes de la vejez, viudedad o enfermedad. Para ello se establecen programas específicos de beneficios.

Estos programas se basan en los argumentos de la “economía del bienestar”. Según estos, la redistribución del ingreso de los ricos es para ellos un pequeño sacrificio, pero para los pobres representa una mejora substancial. La igualación del ingreso y la riqueza maximizaría la satisfacción total.

Los economistas del bienestar y los políticos quieren distribuir beneficios sin considerar el efecto sobre los responsables de la producción económica. Ellos asumen que la actividad económica continuará independientemente de lo que hagan a los ricos. Obviamente, no comprenden muy bien la naturaleza humana.

La insatisfacción de los individuos productivos respecto a la pérdida de ingreso es probablemente mayor que la satisfacción de los receptores. Además, las víctimas pueden reaccionar de modo que se reduzca el ingreso total disponible. Pueden ocultar el ingreso, transferirlo, intercambiarlo por tiempo libre, o incluso emigrar.

Normalmente, la riqueza consiste principalmente en medios de producción. Forzar su liquidación para redistribuir el dinero disminuye la productividad del trabajo, los salarios y el empleo.

Hay otros aspectos más sutiles. En una economía libre, muchos individuos de gran talento sirven las necesidades y deseos de la gente. Aplican su talento y energía a revolucionar la producción y distribución de bienes y servicios. En una economía de “justicia social”, muchos de ellos se pasarán a otros campos, como ciencia, arte, carrera militar, o cualquier otro, con graves efectos sobre la economía.

La “justicia social” pone a los políticos en el centro. Distribuyen subsidios a empresas e individuos. Comienzan hablando de los menos privilegiados y acaban imponiendo los programas a todos, ricos y pobres. Esto requiere cada vez más fondos y todos terminan contribuyendo al sistema más que lo que reciben de él. Después de todo, las legiones de administradores no son baratas.

La sociedad de “justicia social” es una sociedad de conflicto sin fin, pues siempre alguien querrá redistribuir algo más para financiar “nuevos derechos”. Fomenta el resentimiento contra la riqueza de los capitalistas. La envidia fomenta la ilegalidad y los crímenes contra la propiedad.

En el Estado de “justicia social” la envidia y el resentimiento se dirigen contra los empresarios. Casi nadie condena todas las manifestaciones de desigualdad económica. Por ejemplo, se aceptan los enormes ingresos de los deportistas y las figuras del espectáculo, como actores y cantantes.

En 1787 Benjamin Franklin anticipó el resultado de estas políticas : “Sólo la gente virtuosa es apta para la libertad. A medida que las naciones se hacen corruptas y viciosas, tienen más necesidad de dictadores”.

( Hans F. Sennholz, Sowing the wind, 2004, Pag. 301-306 )