March 18, 2010
Derechos de propiedad y desarrollo
Es imposible que un país prospere si no hay derechos de propiedad. Sin derechos de propiedad seguros no hay incentivos para que la gente invierta y produzca; sin derechos de propiedad seguros la productividad cae porque la gente tiene que invertir tiempo y esfuerzo en defender su propiedad en lugar de trabajar o invertir en mejorar la producción.
Sin derechos de propiedad no nos podemos asegurar que los recursos sean usados racionalmente. Sin derechos de propiedad, el financiar o inclusive planificar a futuro algo es cada vez más difícil.
Como Hernando de Soto lo ha demostrado, una medida sencilla para mejorar la situación de los pobres en el Tercer Mundo es permitir que estos puedan registrar sus bienes rápidamente y al mínimo costo. Además, los derechos de propiedad no existen en un vacío; el sistema legal y judicial debe ser capaz, de manera confiable, de defender los derechos de propiedad y los contratos.
El imperio de la ley y un sistema judicial honesto e independiente son vitales para permitir que los derechos de propiedad prosperen. La justicia no es sólo cosa de los ricos y los intelectuales de clase media; sin justicia no hay propiedad y sin propiedad no hay desarrollo y no hay creación de riquezas que es lo que puede hacer que los pobres dejen de ser pobres. La mejor manera de ayudar a los pobres no es mediante subsidios directos, sino creando el ambiente social que les permita crear riquezas y dejar de ser pobres. Una sociedad de limosneros nunca va a ser ni libre ni rica. Singapur y Hong Kong se hicieron sin subsidios directos.
Recientemente, la Fundación Libertad, en alianza con más de 62 organizaciones internacionales, publicó el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI por sus siglas en inglés). El IPRI 2010 es un estudio comparativo internacional que mide la importancia de los derechos de propiedad física e intelectual y su protección para el bienestar económico. Dicho estudio analiza los datos para 125 países de todo el mundo, en representación del 97% del PIB mundial. El IPRI utiliza tres áreas principales de derechos de propiedad para crear una puntuación compuesta: Entorno Político y Legal (LP), los Derechos de Propiedad Física (PPR), y de Derechos de Propiedad intelectual (IPR).
Según los datos que arroja este estudio, no es sorprendente que los países más desarrollados del mundo, salvo Italia, estén en el 20% del porcentaje más alto de países que tienen mejor protección de los derechos de propiedad y el sistema judicial más confiable. Tampoco sorprende que ningún país latinoamericano figure en ese 20% superior donde sí hay países asiáticos como Hong Kong, Singapur y hasta africanos como África del Sur. En el siguiente 20% de países, los únicos países latinoamericanos que aparecen son Chile y Costa Rica. Panamá está en un nivel del tercer 20%, que corresponde a los países con mediana protección de los derechos de propiedad, espacio que compartimos con Brasil, India, China, Colombia, México, El Salvador y Uruguay.
Para los estándares latinoamericanos estamos relativamente bien, pero detrás de Chile y Costa Rica y muy detrás de la mayoría de los países de la OCDE, pero mejor que muchos países latinoamericanos. Panamá es el quinto país de la región en protección de derechos de propiedad, detrás de Chile, el campeón de la región, de Costa Rica, nuestra rival más inmediata, de Puerto Rico y Uruguay. Pero antes que nos durmamos en nuestros laureles, somos el puesto 55 en el mundo, o sea que globalmente, seguimos siendo bastante mediocres.
Panamá tiene mucho que hacer con temas como independencia judicial, estado de derecho, protección de la propiedad física y registro y titulación de la propiedad.
Esperemos que tras los dolores de crecimiento de este primer año de gobierno, las autoridades tomen conciencia de que para que Panamá se convierta en el Singapur de las Américas, tiene que seguir los pasos de Singapur, tiene que tratar de parecerse a Singapur. Este país, pese a ser una autocracia autoritaria ha aprendido, salvo en los casos claramente políticos, a dar independencia al poder judicial, a limpiar la justicia de la corrupción, a castigar de manera draconiana todos los atentados contra la propiedad física, como daños, usurpaciones y robos.
Por nuestra parte, Panamá tiene que titular la mayor cantidad posible de propiedades a sus ocupantes en las áreas rurales; si no, seguirá en la mediocridad de haber perdido no sólo una década, la de los 90, en la cual los logros se han hecho no gracias al gobierno sino pese al mismo. No perdamos cinco años más.
El estudio completo se puede descargar del sitio de la Fundación Libertad.
( Artículo de Ricardo Soto, publicado en el diario La Prensa)
